El Gobierno sigue sin repartir el 80% de los fondos europeos previstos para todo 2023
Entre enero y octubre se han realizado pagos por importe de 7.311 millones de euros, apenas un 20% del total
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía. | Europa Press
El Gobierno sigue teniendo grandes problemas para repartir los fondos europeos Next Generation a punto de cumplirse tres años del comienzo del Plan de Recuperación y Resiliencia. Los datos correspondiente al mes de octubre publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y cribados por THE OBJECTIVE indican que la Administración central apenas ha realizado pagos por valor de 7.311 millones de euros, lo que supone el 20,3% del montante comprometido por el Ejecutivo como créditos presupuestarios.
Para facilitar su reparto y ejecución, el Estado consigna créditos en los Presupuestos Generales (PGE) del año correspondiente con los recursos que pretende repartir en concepto de fondos europeos, una cifra que se moviliza independientemente del dinero recibido de Bruselas, ya que anticipa la recepción de estos pagos. De esta manera, en los PGE de 2023 se incluyeron 28.691 millones que se elevaron finalmente a 35.935 millones, cifra que a la luz de la actual ejecución será casi imposible ejecutar al cerrar el año en curso.
La IGAE indica que al cerrar octubre todavía quedan por realizar pagos equivalentes a 28.624 millones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 79,7% del total cuando quedan dos meses para que acabe el año. Las fuentes consultadas por este diario indican que los problemas siguen siendo los mismos que han afectado al reparto de estos fondos desde que se comenzaron a repartir: burocracia, problemas técnicos y retraso en las convocatorias por las dificultades de las empresas para presentarse.
Obligaciones reconocidas
El dato de pagos realizados en los primeros diez meses de 2023 es incluso menor que la comparativa con igual periodo del año pasado. Según la IGAE, entre enero y octubre del año pasado se había autorizado el pago de 6.778 millones, el 23,8% de los 28.449 millones comprometidos en 2022 y tres puntos y medio por encima de las actuales cifras.
El Gobierno suele hacer público el dato de obligaciones reconocidas netas como sinónimo de ejecución real. Un cifra que se refiere al dinero autorizado, pero no repartido a su destinatario, por lo que puede reconocerse una obligación y efectuar el pago meses después por lo que el proyecto puede retrasarse al no recibir los recursos.
En todo caso, esta cifra tampoco invita al optimismo, ya que apenas se ha llegado a los 12.058 millones en los diez primeros meses del año, el 33,6% de lo presupuestado. En igual periodo del año pasado se habían reconocido 13.931 millones, el 49% del total, lo que refleja que incluso utilizando el baremo del Gobierno estamos ante una diferencia de más de 15 puntos porcentuales respecto del año 2022, un curso en el que las cifras de reparto de fondos europeos Next Generation ya fueron bajas.
Destino de los fondos europeos
Por otro lado, el Gobierno y la ministra de Economía, Nadia Calviño, llevan meses sin dar datos públicos de ejecución ni de presentar informes del avance del reparto de fondos. En febrero se presentó el tercer Informe de Ejecución del Plan de Recuperación con cifras de 2022, en marzo se hizo público otro informe con los avances del plan desde 2021 y en septiembre se incluyeron algunos números del reparto en el informe sobre el estado de la economía española presentado por la vicepresidenta primera.
La semana pasada se conoció la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos, un documento que la Comisión exigió al Ejecutivo el primer trimestre de este año. En ella se refleja que estos grandes adjudicatarios han recibido 5.100 millones de euros, aunque el 88% del montante se ha destinado al sector público (empresas públicas, ministerios, ayuntamientos y comunidades) y donde Adif se lleva la mitad, mientras que solamente 662 millones han llegado a empresas privadas.
Una situación que refleja el carácter de los proyectos que se están aprobando. En lo que va de 2023, los pagos realizados abarcan mayoritariamente a los ministerios de Transportes con 1.325 millones e Industria con 2.367 millones de euros. Entre los proyectos destaca el Plan de Sostenibilidad turística con 1.206 millones; Proyectos Estratégicos para Transición Industrial con 700 millones; Programas rehabilitación y recuperación económica y social con 267 millones, el Programa construcción de viviendas en alquiler social con 252 millones; Rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos con 288 millones; e Implantación zonas bajas emisiones con otros 196 millones.
Balance de tres años
Es así como las cifras de ejecución son sumamente bajas a la luz de cualquier indicador con una constante disminución anual. En 2021 (primer año efectivo del plan) se consignaron 24.198 millones de euros, de los cuales se reconocieron obligaciones netas por valor de 20.044 millones (el 82,9%) y se pagaron solo 11.003 millones, el 45,5% del total. En 2022, el dato incluido en los Presupuestos Generales a cargo de los fondos europeos fue de 28.471 millones con 19.634 millones de obligaciones reconocidas (el 69%) y 11.227 millones de pagos, el 39,4%.
Si ya 2022 fue inferior a 2021, con toda probabilidad 2023 será peor que el año precedente. Y todo ello cuando el Plan de Recuperación debe encarar su cuarto año de ejecución y con el Ejecutivo consiguiendo una prórroga de la Comisión Europea para poder gastarlos más allá de 2026.
Hasta la fecha el Gobierno ha recibido un total de 37.000 millones de euros después de tres pagos de la Comisión Europea. Se trabaja en el cuarto desembolso, aunque no se ha movido ficha de manera oficial, principalmente porque quedan flecos por cerrar en los compromisos que se deben cumplir para recibir los siguientes 10.000 millones. Durante este año, el equipo de Calviño ha estado más centrada en aprobar la adenda con otros 84.000 millones de euros adicionales, 70.000 en créditos blandos para empresas e instituciones. Con ello, el montante total que debe recibir España asciende a los 154.000 millones.
