La anulación de un contrato en Palma pone en peligro 27,4 millones para otras tres ciudades
La capital balear tumba una licitación ya adjudicada con fondos UE que salpica a San Sebastián, Málaga y Las Palmas
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa. | Foto: Isaac Buj (EP)
El Ayuntamiento de Palma ha puesto en peligro una partida de 27,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation para mejorar el transporte sostenible en la capital balear y otras tres ciudades españolas –San Sebastián, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria–, después de que el consejo de administración de la empresa municipal de transporte –EMT Palma– haya anulado el pasado 8 de febrero la licitación del proyecto de digitalización de la movilidad para la mejora del servicio público de autobuses.
Se trata del expediente 4/23, iniciado en marzo del año pasado con el PSOE en la alcaldía para la implementación del «sistema ABT-EMV» en la red de autobuses de la capital balear. Básicamente, consistía en actualizar las validadoras que están funcionando en la empresa municipal de transporte y que fueron provistas en el pasado por el Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas (GMV), al ser de su fabricación.
El contrato fue presupuestado en 1,7 millones de euros, repartidos en tres lotes. El primero –de 1,17 millones para todo el proceso de ticketing— tuvo cuatro ofertas y fue adjudicado el 14 de julio a Alestis Consulting, filial de la compañía Geoactio; mientras que el segundo lote –de casi 285.000 euros para «la adaptación de los dispositivos embarcados»– fue entregado a GMV, única empresa que optó a esta licitación. Hubo un tercer lote –presupuestado en algo más de 310.000 euros para «los servicios de pago, pasarela y banco adquiriente»– que quedó desierto.
GMV se había presentado a la licitación del primer lote –era uno de los cuatro contendientes– con el objetivo de quedarse con todo el proyecto, pero quedó por detrás de Alestis Consulting por estrecho margen (89,27 puntos frente a los 89,36 de la ganadora). En el segundo lote, al ser la única que licitaba, no tuvo rival. A los 15 días de conocerse la decisión de EMT Palma, GMV recurrió la concesión ganada por la empresa con sede en Navarra y la empresa municipal tuvo que paralizar el proyecto.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Constractuales (TCARC, dependiente del Ministerio de Hacienda) desestimó el recurso el pasado 21 de septiembre y ordenó a EMT Palma en su sentencia que dejase sin efecto la medida cautelar adoptada, consistente en la suspensión del procedimiento de licitación.
Pese a la orden judicial, el Ayuntamiento, gobernado ahora por el PP, ha ido dejando pasar las semanas hasta que el pasado 8 de febrero, el consejo de administración de EMT Palma anuló todo el expediente. El gerente de la compañía municipal, Juan José Elías, justificó la decisión de desistir en el procedimiento de adjudicación con un escrito remitido a los miembros del consejo de administración tres días antes, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que apoyó la tesis de GMV al apuntar la existencia de una «infracción no enmendable de las normas preparatorias en el procedimiento de adjudicación del acuerdo».
La decisión de EMT Palma complica todos los proyectos de digitalización de la movilidad para la mejora de los servicios públicos de transporte del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transportes ya que tenía un periodo de ejecución de 36 meses, que finaliza en diciembre de este 2024. Con la decisión adoptada por la capital balear, es casi imposible poder cumplir con el calendario.
Los fondos europeos Next Generation recibidos por Palma corresponden al proyecto de ‘Innobus-Tur’, de manera que Bruselas impuso que todos los proyectos asociados se ejecuten satisfactoriamente. De lo contrario, la recepción de los fondos «puede peligrar», según las citadas fuentes, quienes advierten de que la situación de Palma también se está dando en la isla de Gran Canaria. En este sentido, GMV está «bloqueando» a otra empresa adjudicataria -el grupo valenciano ETRA- en un concurso similar. Unas «maniobras» que están siendo analizadas «con estupor» por las citadas fuentes del sector.
El Ayuntamiento de Palma aprobó en febrero de 2022 un total de 28 actuaciones las que se verían beneficiadas por los fondos europeos para movilidad sostenible. De esta cuantía, algunas ya estaban empezadas y otras en proceso de ejecución. Todas debían estar licitadas antes del 30 de abril de ese año y acabadas antes del 30 de diciembre de 2024, según informó Mallorca Diario.
Entre las actuaciones que se financiarían con los fondos europeos, se encuentraba la creación de una zona de bajas emisiones (904.275 euros) en el centro de Palma que, por ley, son obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes. Además, se ha previsto implanta la ORA ambiental (3,37 millones de euros) para bonificar a los vehículos menos contaminantes y mejoras de accesibilidad en las paradas de la EMT (2,07 millones) y en su servicio (cerca de 2 millones). También está previsto financiar el proyecto Bici Palma (cerca de 3 millones), comprar 12 buses eléctricos (1,2 millones) para incorporar a la flota de la EMT y camiones de recogida de basura (720.000 euros), también eléctricos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) concedió 500 millones de euros de los fondos europeos de recuperación NextGeneration a 120 municipios de toda España para descarbonizar el transporte y fomentar una movilidad activa y sostenible en los núcleos urbanos. Gracias a estas ayudas, el departamento de Óscar Puente cofinancia 432 actuaciones encaminadas a la compra de autobuses urbanos eléctricos, el despliegue de carriles bici, la peatonalización de calles, la digitalización de servicios de movilidad o la implantación de zonas de bajas emisiones, entre otros proyectos.
