El Gobierno extenderá el impuesto a los 'ricos' hasta que se pacte la financiación autonómica

La política fiscal sigue siendo una seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles, con motivo del balance de fin de curso, el jefe del Ejecutivo defendió desde el Palacio de la Moncloa, ante una concurrida asistencia de medios de comunicación, la compatibilidad del crecimiento económico con la justicia social, no sin antes señalar algunos de los impuestos que seguirán vigentes en el próximo año.

Entre ellos, están la prórroga en 2024 de los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas -este último, con algunas modificaciones vía Presupuestos y cesión a la Hacienda vasca, y a pagar en 2025-, además de la continuidad y permanencia del impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Un impuesto que se prolongará en el tiempo, según fuentes gubernamentales, hasta que las comunidades autónomas no tengan un nuevo Sistema de Financiación Autonómica, algo que no sucede desde hace 14 años. El Gobierno también insiste en una revisión patrimonial, circunstancia que podría acarrear la armonización de otros impuestos.

Con esta declaración de principios, el Gobierno de Sánchez trastoca en principio lo recogido en el BOE del 27 de diciembre de 2022, donde se señala que «en el caso del impuesto o tasa que grava el patrimonio por encima de los tres millones de euros y por su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devengue dicho impuesto». Es cierto que dicha ley también introduce «una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión». Lo que finalmente ha sucedido -como ha podido comprobar THE OBJECTIVE-, vinculando de este modo la permanencia de este tributo con una reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica de las comunidades autónomas.

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Se trata de una cuestión tratada este miércoles por el presidente del Gobierno con paños calientes y muy por encima, sin abordar en profundidad las negociaciones con el Govern catalán de Esquerra -quien pide referéndum de autodeterminación y Hacienda propia-, dejando la pelota en el tejado del Partido Popular para negociar este punto.

«Revisión patrimonial»

Precisamente ha sido el Ministerio de Hacienda el que oficialmente confirmaba, tras la presencia de Sánchez ante los medios de esta vinculación, la prórroga de este Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, en principio temporal, hasta que no se produzca «una revisión de la tributación patrimonial» en las comunidades autónomas, la cual vincula a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. No descarta que el Gobierno postule nuevas armonizaciones en otros impuestos cedidos, como podría ser Sucesiones.

Recordemos que, hace apenas unos días, la vicepresidenta cuarta y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que llevaba sin reunirse desde el verano de 2011. En ese marco dio a conocer la correspondencia de déficit a asumir por parte de las administraciones. También se refirió a la financiación autonómica, pero ya en la sala de prensa, recordando, al igual que el presidente, que esa reforma se tiene que hacer con el Partido Popular, y lo primero que tiene que resolver es poner de acuerdo a sus propias comunidades, porque no todas comparten los mismos criterios.

Pero antes, desde Moncloa, el presidente señalaba que, pese a que aún no ha tenido lugar esa reforma, las autonomías han recibido con su Gobierno una mejora de su financiación de hasta un 30% más sin fondos, para inmediatamente afirmar que en España la política vive en una fase de «polarización asimétrica, con gente que insulta y que asedia, y gente que son insultados y son asediados», grupo en el que se da por afectado.

En cualquier caso, sin precisar si habrá Hacienda catalana para el Gobierno independentista y sin relatar tampoco cómo se instrumentalizará la cesión de impuestos a la Hacienda vasca, o en qué consistirá el traspaso de Renfe y Rodalíes al País Vasco y a Cataluña, el presidente sí destacó que la prórroga del escudo anticrisis y el resto de medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros –y que puede consultar aquí– están en consonancia con la responsabilidad con la senda fiscal, de forma que -remarcó-, «nuestro objetivo es alcanzar un déficit del 3% en 2024 y una deuda pública del 106%».

Las cifras dadas este miércoles por el Gobierno se antojan difíciles de comprobar. No obstante, los Presupuestos de 2023 quedarán prorrogados el 1 de enero de 2024, y por tanto, la economía y los acuerdos con las fuerzas políticas quedan pendientes de la aprobación de las cuentas públicas, probablemente para esta primavera.

*El BOE determina que, tanto el gravamen a las energéticas como a la banca, estarán sujetos a una futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario.