Hacienda tenía una inspección abierta sobre Vivanta cuando el Gobierno aprobó su rescate
La Agencia Tributaria revisa las declaraciones fiscales efectuadas por el grupo dental durante los ejercicios 2018 y 2019
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. | Europa Press
La Agencia Tributaria acababa de abrir una inspección fiscal sobre las clínicas Vivanta cuando el Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) aprobaron su millonario rescate público. Apenas 20 días antes de que el Consejo de Ministros concediera al grupo de cadenas dentales un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), Hacienda notificó a las tres principales empresas del Grupo Vivanta el inicio de una inspección sobre sus declaraciones del Impuesto de Sociedades y del IVA de los ejercicios 2018 y 2019, según consta en las últimas cuentas depositadas por la compañía dental en el Registro Mercantil.
«Con fecha de 7 de junio de 2022, la Administración tributaria notificó a las sociedades Cartera Vivanta SL, Clínicas Vivanta S.L.U. y Laboratorios Vivanta S.L.U. el inicio de actuaciones inspectoras de carácter general con respecto al Impuesto de Sociedades (2018 y 2019) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (periodos mensuales de mayo 2018 a diciembre 2019)», admite el grupo en sus cuentas anuales consolidadas del año 2022, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de Insight View.
El informe de auditoría de Vivanta, registrado en abril de este año junto a la memoria contable, revela que la inspección fiscal seguía abierta hace ocho meses y había sido ampliada por la Agencia Tributaria después de concederse el rescate de la Sepi al grupo dental. «Posteriormente se ampliaron dichas actuaciones inspectoras a las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2019» para la matriz del Grupo (Cartera Vivanta SL) y su filial de clínicas dentales. Los administradores de la compañía, basándose en el análisis efectuado por sus propios asesores fiscales, «consideran que de tales actuaciones no se derivarán riesgos significativos».
El rescate a Vivanta
A pesar de la tranquilidad transmitida a sus accionistas respecto de esta inspección fiscal, esta situación se tradujo también en un aumento en el capítulo de provisiones de Vivanta a corto plazo para hacer frente a litigios e inspecciones. «A 31 de diciembre de 2022, las provisiones a corto y largo plazo se corresponden con contingencias estimadas como probables por litigios e inspecciones de 3.534.387 euros (3.045.946 euros en 2021) y 681.621 euros (1.556.713 euros a 31 de diciembre de 2021), respectivamente», añade la compañía en sus últimas cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Consejo de Administración en una reunión celebrada el pasado mes 3 de abril de 2023.
Según sus propias cuentas, Vivanta pagó 701.000 euros por el Impuesto de Sociedades durante el año 2022, ejercicio en que le abrieron la inspección fiscal. El año anterior, por el mismo concepto, abonó 117.634 euros. La cifra pagada por el Impuesto de Sociedades en 2020 fue muy superior: 4,7 millones de euros. Durante en 2019 y 2018 (los ejercicios que se encuentran bajo la lupa de Hacienda) Vivanta declaró 2,7 millones y 660.952 euros, respectivamente, según declaró en sus memorias de cuentas de esos ejercicios.
Obligaciones fiscales y ERE
La existencia de esta inspección fiscal por parte de la Agencia Tributaria no fue mencionaba en el comunicado por el que el Consejo de Ministros anunció, el 27 de junio de 2022, la concesión de los 40 millones de euros a Vivanta con cargo al Fasee. Se trata del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia para poder inyectar dinero público a aquellas empresas que, siendo estratégicas en su sector, hubieran incurrido en pérdidas con motivo de la crisis provocada por la covid-19.
Uno de los trece requisitos que la Sepi imponía a todas las empresas que querían optar a los fondos del Fasee era el de «hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes». En el caso de Vivanta, la Agencia Tributaria acababa de iniciar una inspección sobre las declaraciones de impuestos de ese grupo dental, precisamente, durante los ejercicios 2018 y 2019. Sin esperar al resultado de la misma, el Gobierno, la Sepi y el propio Ministerio de Hacienda le concedieron el rescate.
Como adelantó este diario, apenas 18 meses después de recibir el rescate, el grupo dental Vivanta acaba de anunciar a sus trabajadores y odontólogos el inicio de un proceso de despido colectivo negociado que afectará a 143 de las cerca de 200 clínicas que tiene en España. La firma dental rescatada por el Gobierno ya hizo un ERE que afectó a 258 trabajadores en 2020, dos años antes de recibir el rescate.
Rescate polémico
A pesar de que los fondos del Fasee iban dirigidos exclusivamente a empresas estratégicas que -siendo viables a 31 de diciembre de 2019- se hubieran visto directamente afectadas en sus ingresos por la covid-19, Vivanta no había registrado beneficios en ninguno de los tres ejercicios anteriores a la pandemia. Fue creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España, Vivantadental tiene actualmente unas 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.
En sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas por importe de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI antes de la covid para conceder estas ayudas. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro. La cadena de clínicas dentales, tras varios procedimientos judiciales por presuntos delitos de estafa denunciados por sus antiguos socios minoritarios -la mayoría de los cuales quedaron archivados-, pasó a tener como accionista principal al fondo Ares a finales de 2020 tras una importante inyección de capital en la que también participó BNP Paribas.
Hacienda blinda el ‘expediente Vivanta’
Antiguos accionistas minoritarios de Vivanta y el propio Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España criticaron desde el primer minuto la concesión del rescate a esa empresa. También el PP, Vox y Ciudadanos pidieron explicaciones al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Solicitaron que hiciese públicos los documentos e informes en los que la Sepi y el Consejo de Ministros se basaron para considerar a Vivanta como «empresa estratégica». El Ejecutivo se negó, amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, aludiendo al daño reputacional que eso podía causar a la compañía rescatada.
A pesar de las dudas suscitadas desde el inicio por este rescate, el Ejecutivo se ha negado a entregar los documentos que obran en el expediente por el cual se concedieron 40 millones del Fasee a Vivanta. El Gobierno apeló al carácter reservado de los documentos y los ha mantenido en secreto pese a haberse dictado incluso una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a hacerlos públicos.
De hecho, la propia Sepi y Hacienda recurrieron ante la Audiencia Nacional para poder mantener bajo secreto los expedientes del rescate a Vivanta. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el pasado mes de julio un recurso de la Abogacía del Estado, en representación de la Sepi y Hacienda, para intentar mantener blindados los informes sobre el rescate a Vivanta. Tanto el CTBG como el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España han solicitado ser parte del procedimiento judicial.
