Industria desbloquea la concesión de fondos UE dando el dinero solo por orden de llegada
El Perte de descarbonización fue aprobado por el anterior gobierno de Sánchez, en diciembre de 2022
Jordi Hereu, ministro de Industria. | Europa Press
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, anunció este jueves en un desayuno informativo el desbloqueo y «adelanto» de una segunda convocatoria de la línea 1 del Perte para la descarbonización, esta vez dotado con 1.000 millones de euros, durante el segundo semestre del año, lo que permitirá participar también a aquellos proyectos que se vayan a realizar más allá de 2026.
Lo que no detalló en ese encuentro el titular de esta cartera -como ha constatado THE OBJECTIVE- es que estas ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera forman parte del Perte de descarbonización que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros del 20 de diciembre de 2022 y, meses más tarde, también fue anunciado por el entonces ministro, Héctor Gómez, en septiembre de 2023.
Con este Perte, España se compromete a apoyar a la industria en su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050 con emisiones de carbono cero.
En este caso, el procedimiento de reparto -establecido en el artículo 62 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre- se hará vía subvenciones y vía préstamos, a través de un régimen de concurrencia no competitiva, de tal forma que el único condicionante sólo será el orden de llegada de los proyectos.
Tiempo suficiente
Además de la demora, este es uno de los aspectos discutidos por los expertos consultados por THE OBJECTIVE, quienes subrayan el tiempo que ha tenido el Ejecutivo para poner en marcha dichas ayudas y para hacerlo con mayor transparencia.
Insisten además en otro matiz, y es que, si bien es cierto que el razonamiento es que la descarbonización industrial «no requiere valoración comparativa» porque es un objetivo que deben compartir todas las empresas, tampoco es menos cierto que ahora ese procedimiento no está justificado, puesto que no estamos en el año 2020, cuando se aprobaron un montón de medidas relativas a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de reales decretos-leyes, con el argumento de dar agilidad a una Administración pública que tuvo que acometer un paquete de medidas tan masivo.
Frente a estas críticas, el Gobierno explica que «la dificultad de articular estas ayudas en un régimen de concurrencia competitiva radica en el hecho de que el instrumento de ayudas va dirigido al sector industrial manufacturero en su conjunto, formado por multitud de diferentes subsectores industriales, cada uno de los cuales presenta unas características muy dispares en cuanto a tipos e intensidad de emisiones, asociadas generalmente a procesos de generación de calor mediante combustibles o emisiones de proceso».
El anuncio de Hereu coincidió este jueves con el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que recoge el Índice de la Cifra de Negocios de la Industria, cuya tasa anual se situó situado el −2,3% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, con siete meses consecutivos de caída. Los Índices de Cifras de Negocios en la industria (ICN) tienen como objetivo medir la evolución de la actividad de las empresas que forman parte del sector industrial en España, a partir de sus cifras de negocios.
Un plan que no es viable
La polémica por el mal diseño de los concursos y la planificación global de los fondos Next Generation no impide que algunas fuentes consultadas defiendan que, en este caso concreto, se aplique un reparto de concurrencia no competitiva, sobre todo cuando estamos ante «una determinada inversión o tecnología, donde hay pocos competidores».
Desde luego, el ortorgamiento de estos fondos europeos esta amparado por ley -explican fuentes del Parlamento Europeo a este diario-, pues se trata de un régimen de first come. first served, donde el criterio principal es el orden de llegada de las solicitudes, y donde también hay criterios de elegibilidad. En el caso de este PERTE, son, en primer lugar, que los beneficiarios solo pueden ser empresas mercantiles o agrupaciones sin personalidad jurídica propia y, en segundo, que los proyectos tienen que cumplir un requisito de contribución climática del 40%.
No obstante, según Eva Poptchevala, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, lo que sí es criticable, de nuevo, «es un retraso considerable en la apertura de la convocatoria, puesto que fue la propia web de Moncloa la que anunció en septiembre que se abriría la convocatoria en octubre».
Estos retrasos afectan a un Perte que no acaba de despegar. El ejemplo de ello es Arcelor Mittal, empresa privada y gigante siderúrgico instalado en Gijón, que recibió la concesión una ayuda del Estado de 450 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, tal y como recoge el diario asturiano El Comercio, ha paralizado el proyecto de gran inversión de su plan verde en Asturias, porque sostiene que las condiciones impuestas en el Plan de Recuperación español no son viables y ven imposible tanto cumplir con los plazos establecidos como tener hidrógeno verde a un precio competitivo, así como tampoco poder garantizar la electricidad renovable necesaria a un precio asumible.
Los datos del INE de este jueves sobre el Índice General de la Cifra de Negocios de la Industria a noviembre de 2023 muestran cómo, en efecto, la región de Asturias es la más castigada en esta variable, si se compara con el resto de comunidades autónomas (Ver gráfico del INE).
Mientras el problema de Arcelor se desatasca, la Línea 1 del Perte de descarbonización anunciada este jueves busca impulsar la descarbonización de procesos productivos de la industria española con el objetivo de «liderar la revolución verde a nivel europeo». En palabras de Hereu, actualmente se hace frente a un doble reto, la transición verde y la transición digital, y ambos son elementos centrales del desarrollo industrial de España.
En ese sentido, Hereu explicó que los requisitos para acceder a los fondos de la primera línea del Perte consistirán en reducir al menos 3.000 toneladas equivalentes de CO2 al año o al menos un 30% de sus emisiones para proyectos tractores con un presupuesto mínimo financiable de un millón de euros y con fecha de ejecución anterior al 31 de marzo del 2026.
