Récord de teletrabajo entre los funcionarios en pleno debate sobre la vuelta a la presencialidad
Casi el 60% de los teletrabajadores de la AGE son mujeres. Justicia, Transportes y Transición Ecológica apuestan por la presencialidad
Los datos del Ministerio de Hacienda muestran una aplicación muy dispar del teletrabajo. | Alejandra Svriz
El teletrabajo en el Administración General del Estado (AGE) alcanzó el pasado noviembre su mayor cifra en un año. Lo hizo en pleno debate sobre la vuelta a la presencialidad y en el mes en el que decaía el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración General del Estado. Esta iniciativa, aprobada en mayo de 2022, incluía el teletrabajo voluntario tres días a la semana. Sin embargo, los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública evidencian que los diferentes departamentos -salvo excepciones- siguen aplicando la norma porque no han recibido instrucciones para volver a la situación anterior.
El texto contemplaba un porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales del 40%. Evidentemente, los puestos que requerían presencialidad, como atención al ciudadano, no estaban incluidos en el paquete. Fueron los responsables de los ministerios los que determinaron los puestos que podían acogerse al trabajo remoto. Si bien la medida fue acogida de forma positiva, forzó a los empleados públicos a pagar mayores facturas energéticas, aunque redujeron de forma drástica el gasto en transporte.
Ahora, un año y medio después de su entrada en vigor, el 43% de los empleados públicos siguen trabajando a distancia. Son 69.764 de un total de 160.566 de trabajadores que prestan sus servicios en la Administración General del Estado. Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran que casi seis de cada diez teletrabajadores son mujeres. Mientras, más de 50.000 de los trabajadores que optaron por trabajo a distancia eran personal de apoyo administrativo y de gestión.
Teletrabajo en Justicia y en Igualdad
La apuesta por el teletrabajo en los ministerios resulta muy dispar. Mientras departamentos como Igualdad, Asuntos Económicos y Seguridad Social han impulsado el trabajo a distancia en los últimos meses, otros como Transportes, Transición Ecológica y Justicia muestran claramente su opción por la presencialidad. Precisamente este ministerio ha puesto fin a esta modalidad tras decaer la norma de ahorro energético.
Como informó THE OBJECTIVE, el pasado octubre la entonces ministra en funciones Pilar Llop envió una circular en la que informaba del fin del teletrabajo en los juzgados y los tribunales. Los miembros de los Cuerpos afectados se mostraron «sorprendidos» e «indignados» con la decisión. La imposición del ministerio queda patente en los datos oficiales referidos a octubre y noviembre.
Dos o tres días a la semana
El Ministerio de Hacienda y Función Pública evalúa tres modalidades de teletrabajo. La mayoritaria es la que supone trabajar desde casa tres días a la semana. Un total de 36.000 empleados solo asistían al ministerio dos días a la semana. Mientras, 14.000 trabajaban a distancia dos días y 19.449 se acogieron a la modalidad excepcional. Esta última fórmula supone lo que supone una prestación de servicios presenciales de al menos el 10%, «dirigida a atender circunstancias organizativas especiales».
Mientras, los funcionarios empiezan a mentalizarse de que deberán cambiar su forma de trabajar y que la actividad en su domicilio será limitada. En el punto de mira está la Ley de Función Pública que podría regularlo. Los responsables públicos no se fían y prefieren claramente la presencialidad, aunque solo sea para tenerlos controlados, aseguran los sindicatos.
«Al final, da igual, quieren que estés y da lo mismo si trabajas o no», asegura un funcionario con nivel 25 en la Administración General del Estado. El departamento de Justicia ha sido el primero en dar el paso, con una circular remitida el pasado 27 de octubre en la que ponía fin de la modalidad del teletrabajo.
Pese a todo, algunas comunidades han preferido esperar y no aplicarla, al menos de momento. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia se ha mostrado perplejo por una iniciativa que llega muchos meses después del fin estado de alarma. Mientras, Agricultura ha fijado en dos días el máximo de trabajo en el domicilio.
Postura sindical
Hasta el 1 de noviembre, los empleados públicos -los que tienen jornada igual o inferior a 37,5 horas y media- podían trabajar tres días a la semana. Lo hacían avalados por el plan de ahorro energético del Gobierno, pero muchos departamentos siguen aplicando la norma ante la falta de órdenes concretas. La iniciativa, que buscaba reducir gastos en la administraciones, los disparó en algunos hogares.
José Joaquín Castro, secretario de Desarrollo Sindical de la Unión Sindical Obrera, respalda el teletrabajo, «que no reduce la productividad», asegura a THE OBJECTIVE. Sin embargo, no ve claro que se justifique como una medida de ahorro, ya que aunque vaya una persona al centro de trabajo, la calefacción y la iluminación se mantiene. Para Castro, el teletrabajo permite la conciliación, mayor cumplimiento de objetivos y flexibilidad a la hora de realizar las labores.
El dirigente sindical asegura que a los responsables políticos y a los altos cargos no les interesa que los subordinados trabajen en casa, «porque ellos, en principio, tienen que acudir al centro de trabajo». Castro critica que no haya una norma común que regule el tiempo que se puede trabajar en el domicilio, lo que provoca criterios muy dispares. «Mientras en el Ministerio de Trabajo hay tres días de teletrabajo, en la Seguridad Social solo hay uno», destaca.
