Hacienda amenaza con un informe que prevé castigar al PP si torpedea los Presupuestos

Este lunes, casi en la recta final de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda y hoy vicepresidenta cuarta del Gobierno de coalición, María Jesús Montero, se sacó de la chistera un informe jurídico para advertir al Partido Popular de una amenaza a cumplir.

Se trata de una amonestación que pasa por hostigar a esta formación política y a las autonomías gobernadas por estas siglas, en el caso de que a Feijóo se le ocurriera bloquear en el Senado -ya que allí tiene mayoría absoluta- al menos hasta en dos ocasiones los objetivos de déficit y de deuda pública para el ejercicio de 2024. De manera que, según ese informe, estas administraciones se verían obligadas a asumir los objetivos que el Gobierno envió en su día a la Unión Europea, en el Plan de Estabilidad, y que a priori, y antes de las negociaciones con sus socios de investidura, eran menos flexibles (este lunes se aprobó un objetivo de déficit del 0,1% y el compromiso con la Comisión era del 0%).

Por consiguiente, esa medida también acabaría castigando a los presupuestos autonómicos, ya que éstos se han planteado con mayor margen fiscal, tal y como ha explicado Montero, aunque eso no es lo que piensa la mayoría de comunidades populares que, como la balear, defienden que ellos han hecho sus cuentas «con estimaciones prudentes, por debajo de la Airef», no sin olvidar, recalca Canarias, «la incertidumbre que provoca que no se conozcan todavía las reglas fiscales».

En clave política, Montero echa toda la carga sobre el presidente del Partido Popular en cuestiones de financiación autonómica y de las cuentas públicas, tan necesarias para las administraciones regionales, en un marco de un grupo de trabajo anunciado. Mientras, en el Ministerio de Hacienda insisten en la existencia de ese informe ad hoc, que al parecer está hecho por abogados del Estado, y que comenzó a pensarse en el preciso momento en el que el Partido Popular reconoció la intención de utilizar la Cámara Alta para bloquear unos objetivos con los que estaba seguro de que no iban a estar de acuerdo porque, a su modo de ver, se fundamentarán en mayor gasto público y en un reparto desequilibrado del esfuerzo fiscal.

Y en efecto, así ha ocurrido, como apunta a THE OBJECTIVE uno de los consejeros de Hacienda del PP, al sostener que, si bien ellos han votado en contra de un objetivo de déficit del 0,1%, se preguntan, al mismo tiempo, cómo es posible que el Gobierno se arrogue el derecho de tener un déficit del 2,9% y no ceder un poco a las comunidades autónomas, cuando son estas administraciones las que han soportado durante la pandemia, como ha recordado la Airef, un gasto sanitario cuyo 40% se ha convertido ya en estructural.

El Estado se arroga la holgura del déficit

Los populares no dudan de la existencia de dicho informe. Ahora bien, se han sentido amenazados por las formas utilizadas por la ministra, quien al principio ha empezado su intervención con un «tono conciliador y de multilateralidad», para acabar imponiendo su voto de calidad. Junto a Castilla-La Mancha y Asturias, «han apoyado un déficit que ni siquiera les viene bien a los de Page», explica a este diario otra de las fuentes consultadas.

Por esta razón, piden transparencia y que el documento de marras se dé a conocer. Desmienten asimismo que no estuvieran dispuestos a negociar el objetivo de déficit. En su opinión, lo justo hubiera sido repartir las cargas y no que el Gobierno se arrogue una holgura en este sentido del 97%, y apenas les dé a las autonomías un 3%, teniendo en cuenta que éstas ya son las que aguantan el 35% del gasto público con el que atienden sus servicios.

La condonación también ha sido otro de las asuntos ponderados por Montero, pese a que ninguna comunidad gobernada por el PP lo sacó durante este encuentro del CPFF. Este consejo llevaba 18 meses sin reunirse, y este lunes lo hizo para adelantar la fase previa necesaria para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que según la titular de Hacienda, saldrán en el primer trimestre de 2024. Eso sí, la consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, quien ocupará el cargo de vicepresidenta de este consejo, pidió que cada comunidad se haga responsable de su deuda.

En este sentido, Montero se remitió al contenido firmado con ERC. Según matizó la dirigente socialista andaluza, fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que consiguió «arrancarle a la formación independentista catalana el compromiso de que la condonación de la deuda era para todos». En este punto, Montero reconoció que esa condonación no se podría hacer por porcentajes, porque en su opinión sería injusto.

La reforma del sistema, solo al Congreso

Además, la vicepresidenta cuarta del Gobierno también adelantó y dijo que aquellas comunidades que no se endeudaron con el FLA -como es el caso de Madrid-, pero que sí se financiaron con los mercados, también recibirán una ayuda de compensación, aunque no se atrevió a explicar cómo se articulará esa disposición, con la que ahora el Ejecutivo «no tiene tanta prisa», si bien ha invitado a las comunidades a retomar esta conversación, de manera bilateral, a partir del mes de enero.

En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, María Jesús Montero volvió a utilizar la técnica de la división de criterios entre las comunidades gobernadas por el PP para anunciar que el Ejecutivo solo negociará esa reforma de manera normativa, en el Congreso y el Senado, pero no en el CPFF, ya que, según su criterio, allí no se vota, y por tanto, lo primero que tiene que hacer Feijóo es ponerse de acuerdo con las distintas posiciones de sus barones, señaló.

Esta es una declaración de intenciones que para nada fue compartida por los consejeros de Hacienda del PP, que no llegaron a rechazar los objetivos asimétricos, si el Gobierno asume mayores responsabilidades. Circunstancia a la que se opone la presidenta del Consejo de Política Fiscal, quien sostiene que ella no tiene ningún inconveniente en que esa responsabilidad sea asimétrica, pero siempre que otras comunidades asuman mayor grado de exigencia para compensar a las que tienen más problemas, de manera que «alguna tendría que tener superávit», afirmó.

«Menos balones fuera»

De financiación autonómica habló en concreto la consellera de Hacienda de la comunidad valenciana, Ruth Merino, quien reclamó a la ministra María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que transfiera a esta administración los recursos necesarios para igualar a la media su financiación efectiva mientras se concreta la aprobación de un nuevo modelo de financiación

Merino sostiene que es «indiscutible, urgente y prioritario» reformar el sistema de financiación autonómica y pide que se garantice la «igualdad» de todos los españoles en el acceso a unos servicios públicos de calidad

Asegura que, después de casi dos años, la ministra de Hacienda no puede seguir «echando balones fuera» por la falta de avances en la reforma y le exige que asuma su responsabilidad de plantear una propuesta.

Un plan de reequilibrio «sin ajustes»

Finalmente, la ministra se refirió al Plan de Reequilibrio Presupuestario y al techo de gasto -que pasarán por el Consejo de Ministros– de lo que no informó este lunes a los miembros del Consejo de Política Fiscal, plan que según subrayó, no conlleva ningún ajuste de las cuentas, porque, tal y como explicó, el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado de manera prudente con el gasto público y no será necesario reducir éste. Lo que no aclaró la ministra es si el plan lleva implícito algún nuevo paquete de impuestos con el que estrenar el año.

Este lunes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el voto de calidad de María Jesús Montero y el apoyo de Castilla-La Mancha y Asturias, los objetivos de déficit y de deuda pública, respectivamente, para el ejercicio de 2024, 2025 y 2026. El Ejecutivo de Sánchez insiste en que logrará el 3% el próximo año, aunque son pocos los organismos que lo creen. Montero logró este apoyo con el voto en contra de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y la abstención de Navarra, donde gobierna el PSOE. La Comunidad de Cataluña no llegó a votar, porque aunque estuvo presente, no ocurría así con su consejero, por lo que su voto no era válido. El País Vasco, al estar fuera del régimen general, no estuvo presente en un encuentro en el que también se desvelaron las entregas a cuenta de 2024, por orden de 154.467 millones de euros, un casi 15% más que en el anterior año, debido al incremento de la recaudación, como consecuencia del efecto de la inflación.