Sevilla, Sebastián, Salgado: el Gobierno busca un técnico vinculado al PSOE para Telefónica
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoce que la SEPI pedirá un sillón en el consejo de la operadora
Los exministros socialistas Jordi Sevilla, Miguel Sebastián y Elena Salgado. | Agencias.
El plan del Gobierno en Telefónica entra en una nueva fase: buscar el directivo idóneo para representar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el consejo de administración de la operadora. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que hay varios nombres sobre la mesa, pero todos bajo el común denominador de un profesional con un perfil técnico, conocedor del mundo empresarial, con experiencia como vocal… y vinculado al PSOE.
Estas mismas fuentes indican estamos hablando de un perfil cercano a exministros que ya han participado en gobiernos del PSOE como Jordi Sevilla, extitular de Administraciones Públicas, expresidente de Red Eléctrica y actual consejero de Duro Felguera; Miguel Sebastián, exministro de Industria, Turismo y Comercio y consejero de Indra en representación de la SEPI; o Elena Salgado, exministra de Sanidad, Administraciones Públicas y de Economía y ahora consejera de Saba Infraestructuras.
Las fuentes consultadas por este medio también apuntan a figuras como Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación, experta en desarrollo de empresas biotecnológicas, exconsejera de Gas Natural y actual vocal de Caixabank o Carme Artigas, especialista en emprendimiento y ex secretaria de Estado de Inteligencia Artificial hasta hace pocos meses.
Credibilidad del vocal
En definitiva, un técnico con vinculaciones con el PSOE que tenga la suficiente experiencia como para no despertar sospechas en el mercado ni críticas de intervencionismo, pero con la cercanía necesaria para garantizar que se cumpla la agenda que el Gobierno quiere imponer en Telefónica. Un perfil profesional que ya haya pasado por las filas de Ejecutivo y que tenga amplia experiencia de gestión en ámbitos públicos y empresariales.
Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que el peso internacional, el tamaño de Telefónica y su credibilidad deben protegerse con este nombramiento, de manera que envíe un mensaje al mercado para no afectar los estándares de gobernanza de la compañía. Sánchez no puede situar a un político al uso en este sillón y por ello se ha puesto en marcha un proceso exhaustivo y lo más técnico posible.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó este jueves lo que era un secreto a voces: el Gobierno pedirá un sillón en el consejo de administrador de Telefónica cuando sea posible, aunque no reveló si tenía un candidato en mente: «No me corresponde a mí», señaló. La información confirma lo publicado por este diario hace tres días, indicando que el Ejecutivo, a través de la SEPI, pedirá una Junta Extraordinaria de Accionistas para solicitar este sillón ante la imposibilidad de solicitarlo en la Junta General del 12 de abril.
Capital de Telefónica
De hecho, este diario ha publicado que el objetivo es poder realizar esta Junta Extraordinaria antes del verano para tener más tiempo para elegir a este perfil y tener el margen necesario para comprar el máximo posible de acciones que les permitan tener por derecho propio este asiento en el consejo de administración.
Se debe llegar como mínimo al 6,7% del capital para no tener que negociar con el resto de accionistas de Telefónica. De momento, la SEPI ya declaró un 3,044% y otro 2% en derivados y durante todo este mes de abril seguirá con un plan de adquisiciones escalonado. El propio Gobierno ha indicado que el objetivo es alcanzar «en cuanto sea posible» el 10% con el que se convertiría en el primer accionista de la compañía.
Para ello ya ha autorizado el traspaso de 2.000 millones de euros desde el Ministerio de Hacienda a la SEPI, como ha revelado este diario, un montante que ha sido retirado de asignaciones a autonomías y ayuntamientos que el Gobierno considera que no utilizarán al reducir su deuda. A precio actual de mercado, estos recursos les alcanzaría para completar un 8,5% a un 9%. Se estima que la adquisición del primer paquete del 3% se realizó a un coste de 680 millones de euros que, sumado a los derivados, se eleva a los 1.180 millones, con un precio medio de la acción de 3,90 euros.
Posición de STC
Las prisas del Gobierno para consolidar cuanto antes su posición en Telefónica pasan por hacer frente y superar en el capital a Saudi Telecom (STC). En septiembre del año pasado, esta compañía afloró un 4,9% del capital y otro 5% adicional en derivados que está a la espera de la autorización del comité de inversiones extranjeras y del Ministerio de Defensa.
Sin esta autorización –que no hay constancia de que se haya producido–, STC tampoco puede pedir un asiento en el sillón de la compañía española, lo que le da tiempo a Moncloa a mover ficha en Telefónica. En su último informe anual, la árabe indicó que se daba plazo de un año para completar su plan original de tener un 9,9%. El plan del Ejecutivo es poder tener un sillón en la operadora antes que los saudíes.
