Vivanta aumentó un 12% su plantilla y vendió 33 clínicas por un euro el año de su rescate público

El Grupo Vivanta vendió 33 clínicas estéticas a cambio de un euro y aumentó su plantilla un 12% durante 2022. La empresa de clínicas dentales que acaba de comunicar el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), apenas 18 meses después de recibir 40 millones de euros públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), se desprendió de su negocio estético a precio de saldo pocos meses antes de ser rescatada por el Gobierno y pasó a tener un promedio de 1.695 empleados asalariados en sus clínicas dentales a cierre de 2022, frente a los 1.500 del año anterior, según figura en las últimas cuentas consolidadas depositadas por Vivanta en el Registro Mercantil.

«Con fecha 9 de marzo de 2022, el Grupo formalizó la venta de las 33 clínicas que componían el negocio (estético) de la compañía por un euro», señala la mercantil en sus cuentas de 2022, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de Insight View. El informe contable añade, además, que en el traspaso de esas clínicas estéticas al fondo Sherpa (propietaria de Hedonai) Vivanta aceptó asumir «parte» de la deuda que arrastraban dichos centros estéticos.

El comprador pagó un solo euro por las clínicas y aceptó quedarse con un pasivo financiero de 1,7 millones de euros derivado de ellas. Sin embargo, las cuentas revelan que Vivanta acordó asumir otra parte de las deudas que acumulaban las clínicas que conformaban su negocio estético, del que había decidido desprenderse para soltar lastre antes de solicitar al Gobierno el rescate. En julio de ese año, el Consejo de Ministros le concedió un préstamo participativo por importe de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).

Vivanta aumentó en empleados

Las cuentas de la empresa revelan que, a pesar de recibir el total de los 40 millones de euros de la Sepi durante el 2022, Vivanta cerró ese ejercicio con pérdidas por importe de 7,9 millones de euros. También desvelan que el grupo dental, que ahora prevé realizar un ERE que puede afectar a 143 de sus casi 200 clínicas en España, aumentó la plantilla en sus clínicas dentales durante el año 2022. El número medio de personas empleadas durante ese ejercicio por Vivanta fue de 1.695 trabajadores, frente a los 1.500 del año 2021.

En la propia memoria de sus cuentas de 2022, Vivanta indica que durante ese ejercicio, y «como consecuencia de la coyuntura económica», el grupo experimentó «un fuerte incremento en los gastos de personal, resultante del incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la actualización de los convenios colectivos de la Sanidad y el aumento de la presión competitiva de un sector en crecimiento». A pesar de lo anterior, Vivanta añade en sus cuentas consolidadas que durante ese año se consiguió incrementar en un 5% el número de clientes.

Gastos en personal

Los gastos de personal, no obstante, se mantuvieron estables en algo más de 62 millones de euros debido a que «durante el ejercicio 2021 la sociedad aplicó el total de la provisión que se dotó durante el ejercicio 2020 en relación con el despido colectivo para la salida de 278 empleados». Del total de gastos en personal, 1,7 millones de euros correspondieron a la «remuneración a 12 miembros de la Alta Dirección, incluyendo facturas de servicios profesionales, seguros médicos, remuneración en especie e indemnizaciones (13 directivos, 2,3 millones de euros en 2021)».

«Esa remuneración incluye la de un consejero que desempeña funciones ejecutivas en la empresa», añade la memoria en referencia al actual director general de la compañía, Marcos Carrasquilla. Este último es quien firmó el pasado viernes una carta en la que Vivanta comunicaba a sus trabajadores y odontólogos el inicio de un proceso de despido colectivo negociado que afectará a 143 de sus clínicas. 

ERE en Vivanta

El inicio del ERE se produce apenas 18 meses después de recibir el rescate. En un escrito remitido el pasado viernes a trabajadores y responsables de 143 de las menos de 200 clínicas con las que aún cuenta Vivanta en España, el director general del grupo comunicaba que la compañía «va a abrir un proceso de negociación para posibilitar el ajuste y dimensión de su plantilla y adecuarla a las necesidades y posibilidades del negocio en la actividad que desempeña».

En el documento, se da un plazo de quince días a los trabajadores para que designen a los 13 miembros que compondrán su equipo negociador. «Una vez realizados estos trámites previos y necesarios para la conformación de la comisión negociadora, la Dirección les comunicará el inicio del preceptivo periodo de consultas y, por lo tanto, el inicio formal de las negociaciones», añade el director general del grupo Vivanta.

Rescate polémico

El rescate a Vivanta desató airadas críticas del sector de la odontología y también de PP, Vox y Cs en el Congreso de los Diputados. Todos pidieron al Gobierno que hiciese públicos los documentos e informes en los que la Sepi y el Consejo de Ministros se basaron para considerar a Vivanta como «empresa estratégica», a pesar de que contaba con poco más de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España.

El Gobierno y la Sepi acordaron liberar 40 millones de euros a Vivanta en julio de 2022, en el último Consejo de Ministros habilitado para poder librar fondos del Fasee. Se trata del mecanismo implantado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ayudar a aquellas empresas que, siendo estratégicas en sus sectores y habiendo sido viables en sus cuentas antes de la pandemia (a cierre de 2019), hubieran incurrido en pérdidas como consecuencia de la covid-19 durante el año 2020.

La compañía nunca había registrado beneficios. Fue creada por el fondo de capital riesgo Portobello en el año 2017 -tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- con el objetivo de convertirse en el grupo líder de clínicas dentales de España. La cadena de clínicas dentales, tras varios procedimientos judiciales por presuntos delitos de estafa denunciados por sus antiguos socios minoritarios -la mayoría de los cuales quedaron archivados-, pasó a tener como accionista principal al fondo Ares a finales de 2020 tras una importante inyección de capital en la que también participó BNP Paribas.

No ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de ese año era uno de los requisitos fijados por la Sepi para poder optar a las ayudas públicas del Fondo. A pesar de las dudas suscitadas desde el inicio por este rescate, el Ejecutivo se negó a entregar el expediente. Apeló al carácter reservado de los documentos y los ha mantenido en secreto pese a haberse dictado incluso una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaba a hacerlos públicos.

De hecho, la propia Sepi y Hacienda recurrieron ante la Audiencia Nacional para poder mantener bajo secreto los expedientes del rescate a Vivanta. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el pasado mes de julio el recurso de la Abogacía del Estado en representación de la Sepi y Hacienda, para intentar mantener blindados los informes sobre el rescate a Vivanta. Tanto el CTBG como el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España han solicitado ser parte del procedimiento judicial, según informan fuentes jurídicas a este diario.

Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se había negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición sobre el rescate a Vivanta. Como reveló este diario, la compañía registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, sus cuentas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.