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Saudi Telecom mantiene su hoja de ruta en Telefónica pese al órdago del Gobierno

La compañía sigue ultimando los detalles para presentar su solicitud para subir hasta el 9,9% del capital de la operadora

Saudi Telecom mantiene su hoja de ruta en Telefónica pese al órdago del Gobierno

Stand de Telefónica durante el pasado MWC de Barcelona en febrero de este año. | Agencias.

Saudi Telecom (STC) mantiene inalterados sus planes de subir hasta el 9,9% en el capital en Telefónica si es que el Gobierno español lo autoriza. Fuentes oficiales de la compañía han indicado a THE OBJECTIVE que nada cambia en la hoja de ruta planteada por la operadora el pasado 5 de septiembre y que no se prevén cambios frente a la posibilidad real de que el Ejecutivo entre en la compañía con una participación minoritaria a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este martes, la SEPI confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está valorando comprar una participación en operadora de telecomunicaciones española. La SEPI indicó que viene «monitorizando» la situación de Telefónica y que está llevando a cabo un «análisis exploratorio interno» relativo a una «eventual adquisición de una participación accionarial». «Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición», concluye el comunicado.

La SEPI no se refiere a qué participación estaría valorando adquirir, sin embargo las informaciones publicadas por El Confidencial y confirmadas por este diario hablan de un porcentaje minoritario, pero relevante, cercano al 5%. Adquirir un porcentaje de este tamaño en Telefónica significaría un desembolso -a precios actuales de la acción- en torno a los 1.000 millones de euros.

Mohammed K. A. Al‐Faisal, presidente de Saudi Telecom, compañía que mantiene su interés en adquirir el 9,9% de Telefónica.
Mohammed K. A. Al‐Faisal, presidente de Saudi Telecom, compañía que mantiene su interés en adquirir el 9,9% de Telefónica. | Alejandra Svriz

Accionistas de Telefónica

La justificación a esta inversión en una empresa cotizada considerada «estratégica» por el Gobierno, respondería al interés de mantener «la españolidad» de Telefónica ante la arremetida de fondos inversores oportunistas o de fondos soberanos como STC. De concretarse, el movimiento se interpreta también como una forma de abrir la puerta a que más inversores entren en la compañía dejando la participación del Ejecutivo como un elemento de equilibrio entre las diferentes sensibilidades que puedan surgir dentro de la operadora.

Los saudíes tienen un 5% del capital de Telefónica, a la espera de que presenten su solicitud al Ejecutivo para subir hasta el 9,9%. Le sigue BlackRock con otro 5%, frente al 5% que tiene BBVA y el 5% de Caixabank. Si el Gobierno entra en el capital, las fuerzas quedarían equilibradas aunque con más de un 70% del capital en bolsa y un precio de la acción en mínimos históricos que llama a la entrada de inversores oportunistas que busquen rentabilidad inmediata.

En cualquier caso, donde verdaderamente se decidirá el futuro de Telefónica es en su consejo de administración. Actualmente BBVA y Caixabank tienen un consejero cada uno (dos vicepresidentes) y la intención de STC pasa por tener al menos un sillón en el organismo, dos si es que llega finalmente al 9,9% planificado. En el caso del Gobierno, y tomando como referencia sus movimientos en empresas en las que participa, lo normal sería que también tuviesen un sillón, precisamente para mantener este control de «españolidad» que utiliza para justificar su inversión.

Valoración de STC

Movimientos que no varían la hoja de ruta de STC. Los saudíes mantienen inalterable su plan presentado el pasado 5 de septiembre consistente en la compra del 4,9% de la compañía y otro 5% en derivados a la espera de obtener la autorización del Gobierno. De completarse este 9,9% serían el principal accionista de Telefónica, por encima de BBVA, Caixa y BlackRock y de la hipotética participación que estudia conseguir la SEPI.

El plan sigue adelante aunque la compañía sigue sin presentar oficialmente la solicitud al Gobierno. Fuentes de la operadora saudí han recordado que el proyecto sigue tomando forma y que se presentará pronto, aunque recuerdan que este retraso no significa que hayan desistido de sus planes iniciales. Todo lo contrario, siguen adelante con su interés financiero en la operadora, un movimiento que no tiene voluntad de incidir en la gestión de la compañía.

De hecho, en la presentación de sus resultados trimestrales, STC valoró la compra de una participación del 9,9% en Telefónica, como un hito en su «estrategia de expansión y crecimiento sostenible». «Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo con presencia en mercados principales como España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Esta inversión busca fortalecer la cooperación entre las dos compañías para que se beneficien de todas las oportunidades disponibles en el futuro», dijo su CEO Olayan Alwetaid.

Entrada en el Ibex

Respecto del interés del Gobierno de entrar en Telefónica a través de la SEPI, este diario publicó el martes que este movimiento es solo el primer paso para que el Ejecutivo tenga una participación relevante -aunque no mayoritaria- en las principales compañías españolas del selectivo español. El proyecto se justifica en proteger la «españolidad» de estas compañías consideradas estratégicas ante la eventual arremetida de fondos oportunistas.

El Ejecutivo cree que tener una participación no de control -pero relevante- en estas empresas del Ibex le permitiría entrar en sus consejos de administración para fomentar los intereses industriales del Ejecutivo dentro de estas empresas. Estamos hablando del «modelo francés», mediante el cual el gobierno galo tiene participación en sus grandes compañías estratégicas, aunque no es habitual en otros países de nuestro entorno.

Críticos de estos movimientos hablan de una renacionalización encubierta de Telefónica y de las empresas más importantes de España con el único interés del Gobierno controlar el sector productivo y con un elevado coste para las arcas públicas. El Estado salió de la operadora en 1997 como parte de un proceso global de venta de las empresas públicas, aunque con estos nuevos movimientos del Ejecutivo buscan revertir parte de este proceso de desinversión histórico.

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