La Justicia abre la vía para que 6.000 médicos sean indemnizados por daños en el trabajo
El TSJM da la razón a un facultativo y resuelve una indemnización por daños. El sanitario reclamaba 20.000 euros
Los médicos de atención primaria de la CAM puede reclamar por no disponer de un plan de prevención de riesgos laborales. | Europa Press
La justicia ha abierto la vía para que hasta 6.000 médicos y pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid puedan ser indemnizados con un mínimo de 8.000 euros. La razón son los incumplimientos de esta administración autonómica en materia de prevención de riesgos y salud laboral. Ese importe podría verse aumentado dependiendo de si esa inacción ha tenido como efecto daños mayores en los facultativos.
En dos sentencias prácticamente idénticas y consecutivas —17 y 18— a cuyo contenido ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da la razón a dos facultativos ante sus demandas. Los trabajadores reclamaban 20.000 euros en concepto de daños morales a la integridad y la salud, que recoge el artículo 15 de la Constitución. La cuantía quedó fijada finalmente en 8.000 euros, permitiendo que ésta se pueda aumentar en el caso de se acredite un daño mayor. La decisión puede comprometer hasta 48 millones de euros de las arcas públicas madrileñas.
El origen de estos pleitos se remonta a marzo de 2021, fecha en la que el TSJM daba la razón a un colectivo de médicos que reclamaban un plan de riesgos laborales en los centros de salud madrileños. La demanda también incluía a al Ministerio de Sanidad.
Facultativos de atención primaria
El Tribunal emitió una sentencia contundente. Aseguraba que la Comunidad de Madrid había vulnerado los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud, «al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo». Apuntaba además que había incumplido sus obligaciones «en materia de prevención de riesgos laborales y de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo».
Finalmente, condenaba a la administración regional a «efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales». Instaba también a evaluar los riesgos de pediatras y médicos de atención primaria y señalaba que deberían fijarse «cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno». Ante esta sentencia, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso en el Supremo. El Alto Tribunal dictó sentencia el 19 de enero de 2022 estimando en parte la demanda formulada por el sindicato asociación AP Se Mueve.
Fallo del Supremo
El Supremo confirmaba el fallo del Tribunal Superior en el sentido de que en la Comunidad de Madrid se vulneraban derechos de los médicos de atención primaria. Sin embargo, no se pronunció sobre indemnizaciones individuales. El Alto Tribunal también dejaba claro que no se pueden extender la condenas y exigencias al Ministerio de Sanidad porque, a pesar de la crisis sanitaria generada por la pandemia, la competencia sanitaria es de la Comunidad.
Desde ese momento, Vicente Martín Manzanero, abogado de la asociación AP Se Mueve, ha llevado a los juzgados más de 350 procedimientos individuales de sanitarios. Según asegura a THE OBJECTIVE, el 60% de las primeras instancias han dado la razón a los trabajadores. Ahora, la decisión del plenario del TSJM será referente para los juzgados.
Martín Manzanero admite que ya hay 20 recursos presentados en el Tribunal Superior y que las decisiones son rápidas porque el fondo es la tutela de derechos fundamentales. Además de adelantar la dos últimas resoluciones, apunta que son los 6.000 médicos los que están reclamando, pero que ha abierto una vía para que otros facultativos, sanitarios y enfermeros puedan reclamar la cantidad mínima de 8.000 euros, no solo en la Comunidad de Madrid.
Médicos de otras administraciones
«Si una administración no tiene plan de prevención de riesgos, la circunstancia es la misma». La administración regional, en cualquier caso, podría acudir al Supremo. La decisión se conocería en unos seis meses, «pero que el Alto Tribunal fije otra doctrina es muy complicado», asegura el abogado.
Por su parte, Arturo Segade, abogado laboralista que ha formado parte de los recursos, destaca que tras la inacción de la Comunidad de Madrid se empezaron a presentar las demandas. «Las de los médicos de atención primaria son el principio de más reclamaciones a las administraciones». Apunta que si un médico quiere reclamar, debe estar muy atento a los plazos. Vaticina además un aluvión de reclamaciones.
