Ribera se niega a ayudar a las familias afectadas por los recortes verdes para ganar los laudos
Argumentan que rompería su estrategia contra los fondos internacionales con los que batallan en los tribunales
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
«Sigue habiendo una injusticia absolutamente palmaria a raíz del resultado de los arbitrajes internacionales que los fondos de inversión han planteado contra España y que están ganando en la Corte de Washington, en la sede del Banco Mundial». Esta frase reúne el sentir de las 65.000 familias españolas afectadas por el recorte a las retribuciones a la energía renovable, que comenzó el gobierno del socialista Zapatero y concluyó el del popular Rajoy.
La asociación Anpier, que representa a los pequeños productores de energía fotovoltaica, lleva luchando desde 2007 por revertir la situación y ayudar a los miles de autónomos y pymes afectados por estas inversiones. Con los años, han ido rebajando sus pretensiones, y ahora solo piden una extensión del uso de las placas solares cinco años más de la fecha prevista, fijada en 2038. Sin embargo, de forma reciente, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio un portazo a esta propuesta asegurando que si cede con ellos se reventará la estrategia jurídica con la que batalla contra los fondos de inversión internacionales.
El otro argumento en el que se amparan es el fallo del Tribunal Supremo, que en 2016 votó muy dividido a favor de los intereses del gobierno argumentando que los afectados tenían que haber previsto el riesgo regulatorio del sector energético español. Pese a este escenario, los pequeños productores no pierden la esperanza y sus representantes mantienen conversaciones «con todos los partidos políticos», incluido el PSOE, a través de su hombre fuerte, Santos Cerdán.
La fiebre verde de los primeros años de la década del 2000 trajo consigo inversiones millonarias bajo los incentivos del Ejecutivo, con un lema pletórico: «El sol puede ser tuyo». Pero todo ese bum que situó a España como un país pionero acabó a los años con los primeros recortes retroactivos en el año 2010. Desde entonces, todos aquellos inversores han sufrido cada mes un recorte perpetuo del 30%, que si suma durante 30 años (que es el tiempo limitado que les dio la Administración para producir energía fotovoltaica y vertirla a la red), alcanza un coste de 50.000 millones de euros.
«Es un atropello, una injusticia, un caso único en el mundo. Todo fue sin diálogo, sin consenso y sin compensar nada», se lamentan desde Anpier. Los actores de aquel momento recuerdan que «era obligatorio» para evitar la quiebra financiera del sistema eléctrico. «La deuda hubiese superado los 140.000 millones de euros. Era necesario este mal menor y llevar a cabo esos recortes». Estas fuentes aseguran que incluso pagando todo lo que reclaman hoy en el extranjero se lograría una cifra inferior. Hasta el año 2013, España se gastó 56.294 millones de euros por estas primas a las renovables.
El Ministerio estima en 1.500 millones de euros las indemnizaciones reclamadas por los fondos. Durante el mandato de Ribera al frente del ministerio, se han superado en más de 20 millones los pagos a despachos jurídicos para combatir las demandas de los fondos internacionales.
El negocio verde
El plan que diseñó el Gobierno durante aquellos años fue dirigido principalmente a agricultores y ganaderos que quisiesen aprovechar las tierras que tenían para construir una placa solar que les permitiese un retorno recuperable en unos 12 años con futuras ganancias, hasta cumplir los 30, que sirviesen, en la mayoría de los casos, como complemento para la jubilación de estas familias. Se ponía un 20% del coste y el resto lo financiaba el banco.
Muchos pidieron préstamos a los bancos para conseguir el capital necesario para levantar sus huertos solares. Sin embargo, casi desde el principio esas retribuciones fueron recortadas. En medio de este endeble escenario, las pymes y los autónomos tuvieron que lidiar con la subida de los tipos de interés de la banca (a la que se le unió la renegociación de los préstamos) y también el coste de mantenimiento de las propias placas.
«El plan que hizo el Gobierno estaba redactado además de forma muy sencilla para que fuese comprensible. En ninguna línea de esa campaña mediática ni en el propio texto se decía que había riesgo regulatorio de que, una vez conectadas y construidas las inversiones, pudiéramos cambiarle las condiciones y la rentabilidad. En ninguna línea», lamentan los afectados.
