Gobierno y Generalitat acuerdan limitar el precio del alquiler en 140 municipios catalanes
La medida solicitada por ERC incluye la ciudad de Barcelona como principal «zona tensionada»
Fachada de un edificio de viviendas, a 17 de mayo de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). | Europa Press
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, han acordado que a partir del mes de febrero entre en vigor la ley de contención de rentas en los 140 municipios de Cataluña calificados como áreas tensionadas.
Así lo ha anunciado Capella en una rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con Rodríguez, donde ha explicado que el Ministerio de Vivienda aprobará próximamente los sistemas de índices que se tienen que aplicar. Y una vez concluyan estos trabajos, el Ministerio que dirige Rodríguez publicará la memoria y la declaración de zonas tensionadas de estos 140 municipios, a la vez que aprobará los índices que se habrán de aplicar en estos lugares.
«Para nosotros, para el Gobierno de Cataluña, para el Departament de Territori es una muy buena noticia, como es también para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que la contención de rentas sea una realidad en el mes de febrero», ha celebrado Capella. Al ser preguntada por cómo afecta a nivel práctico este acuerdo, Capella ha vuelto a destacar que a partir del mes de febrero se podrá aplicar la limitación de precios de alquiler en estas 140 localidades declaradas como zonas tensionadas.
En este punto, ha recordado que esta ley de contención de rentas de la Generalitat de Catalunya ya salió adelante en el Parlament, por lo que una vez se ponga en marcha en el mes de febrero el precio del alquiler en los 140 municipios no podrá superar el índice que se acabe finalmente aprobando.
Zonas tensionadas
Los límites al alquiler que prevé la Ley de Vivienda están sujetos a la aprobación por parte de las comunidades autónomas. Cataluña era la única que había iniciado el proceso para ello, mientras que las comunidades gobernadas por el PP -que se mostró en contra de estos límites-, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias no lo han solicitado al Ministerio.
En las áreas declaradas tensionadas, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. Y, además, cuando se trate de un gran tenedor -propietario de al menos cinco pisos urbanos-, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler, al que también se someterán los contratos de pequeños propietarios que no hayan salido al mercado en los últimos cinco años.
El Ministerio de Vivienda subrayó tras la reunión que está previsto que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler se publique a lo largo del mes de febrero. Este índice es una actualización mejorada del que se lanzó inicialmente en el año 2020. Durante este tiempo y tras la aprobación de la Ley de Vivienda, el Ejecutivo ha realizado un trabajo técnico para intentar reducir el decalaje de los datos tributarios con los que se elabora e intentar tener en cuenta otras características para establecer los precios.
La Generalitat subrayó en su comunicado que el índice “no será homogéneo” en toda España, ya que, el que se aplicará a partir de febrero combinará el estatal con el de la Generalitat, que contaba con sus propios datos gracias a la Ley de Vivienda autonómica que fue tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional.
