Los bancos pagarán 400 millones más por el impuesto extraordinario el próximo año

Los bancos tendrán que pagar una cuantía muy superior el próximo año por el impuesto temporal extraordinario aprobado por el Gobierno contra el sector y que el pacto sellado entre PSOE y Sumar pretende convertirlo en permanente. La subida de los tipos va a elevar la factura que deberán afrontar las entidades por el tributo, ya que está impulsando fuertemente los ingresos de las entidades sobre los que es gravado.

Según las estimaciones, en virtud de las resultados hasta ahora publicados y las proyecciones para final de 2023, la banca deberá aportar a Hacienda como mínimo un 30% más que el dinero liquidado en el presente ejercicio, es decir, unos 400 millones a mayores, de acuerdo con las fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE.

Con ello, el coste para el sector ascenderá a cerca de los 1.700 millones de euros, frente a los 1.263 millones entregados los pasados febrero y septiembre. La subida podría llegar a los 500 millones extra, hasta los casi 1.800 millones si se cumplen los mejores pronósticos.

Kutxabank y Bankinter, los más afectados por el encarecimiento del impuesto

Así, por ejemplo, para Caixabank y Santander la subida del impuesto será muy parecida al conjunto, pero para el Sabadell o BBVA, algo inferior. En cambio, para Kutxabank o Bankinter será superior, debido a que van a registrar un crecimiento más acelerado de ambas variables, que es sobre las que se soporta la tasa extraordinaria.

Los banqueros manejan ya una fuerte subida de la contribución fiscal para 2024 por el impuesto, tal y como lo han reconocido en los últimos días directivos del Santander y de Bankinter. Hay que tener en cuenta que la facturación de las entidades va a escalar de media dicho 30%, debido al aumento superior al 50% del margen de intereses por la política del BCE y la pequeña caída en las comisiones. Pero, el incremento irá por barrios y el efecto del gravamen, por tanto, será desigual aunque creciente entre las distintas entidades afectadas.

Bajos estos cálculos, la cuantía avanzará hasta una horquilla de entre 450 y 500 millones en el caso de Caixabank, frente a los 373 millones de 2o23. El importe para el Santander llegará a unos 320 millones, en contraposición con los 244 millones de este año. BBVA, por su parte, tendrá que desembolsar a Hacienda 300 millones, aproximadamente, es decir, 75 más.

El Sabadell, que proyecta una subida para final de ejercicio de un 25% en el margen de intereses y un mantenimiento de las comisiones, abonará en 2024 al Fisco en torno a 185 millones de euros por el gravamen (pagó 157 millones en 2023). Por último, la factura para Bankinter superará los 100 millones y la de Kutxabank se acercará a los 50 millones. El resto serán asumidos por el resto de entidades afectadas, entre ellas, Unicaja, Abanca o Ibercaja.

El impuesto, en función de la normativa aprobada el pasado diciembre, grava el 4,8% de los ingresos ordinarios básicos de los principales grupos por su actividad en España y se calcula sobre la base de la cifra conseguida el año anterior al abono. Es decir, que lo que desembolsarán en febrero y septiembre de 2024 depende de la facturación que logren en el conjunto de 2023.

Con las estimaciones, el Gobierno podrá alcanzar la recaudación de 3.000 millones prevista en el momento de su lanzamiento, ya que la mayor aportación el próximo ejercicio compensará la menor liquidación que han realizado los bancos en el presente, que se ha quedado por debajo de los 1.500 millones anuales.

El impuesto fue aprobado para dos años, con la posibilidad de ampliarse o hacerse permanente. Una posibilidad que cobra cuerpo después de que el pacto de investidura entre el PSOE y Sumar para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa recoja entre sus puntos el mantenimiento del mismo a partir de 2025. Es más, desde la formación liderada por Yolanda Díaz se presiona para que la carga sea más elevada y se aumente tipo efectivo del gravamen, una vez deje de ser temporal y pase a ser de por vida.

Los bancos, como han señalado desde el primer momento, consideran que el tributo es discriminatorio, injusto e ilegal y advierten de que drenará su capacidad para conceder préstamos, principalmente en tiempos de vacas flacas al depender de los ingresos y no de los beneficios. Por ello, todas las entidades afectadas tienen recurrido ante la Justicia la tasa, confiando en que los tribunales lo tumben, recuperen el dinero aportado a las arcas públicas y no vuelvan a tener que asumirlo.