El sector alerta de que paralizar los desahucios hasta 2028 limitará aún más la oferta de alquiler

PSOE y Podemos han acordado este miércoles una serie de medidas en materia económica a cambio del apoyo del partido morado al decreto del escudo social. Una de ellas, tal y como ha comunicado Ione Belarra, es la prórroga hasta 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios de las familias vulnerables. Una cuestión que tiene en alerta al sector y que se une a la prórroga que el Gobierno ya aprobó hasta finales de este año de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Una medida incluida en el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania que expiraba a finales del año pasado y que finalmente fue prorrogada. «Es un tema que viene siendo bastante polémico durante los últimos meses y que está desembocando en disminución de oferta disponible en el mercado de alquiler», asegura Ferran Font, director de estudios de pisos.com en declaraciones a THE OBJECTIVE. Font considera que esta nueva propuesta puede contribuir a generar «más ruido y más argumentos a la sensación de que se es muy proteccionista con el inquilino, incluso con la okupación, y muy poco con el propietario».

En conclusión, esto lo que puede provocar, según el experto, es que «continúe esa caída en la oferta de alquiler» algo que perpetuará la situación actual con cada vez menos vivienda de alquiler asequible en los lugares donde más se necesita. «Unas medidas que, si bien ayudan a los que más lo necesitan, también generan ruido y tienen una parte de perjuicio hacia el sector, hacia la evolución de los precios y hacia la accesibilidad al alquiler», añade. 

Propiedad privada

La medida de extender la parálisis de los desahucios hipotecarios hasta 2028, que ambos partidos se han comprometido a llevar al Congreso en los próximos meses, a juicio de Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, «va mucho más allá de la inseguridad jurídica y equivaldría a la abolición de hecho de la propiedad privada». «Estas medidas van a mantener la inseguridad jurídica y en nada ayudan a fomentar que se aporten nuevas viviendas al mercado de alquiler. Lo que restringirá aún más el acceso a la vivienda de los más vulnerables», añade por su parte Francisco Nomdedeu, vocal del Consejo General de los COAPI de España.

En conversación con este diario, Salcedo considera que esta medida podría suponer «una aceptación expresa de la inquiocupacion, una invitación al impago y un golpe durísimo para los propietarios». Además, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios duda de la constitucionalidad de la medida, ya que no responde ni se justifica por una situación excepcional, como lo fue la pandemia, la subida de tipos de interés o la hiperinflación, sino que sería de carácter estructural.

Prórroga durante 2024

Una propuesta que se une al Real Decreto aprobado por el Consejo de ministros a finales del año pasado que prorrogará las medidas antidesahucio en el alquiler durante el 2024. La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, considera esta prórroga «contraproducente y muy perjudicial» para la evolución del mercado del alquiler.

Desde AMADEI creen que ampliar la parálisis de los desahucios un año más contribuye a generar mayor inseguridad jurídica al homologar el incumplimiento contractual derivado del impago de rentas. En este contexto, tal y como indica Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general y asesor jurídico de la patronal inmobiliaria madrileña, «resulta necesario adoptar medidas que favorezcan las soluciones habitacionales de las familias vulnerables, pero nunca a costa del patrimonio privado, sino fomentando hogares para acoger a dichas familias con recursos públicos».

Por su parte, desde Alquiler Seguro, compañía que gestiona arrendamientos urbanos, aseguran que apoyan todo tipo de medidas para proteger a las familias vulnerables, pero creen que la prórroga de los desahucios durante todo 2024 va a eliminar la oferta asequible en el mercado. «Los propietarios no van a querer alquilar una vivienda ante el riesgo de tener que ser ellos los que se hagan cargo de los posibles impagos de las familias vulnerables», advierte Antonio Carroza, presidente de esta compañía.

Carroza lamenta que la política social de vivienda la acaben pagando los particulares. «El Ejecutivo tiene que entender que el alquiler está compuesto por dos partes, y que en muchas ocasiones si una familia no puede pagar el alquiler, el propietario tampoco puede dejar de percibir esa renta», asegura.

La morosidad del alquiler, al alza

Mientras, la morosidad del alquiler sigue siendo un problema clave que afecta a este mercado. Durante 2023 los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores 7.608,34 euros de media a nivel nacional. Esta cantidad supone un incremento de un 0,85% por encima de la deuda contraída el año anterior, según los datos del Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España en 2023 realizado por la Fundación Alquiler Seguro.

Muy por encima de la media nacional se encuentra Cataluña, donde los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores 10.425 euros. Es decir, 2.817 euros más que la media nacional. Detrás de Cataluña en nivel de deuda se sitúa Madrid (9.550 euros), Baleares (9.663 euros) y País Vasco (7.939 euros).