Los fiscalistas alertan de que el traspaso de las tasas a energéticas y banca podría ser ilegal

A medida que se van destripando las entrañas del real decreto ómnibus con el que el Gobierno de Pedro Sánchez despidió el año el pasado miércoles, un día antes del Día de los Inocentes, se van aclarando aspectos como la verdadera longitud de algunas prórrogas –como es el caso de la que afecta a los gravámenes que tocan al sector de la energía y al de la banca, y cuya última liquidación se desplaza a 2025– o la letra pequeña de ese guiño que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha hecho al PNV, entregando ambos gravámenes a esta administración, como «tributos cedidos o convenidos».

Una de las dificultades técnicas, pero no la única, es que esa cesión, para actuar como tal, tiene que ser primero modificada desde el Estado, porque -según explica el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa- «será complicado convertirlos en impuestos porque sí, porque no se trata solo de cambiarles el nombre y donde ponía gravámenes, poner ahora impuestos».

De ser así -añade García Novoa-, «estarían confirmando que antes eran impuestos, y que simplemente ahora le cambian el nombre; con lo cual -subraya-, el riesgo de que se declare inconstitucional el primer pago del impuesto es altísimo. Claro -matiza-, siempre sobre la base de que el tribunal vaya a actuar como debería actuar».

Nuestro sistema fiscal y el acuerdo de concierto con el País Vasco contempla que los impuestos se pueden concertar. De hecho, explica el también consejero académico de la firma Cremades & Calvo Sotelo, se pueden convertir en impuestos concertados, «porque se cambia la ley del concierto, y listo». Lo que pasa es que hay varios tipos de impuestos concertados -enumera-: «Por un lado, están los de normativa autónoma plena -los vascos los regulan como quieran y pueden incluir incluso medidas que no estén en los impuestos del Estado-; los de normativa limitada, que pasa con no residentes, donde puede haber temas de convenios; y los de normativa común, que, aunque los cobran los territorios vascos, aplican la norma común del Estado».

La diferencia entre tributos y gravámenes

Pero, expone, «no sabemos qué tipo de impuesto concertado va a ser éste. Si va a tener capacidad normativa o no, porque los impuestos que gravan a las energéticas requieren -anticipa otra dificultad técnica el miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y de IFA- un tratamiento uniforme para no incurrir en posibles contradicciones en el Derecho de la Unión Europea. Y tampoco sabemos si simplemente van a aplicarlos como hacen con el IVA, por ejemplo».

Sin quedar resuelta esta materia, y tan solo con el apéndice del BOE y del Partido Nacionalista Vasco, al que ha consultado THE OBJECTIVE, lo único que se prevé hasta ahora es la revisión de la configuración de ambos gravámenes, inicialmente configurados como prestaciones patrimoniales de carácter público temporal y de naturaleza no tributaria, para su plena integración en el sistema tributario, y su conversión en tributos concertados o convenidos», lo que a priori deja entrever que el Gobierno -como ya ha reconocido-, está dispuesto a integrar estos gravámenes a nuestro propio sistema. Pero entonces -y ahí estriba otro de los problemas-, antes tendría que tramitar este cambio mediante una ley orgánica, porque no lo podría hacer vía Presupuestos Generales del Estado.

Una dificultad, sin duda, de calado -recalca García Novoa-, «porque que para concertar algo tienen que ser tributos, porque la ley habla de tributos concertados. Pero esta prestación, según la tramitación del 28 de diciembre de 2022, no son tributos, sino gravámenes temporales que se definían como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.

En este punto, el PNV dice que se convertirán en tributos y se concertarán. Es decir, se tendrá que crear una figura nueva. Y ahora -observa García Novoa-, de la noche a la mañana, cuando la batalla de la inconstitucionalidad de estas figuras radica en decir que, aunque la ley no les llama tributos, materialmente son tributos, no parece lógico sacar una nueva ley y menos aún un decreto ley, que no puede crear un tributo de estas características, y que diga que lo que antes le llamaban en la ley 38/2022 gravámenes, ahora le llaman tributos, porque es tanto como reconocer que antes no eran tributos y ahora sí lo son, y por tanto, darles la razón a quienes dicen que eran realmente tributos, pero les habían cambiado el nombre. Finalmente -sostiene-, eso da argumentos para pensar que el cobro de este primer gravamen es inconstitucional».

Desigualdades entre empresas

El economista Javier Santacruz se detiene en otros aspectos de menos carácter normativo, pero de gran impacto sobre la economía y la seguridad jurídica, y al respecto mantiene que aunque, a su modo de ver, teóricamente se puede traspasar diciendo que es el constructo de transmisión patrimonial no tributaria, «lo más importante no es la legalidad o no, porque la batalla del Constitucional está perdida. El problema -ahonda- es que va a crear unas desigualdades tan enormes entre empresas, tanto en empresas energéticas como en los bancos, que van a coger y se van a tirar de los pelos entre ellos. Y luego -apostilla a este diario-, hay que ver cómo las Haciendas Forales van a rediseñar el impuesto, que en realidad va a ser una, que es la de Vizcaya, que es donde están domicilias Iberdrola y el BBVA. Pero la cuestión es -remacha Santacruz- cómo se justifica esa desigualdad entre las empresas siendo un mercado único».

Para el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, con esta cesión estamos ante la ruptura del sistema de multilateralidad. Y por eso se pregunta si esa recaudación que se le da al País Vasco también se le dará al resto de comunidades autónomas, «o solo al País Vasco para que vote a Sánchez, o solo a Cataluña para que vote a Sánchez».

En este sentido, Bravo Baena pide al Gobierno que dé a conocer todas las condiciones del gravamen a las energéticas, por ejemplo, «pues no han dicho que se incorporarán en los Presupuestos, lo que por muy rápido que llegue, no serán antes del mes de abril. Es decir, que durante cuatro meses, como mínimo, las empresas van a tener que estar funcionando sin conocer cuáles son las reglas del juego».

Una actuación, determina el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, que no parece que dé mucha seguridad jurídica, porque la gente «no va a querer invertir en un país en el que sabe que va a pasar algo en cinco meses, pero tiene que trabajar como si no fuese a pasar nada».

En su opinión, este caos normativo lo que acabará aumentando es la deslocalización de inversiones al resto de Europa e incluso a Estados Unidos, con el régimen potente de Ley IRA (Inflation Reduction Act) para atraer las renovables. Así pues, concluye el dirigente popular, «el Gobierno va a tener que rectificar, porque lo que ha hecho estaba mal. Y ya lo dijimos por escrito en septiembre del 2022».