Hacienda acude a los tribunales para evitar informar sobre altos cargos y pluses a dedo
El Gobierno cierra la puerta a conocer datos que deberían ser públicos. El Supremo respalda la transparencia
Hacienda no da la información solicitada por Transparencia sobre altos cargos. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue negando a los ciudadanos información básica que debería ser pública sobre pluses a dedo y productividades de los funcionarios y sobre los altos cargos. Su negativa a facilitar estos datos ha llegado a los tribunales tras las exigencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de darles publicidad.
Según el artículo 24 de la Ley de Transparencia, los ciudadanos pueden reclamar ante el Consejo de Transparencia para que dirima sobre las peticiones de información a las administraciones cuya respuesta ha sido el silencio. El paso siguiente, si no atienden a la decisión del Consejo, es la vía contencioso-administrativa. A ella pueden acudir tanto los ciudadanos como las administraciones descontentos con la decisión. Unos lo hacen para que se les aporte los datos solicitados y otros para mantenerlos ocultos.
La productividad, un plus arbitrario que conceden ministerios y organismos públicos, es objeto de múltiples preguntas. Los sindicatos son los primeros que demandan transparencia a la hora de repartirlos. Sin embargo, el ministerio que dirige María Jesús Montero no parece partidario de comunicarlos. Por ello ha acudido a los tribunales con el fin de retrasar la respuesta -al menos un año- en el caso de que los jueces fallen en su contra.
Silencio sobre altos cargos
Tras la petición de un ciudadano de información sobre la productividad de los funcionarios de la AEAT no se respondió en el plazo legalmente establecido. La solicitud, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se entendió desestimada por silencio. Esto abrió la puerta a la vía de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG. Tras la llegada de la reclamación al Consejo, Hacienda tampoco contestó a sus peticiones. Eso supuso un nuevo obstáculo, ya que el organismo dependiente del ministerio no permitía conocer los motivos de su negativa.
El demandante solicitaba conocer todos los detalles sobre el reparto de la productividad que perciben mensualmente los funcionarios de la AEAT de la provincia de Valencia. El Consejo de Transparencia le dio claramente la razón alegando que esa productividad es información pública. Aseguraba que sobre su «acceso ya existe una consolidada doctrina de este Consejo y de los Tribunales de Justicia». Y señalaba que la entidad reclamada no había justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión. Tras el claro veredicto del Consejo, Hacienda decidió acudir a los tribunales.
El Supremo pide transparencia
El segundo caso tiene que ver con los altos cargos sancionados. El reclamante solicitó el 5 de julio de 2022 el listado de todos y cada uno de los altos cargos o ex altos cargos de la AGE que incumplieron en algún punto sus obligaciones con la ley del alto cargo o la ley de transparencia. El ciudadano pretendía conocer el nombre, el cargo, su incumplimiento y la sanción. La respuesta se limitó a dar datos de solo cuatro personas desde 2016.
Pese a diferentes veredictos y el apoyo del Tribunal Supremo a la transparencia, Hacienda ha decidido pleitear. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo resolvió el 7 de febrero de 2022 que la Oficina de Conflicto de Intereses debía suministrar el informe que, por mandato del artículo 22 de la Ley 3/2015, eleva cada seis meses al Gobierno para su posterior remisión al Congreso de los Diputados en el que se identifican los altos cargos ‘incumplidores’.
Récord de opacidad
El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido en solo nueve meses su propio récord de opacidad en la entrega de información. Los datos cribados por THE OBJECTIVE indican que entre enero y septiembre los ministerios españoles han denegado 433 solicitudes de información ciudadana, la cifra más alta desde que se tienen registros y por encima de las 419 resoluciones rechazadas para todo el año 2021, el anterior récord establecido por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Las cifras del Portal de Transparencia actualizadas al 30 de septiembre indican que este ha sido el año en que se han denegado más solicitudes desde que en 2015 se empezaron a publicar estas estadísticas y eso que todavía faltan los datos del último trimestre en curso. Este 2022 se ha vuelto a superar la barrera de las 400 solicitudes denegadas, muy por encima de las 115 del año 2015, las 106 de 2016, las 170 de 2017, las 247 de 2018, las 228 de 2019 y las 284 de 2020.
Es más, desde que gobierna Pedro Sánchez siempre se han superado las 200 denegaciones y excluyendo el curso de la pandemia, todos los años de esta legislatura se ha batido el récord histórico de resoluciones que rechazan facilitar información pública a los ciudadanos. Oficialmente esta estadística incluye las resoluciones denegatorias y la concesión parcial de la información solicitada, en este último caso casi siempre sin responder al requerimiento.
