El gasto del Gobierno en altos cargos y asesores se ha disparado un 36% desde 2018
La partida destinada a pagar personal de confianza aumenta un 67% y superará los 72,5 millones de euros en 2023
Sánchez rodeado de algunos de sus antiguos asesores en una imagen de archivo. | Europa Press
El incremento de altos cargos y asesores vinculados a los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado el gasto destinado a pagar sus nóminas. Solo desde 2018, año en el que Sánchez desembarcó en La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy la partida se ha incrementado un 36%.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado analizados por THE OBJECTIVE muestran que las obligaciones reconocidas hasta el mes de noviembre de 2023 para pagar las nóminas del staff del Gobierno alcanzaron los 139,6 millones. En el mismo periodo de 2018 esta partida rozó los 103 millones.
Los últimos datos facilitados por el Gobierno a través del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones muestra que en julio de 2023 el personal eventual al servicio del Estado se situaba en 869 efectivos. Bajo este epígrafe se engloban los asesores y el personal de confianza, que incluye desde responsables de comunicación a chóferes o maquilladores. Son nombrados por el Ejecutivo con carácter no permanente. No se incluyen los efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza, pero
tienen la condición de funcionario de carrera.
Plantilla de asesores y altos cargos
Es la cifra de asesores más elevada de la serie histórica y son 265 más que los que tenía Rajoy antes de abandonar el Gobierno en junio de 2018. El incremento del personal de confianza ha sido del 44% de esa fecha, pero el gasto para pagar sus nóminas ha aumentado un 70%. En 2023 se destinará a abonar sus sueldos cerca de 85 millones.
Por su parte, el último dato de altos cargos, anterior a la configuración del nuevo Ejecutivo de Sánchez los facilita la Oficina de Conflicto de Intereses. El organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública destaca que entre enero de 2023 y julio de ese año los altos directivos sumaban 762. Son 91 menos que en el primer semestre de 2023. El incremento de gasto ha sido de 16,6%.
Presidencia y Política Territorial
El pacto con Podemos y ahora con Sumar ha forzado un incremento muy importante de altos cargos, pero sobre todo de personal de confianza. La coalición ha servido para justificar un aumento que supone un gasto difícil de frenar. Los últimos datos facilitados por los registros del Gobierno muestran que la formación morada tenía en junio de 2023 un total de 84 asesores en sus cinco ministerios. En Trabajo y Economía Social y en Derechos Sociales contaban con 22 consejeros en cada ministerio. Mientras, en Igualdad sumaban 16 y en Consumo y Universidades, 12 cada departamento.
Con diferencia, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática fue el área en la que se produjeron más colocaciones a dedo con el objeto de asesoramiento. En total, 447 personas formaban parte del staff de Presidencia. El segundo ministerio mejor nutrido de asesores fue Política Territorial, con 128.
Pese a la cifra desorbitada de cargos de confianza en el área de Presidencia que se registró en el verano, no es la mayor. En 2018, Mariano Rajoy contaba con 434 asesores directos. En este caso, estaba justificado porque el departamento también incorporaba Política Territorial y los delegados de Gobierno
Sin puertas giratorias
Los altos directivos del Ejecutivo, que durante su designación trabaja en asuntos de trascendencia económica y política, saltan con gran facilidad al sector privado. Sin poder acogerse al paro VIP previsto para ministros, secretarios de Estado y presidentes de organismos y empresas públicas, los frenos son pocos. La Oficina de Conflicto de Intereses paraliza en muy contadas ocasiones el proceso.
Como informó THE OBJECTIVE, el órgano encargado de gestionar el régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de funcionarios y altos cargos, solo ha vetado 15 solicitudes de directivos para pasar al sector privado en los últimos diez años. Apenas suponen un 3% del total de las 495 peticiones que han tenido lugar desde enero de 2014.
Las dos últimas autorizaciones se concedieron a finales de octubre al teniente general Ignacio Bengoechea tras dejar su responsabilidad como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. El militar tiene permiso para trabajar como asesor en defensa en Acento Consultoría y ELA Aviación, un fabricante de aviones español con sede en Córdoba (Andalucía). También logró en el agosto del año pasado la autorización para entrar en Airbus. En cualquier caso, el teniente general tuvo que esperar seis meses tras su cese para lograr el primer permiso.
