El Gobierno vuelve a aprobar la senda de déficit para tener los PGE de 2024 «cuanto antes»
Critica al PP por perjudicar a CCAA donde gobierna, aunque asegura que seguirán apostando por el diálogo y el acuerdo
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del conjunto de las administraciones públicas para el periodo 2024-2026, así como el techo de gasto de cara a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
La aprobación se produce después de que la mayoría absoluta del PP en el Senado vetara la semana pasada los objetivos planteados por el Gobierno, por lo que la senda tenía que volver a ser convalidada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.
«Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan potente positiva de empleo», ha defendido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De no aprobarse los objetivos una segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos.
El PP ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024. Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero aseguraron a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.
Déficit del 3% en 2024 para el conjunto de AAPP
Con todo, la intención del Gobierno es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas. Para ello, ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024 –que no votan las Cortes Generales– que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.
Plan de reequilibrio
También se ha vuelto a aprobar hoy el plan de reequilibrio para corregir desviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias excepcionales que llevaron a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por el impacto de la pandemia. Este plan recoge esa senda de reducción de déficit que supone rebajarlo hasta el 3% del PIB el próximo año y también tiene que ser votado por las Cortes Generales. Asimismo, el Gobierno espera seguir con la senda descendente de la deuda pública y prevé que baje del 106,3% en 2024, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026.
Por subsectores, la deuda de la Administración Central y Seguridad Social será del 83,2% del PIB en 2024, para caer al 83% en 2025 y llegar al 82,8% en 2026. En el caso de las comunidades autónomas, se estima que la deuda será del 21,7% en 2024, del 21% en 2025 y del 20,3% en 2026, mientras que la de las entidades locales será del 1,4% en 2024 y del 1,3% en 2025 y en 2026.
Si se rechazan habrá objetivos más exigentes
Pero si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados por segunda vez en la Cámara Alta y entrasen en vigor los fijados en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
«Enfrente tenemos a una oposición que ha decidido no construir, ser obstáculo y perjudicar incluso a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna y nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo y por el acuerdo», ha asegurado Pilar Alegría. En caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad de abril –más restrictivos–, esa reunión no se produciría.