Transparencia exige al Gobierno que detalle el plan sanitario de sus exhumaciones
El Ministerio de Sanidad no ha hecho pública ninguna memoria al respecto. La normativa que aplican data de 1974
Miembro del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzandi durante los trabajos de exhumación. | EP
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido una resolución en la que exige al Gobierno publicar los requisitos sanitarios de su plan de exhumaciones masivas que ya comenzaron el año pasado y que contempla la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado 21 de octubre de 2022.
Según el último cálculo oficial, de los 114.226 desaparecidos entre 1936 y 1951, solo podrán recuperarse los restos de entre 20.000 y 25.000 personas. Para estas exhumaciones varios ministerios, como el de Justicia, Defensa, Hacienda o Interior, han realizado sendos informes. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad –teniendo en cuenta la importancia de esta cartera en una acción de este tipo– no ha hecho pública ninguna memoria al respecto.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en varias ocasiones, a través del Portal de Transparencia, se le solicitó a la cartera que ahora dirige José Miñones los aspectos sanitarios del plan de exhumaciones. En concreto, refleja el texto, se preguntó sobre si hay algún informe de dicho Ministerio sobre sanidad mortuoria que prevenga de contagios o enfermedades por estas exhumaciones masivas, los requisitos sanitarios que tienen que cumplir los que vayan a exhumar en cementerios, si ese Ministerio tiene datos de las exhumaciones llevadas ya a cabo en el pasado y si ha habido riesgos de contagios o por los equipos de protección sanitaria que tienen que llevar puestos las personas que realizan exhumaciones.
También se le pidió información sobre si las personas que forman parte de los equipos de exhumaciones son conocedoras de en cuáles cementerios hay personas enterradas que fallecieron por enfermedades víricas o infecciosas y «que pudieran ser un riesgo para los vivos», si existe coordinación de ese Ministerio con las Comunidades Autónomas a la hora de controlar los riesgos sanitarios provenientes de dichas exhumaciones o si hay alguna certificación de seguridad o sanitaria para autorizar las empresas que profesionalmente se dedican a ello.
Normativa del año 1974
Ante todos estas preguntas, la cartera de Sanidad desestimó dicha solicitud «por referirse a información que no obra en poder del sujeto al que se dirige», aunque sí matizó que la normativa que aplican data del año 1974, en concreto el Decreto 2263/1974 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Por ello, el reclamante, en una nueva solicitud, volvió a reclamar a la cartera que por entonces dirigía Carolina Darias conocer la Administración que debe poseer dichos datos para solicitar esta información. Ante esta nueva petición, el Consejo de Transparencia ha dado al Ministerio de Sanidad un plazo cinco días para identificar el correspondiente órgano que debe responder esas cuestiones planteadas.
«Han confundido la arqueología prehistórica con la Guerra Civil, no están buscando los restos de un Cromañón. Aunque hayan pasado muchos años desde la guerra se están haciendo muchas exhumaciones en multitud de cementerios y estos son una zona de alto riesgo», señala a THE OBJECTIVE uno de los abogados memoralistas que han llevado a cabo la petición. «Después de haber pasado una pandemia tan dura se deberían aplicar unas garantías sanitarias, pero no tienen ningún tipo de conciencia», agrega, y recuerda como el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, denunciaba el pasado marzo, cuando era candidato del PP a la alcaldía de la capital andaluza, restos humanos a la vista y al aire libre en el cementerio de San Fernando de Sevilla.
No tengo palabras para describir lo que he visto hoy en el cementerio.
— José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 17, 2023
Es indigno ver restos humanos amontonados en el suelo y los hornos cogidos con ladrillos para que no se caigan los ataúdes.
El alcalde debe dar explicaciones y actuar de manera inmediata. pic.twitter.com/BgV23rb5Gq
Por su parte, desde el Ejecutivo aseguran que este plan tiene el aval del Consejo Médico Forense y cuenta con «los medios materiales necesarios» para llevar a cabo las labores de localización y extracción, «así como con los medios humanos y profesionales especializados en materia de antropología forense». «De esta forma se garantiza la adecuada proporcionalidad entre los medios necesarios y los resultados que se pretenden alcanzar, sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos», agregan desde Moncloa en un comunicado, que concluye: «El equipo forense encargado de esta investigación, de alta cualificación y experiencia, actuará de conformidad a principios éticos y deontológicos propios de las Ciencias Forenses y aplicando metodologías y protocolos universalmente reconocidos».
