Los afectados por la 'inquiokupación' llevan hasta Bruselas el desprecio del Gobierno
Este tipo de inquilino, que firma un contrato de alquiler pero deja de pagar la renta, ha crecido en los últimos meses
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños | Europa Press
La Plataforma de Afectados por la okupación e ‘inquiokupación’ lleva hasta Bruselas el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta problemática. La asociación comparecerá el próximo día 23 de enero ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la inacción del Gobierno en la «protección de las viviendas de los españoles ante okupas e inquilinos morosos/okupas». «La petición que hacemos a Bruselas es una especie de llamada de atención ante la constante ignorancia que el Gobierno hace a nuestro colectivo», explica su portavoz, Ricardo Bravo, a THE OBJECTIVE.
«Pedimos que revisen estos criterios y que el Gobierno sea consciente de que está repercutiendo sobre pequeños propietarios el mantenimiento de estas familias», añade. Desde la asociación denuncian que, a pesar de haber mantenido «cientos de encuentros» con muchos cargos del Partido Socialista a casi «todos los niveles», nunca han tenido la posibilidad de hablar directamente con ningún ministro. No porque no lo hayan intentado en reiteradas ocasiones, tal y como ya hemos contado en este diario. Sin embargo, según lamenta Bravo en conversación con este medio, el Gobierno ha «dado el silencio por respuesta».
A lo largo de dos años y medio, hasta 18 cartas ha enviado la Plataforma de Afectados por la Ocupación a la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, con sus correspondientes justificantes y sellos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, según contamos en este diario. Tampoco ha habido respuesta de su sucesor en el cargo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Por ello, y ante el «desplante» continuado del Ejecutivo, la Plataforma, con Bravo a la cabeza, decidió hacer una petición al Parlamento Europeo a finales del año pasado. Sin embargo, ya había habido una reclamación previa referente únicamente al fenómeno de la okupación por parte de un grupo de abogados. «Como dentro del colectivo de nuestros afectados, cerca del 70% están sufriendo el fenómeno de la ‘inquiokupación‘, hicimos un escrito en colaboración con la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona», para centrar la queja en este fenómeno creciente en España.
Reuniones con los grupos parlamentarios
Una jornada en la que Bravo espera exponer con claridad la situación que vive España ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras su comparecencia, el representante de la plataforma mantendrá reuniones con diferentes grupos parlamentarios. En principio, está previsto que les reciba el PP y están a la espera de cerrar el encuentro con VOX. «También nos va a recibir el PSOE», confirma Bravo.
A juicio de Bravo, lo que subyace tras la postura del Gobierno con esta problemática es «que los socios del Ejecutivo tienen una idea mucho mas extremista y lo ven como una oposición frontal hacia la extrema derecha. Lo consideran un arma política». Bravo, que fue víctima durante ocho años de una situación de ocupación generalizada -con problemas de delincuencia severos- en el edificio en el que residía, ha tenido que «aguantar» cómo algún representante político justificaba su situación arguyendo ser un daño colateral de la Ley.
Crecimiento de la ‘inquiokupación’
«La idea es presentar nuestra petición que se basa fundamentalmente en que, dentro de los reales decretos anticrisis, la idea de evitar desahucios se nos ha ido un poco de las manos. Ahí es donde entra la inquiokupacion», explica Bravo, que defiende que precisamente «el impago voluntario de la renta» está siendo «auspiciado por este tipo de decretos». Un fenómeno que, según denuncian también desde el sector inmobiliario, ha crecido en los últimos tiempos.
Se trata de un tipo de inquilinos que firman un contrato de alquiler de manera totalmente legal, pero, al poco tiempo, dejan de pagar la renta. «Primero dicen que son vulnerables, independientemente de que lo sean o no, y entonces se paraliza automáticamente el desahucio», asegura el portavoz de la plataforma de afectados. En el escrito presentado al Parlamento, la plataforma detalla que el «incremento exponencial del impago de rentas por inquiocupación está relacionado con la
aprobación del RD Ley 11/2020 de 31 de marzo, dictado para paliar los efectos de la pandemia por COVID-19 y a partir del cual se suspenden los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para personas que sean declaradas vulnerables».
Según consta en el escrito, con «esta legislación sobre la mesa, los juzgados paralizan y retrasan los procesos de desahucio, lo cual ha ocasionado un efecto llamada, aumentado los casos de impago de alquileres, ya que el inquilino puede dejar de pagar sin sufrir ninguna consecuencia legal». En este momento, «todo el proceso se paraliza y comienza un nuevo informe de servicios sociales, los servicios sociales apenas hacen visitas domiciliarias, es muy fácil que en una pareja uno de ellos esté empadronado en otra vivienda y por lo tanto no cuenten los ingresos para la unidad familiar», añade. Es decir, es facilísimo ser vulnerable, lamenta. «Pero es que esta ley protege también a los no vulnerables porque paraliza cualquier tipo de sentencia», lamenta.
Los afectados, familias normales
Desde este colectivo lamentan que desde el Gobierno «están contando con nuestros recursos, que en muchos de los casos son fundamentales para nuestra subsistencia, y estamos manteniendo a quienes han cometido un delito dejando de pagar e incumpliendo un contrato». Es el caso de Marcelino, un señor de Gijón que tiene desde hace seis meses okupada la vivienda de su madre por unos ‘inquiokupas’ que se han declarado vulnerables.
Según cuenta a este diario, su madre tiene 84 años y está en una residencia. Precisamente el dinero del alquiler de esa vivienda servía para sufragar los gastos de la misma. «La situación es desesperante. A parte de no pagar la renta, tenemos que hacer frente al gasto de 165 euros mensuales de la comunidad que incluye calefacción central y agua caliente», explica. En el caso de Marcelino es él el que está haciendo frente al pago de la residencia de su madre y de la comunidad. Pero él tiene su propia familia, con dos hijas de las que ocuparse. «Son muchas noches sin dormir, impotencia por no poder hacer nada y ver que tienen ellos más derechos y nosotros más obligaciones que derechos», lamenta.
