Sánchez hace un guiño a Repsol al incluir en su decreto una petición histórica de las petroleras
Acabará con la medida que permite a minoristas revender a operadores y los fraudes con los biocarburantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ceo de Repsol, Josu Jon Imaz. | Alejandra Svriz
El Real Decreto-ley publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) asomó entre sus medidas una histórica reclamación de las grandes petroleras en España. En concreto, se refiere a una serie de cambios en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, que permitirá acabar con la posibilidad que tenían algunas empresas que actúan como operadores minoristas -con los menores requisitos que eso conlleva- de vender combustible a otros operadores en lugar de al cliente final a pesar de no estar registrados como operadores al por mayor, al que se les exige mayores condiciones.
La medida se da después de la presión ejercida estos últimos meses por Repsol, que ha condenado la inestabilidad regulatoria de España, poniendo el énfasis en el impuesto temporal contra las energéticas. De esta medida se beneficiarán también otras grandes energéticas. Así, y según la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC), se incluye también en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos en España a Cepsa, BP, Total, Galp, Hafesa, Shell, Maersk… y otros menos menos conocidos, como Mercapetrol, Everton Magnific y Cartenea.
«Se regula la actividad de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos. Actualmente, se permite que los distribuidores al por menor puedan suministrar a otros distribuidores ya que en 2015 se introdujo esta medida al considerarse que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final porque suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario», se desprende del decreto, que reforma el artículo 43 de la ley del sector de hidrocarburos.
Una realidad que permitió a algunas empresas, que no tenían tantos controles como las operadores al por mayor, a cometer acciones fraudulentas llevando a cabo grandes importaciones de combustibles que más tarde vendían, recaudando el pertinente IVA por dicha operación, y que más tarde no lo repercutían a Hacienda porque desaparecían. Los operadores minoristas tendrán tres meses para registrarse como operador al por mayor si quieren seguir teniendo la posibilidad de revender lo que importan para hacer contratos. Si no, su actividad se limitará principalmente a comprar el combustible para su gasolinera.
En el propio decreto se argumenta que «se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como fiscales (IVA, IIEE) debido, en parte, a que han aparecido modelos de negocio que no estaban previstos cuando se redactó la Ley 34/1998 del 7 de octubre, y sus modificaciones y que, por tanto, no están de forma adecuada reguladas en la legislación actual».
Fraude en los biocarburantes
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -que aglutina a Repsol, Cepsa, BP, entre otras- denunció el pasado mes de julio el fraude del IVA y de la venta de biocarburantes. «Señalamos el fraude que lleva produciéndose, especialmente desde el año 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final».
Por otro lado, denunció la situación existente en la venta del biocarburantes. «Existe también un fraude en la venta de biocarburantes. La venta de estos se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio. Denunciamos que conforme han aumentado las obligaciones de venta de estos, han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener. En seis años, la cantidad adeudada se ha multiplicado por cincuenta, alcanzando los 72,5 millones de euros en 2021«, sentencian.
En el decreto se regula también el artículo 42 de la ley, que salpica a esto último. «Se regula el incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes. Está atentando contra la competencia en el sector ya que, sólo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes por un importe total de 95 millones de euros. Lo que les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones», se desprende del decreto.
