La banca exigirá a Sánchez un cambio en su impuesto tras haber cedido con las energéticas
Los bancos consideran que los argumentos para adaptar la tasa a eléctricas y gasistas son válidos para ellos
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín. | EFE
La revisión del impuesto extraordinario a las compañías energéticas abre la puerta a que el Gobierno también tenga que llevar a cabo una adaptación en la tasa especial a la banca. Los argumentos para abordar cambios en el gravamen a gasistas y eléctricas, esgrimidos por Teresa Ribera desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y confirmados por el propio presidente Pedro Sánchez, son más que suficientes para que haya un replanteamiento en el gravamen de las entidades financieras.
En el sector bancario, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, se considera que este giro en el guion permite un aumento en la presión contra el Ejecutivo para que se pueda rebajar el coste del impuesto, por lo que se lo exigirán a Sánchez. Y, por qué no, también se considera que pueda ser incluso eliminado a partir de 2025 si se suprime el de las energéticas.
Esta semana, Ribera anunciaba que las compañías de luz y gas ya no estaban acumulando beneficios extraordinarios por la bajada en los precios, con lo que ya no tenía sentido el gravamen y que, por tanto, se tenía que llevar a cabo una revisión del mismo.
La banca, confiada por el descenso del euríbor
A estas palabras se agarra la banca para estar ahora más confiada en su lucha contra su tasa y así se lo hará saber al Gobierno en sus reuniones, ya que el BCE empezará a bajar previsiblemente los tipos de interés en 2024, y asimismo, el euríbor ya ha empezado a descender, lo que impactará en una bajada de sus ingresos a partir del segundo semestre del próximo ejercicio. Ante esta situación, las cuotas de las hipotecas registrarán la primera caída en febrero. Las patronales AEB y CECA se reunirán antes de Navidad con la ministra Nadia Calviño para debatir sobre las ayudas a los titulares de préstamos variables para vivienda.
Las fuentes consultadas consideran que será muy difícil que el tributo desaparezca, pero ahora prevén que pueda modularse con una modificación sustancial del mismo. Las entidades siguen considerando que es ilegal y por eso lo recurrieron ante la Justicia a principios de 2023, pero su lucha sería diferente si se estructurara de otra manera.
Desde hace tiempo, en algunos bancos se vería como un mal menor que el impuesto no gravara los ingresos como hasta la fecha y que la tasa recayera sobre los beneficios. Con ello, se evitaría la doble imposición por su actividad y la cuantía podría ser mucho mas baja, ya que se aplicaría sobre una variable inferior, dado que los resultados incluyen partidas que restan, como son los costes operativos y las provisiones para impagos. Se trata de unos gastos que aumentarán el próximo año y unas insolvencias que se espera que también crezcan.
Además, de confirmarse la revisión en las energéticas, los bancos batallarán no solo para que se cambie el diseño, sino para que haya una reducción en la tasa aplicada, que es del 4,8% de los ingresos de acuerdo con la actual estructura, que estará vigente en 2024 con cargo a los ingresos -margen de intereses y comisiones- que cosechen en 2023. Según esto, gracias a una subida más potente de los tipos por parte del BCE, las entidades afectadas abonarán el próximo ejercicio 400 millones más por el gravamen especial a las arcas del Estado.
El Gobierno ha sorprendido con el anuncio de una revisión al gravamen de las energéticas después de que en el pacto de gobernabilidad con Sumar incluyera un mantenimiento del mismo a partir de 2025, al igual que el de la banca. En círculos empresariales se indica que este giro se ha producido como consecuencia de la influencia del PNV -aliado también de Pedro Sánchez para permanecer en La Moncloa- y las reiteradas advertencias de Repsol -dirigida por el peneuvista Josu Jon Imaz- de llevar inversiones al extranjero por el impuesto.
El Gobierno lanzó a finales de 2022 un gravamen extraordinario a las energéticas y a la banca para recaudar 3.000 millones de euros anuales en 2023 y 2024, ya que, a su juicio, estaban logrando beneficios récord por el incremento de las materias primas tras la crisis de Ucrania y el alza de los tipos de interés. Tanto un sector como el otro han negado de manera sistemática que estén percibiendo las supuestas ganancias caídas del cielo y han considerado en todo momento que es inconstitucional.
La banca, por ejemplo, siempre ha defendido que el entorno actual es de normalización del precio del dinero después de años con los intereses en el terreno negativo, por lo que no entienden que el Gobierno les haya penalizado por ello a través de un gravamen que es discriminatorio, ya que solo se aplica a dos sectores concretos.
