El Gobierno acapara ya el 91% de los fondos europeos y deja apenas el 9% a las autonomías
La Comunidad de Madrid pide a Cuerpo que explique ya las condiciones de los préstamos del BEI
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. | Europa Press
La Adenda de los fondos Next Generation continúa sin desgranar y las comunidades autónomas siguen expectantes por saber cómo se va a vehicular ese capítulo de las ayudas europeas que sigue sin llegar, como sucede con el cuarto desembolso de las subvenciones. En este contexto, con los datos de la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se ha convertido ya en el principal tenedor del dinero, dado que en estos momentos ya gestiona el compromiso del 91% de los fondos, mientras que las administraciones regionales apenas gestionarán el 9% de los mismos.
Así lo suscribe el último ‘Informe sobre la ejecución, a 31 de marzo de 2024, del PRTR’, elaborado por la unidad Next Generation EU de la Consultora LLYC. Un informe donde, en efecto, el protagonismo estatal en la gestión del total del PRTR sigue incrementándose en la nueva fase de la Adenda, ya que, de los 72.589 millones de euros comprometidos en total, 47.862 millones de euros, un 65,9%, ha sido gestionado directamente por la AGE (el 31 de diciembre de 2023 era un 63,5%).
Según abunda el documento dirigido por Paloma Baena Olabe, directora de European Affairs Next Generation EU LLYC, el protagonismo del Estado será mayor aún con los préstamos de la Adenda, pues según el compromiso del Gobierno, solo el 21,5% de estos préstamos será de gestión autonómica.
En este impasse que queda por resolver, la Comunidad de Madrid -tal y como ha podido comprobar THE OBJECTIVE– ha cursado un escrito enviado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el que la consejera de Hacienda, Rocío Albert, plantea una cuestión, señalando de antemano que «las comunidades autónomas siguen sin tener conocimiento preciso del contenido precisamente de este último fondo que vendría a través de la Adenda con la intermediación del BEI». En este punto, Albert señala «lo sorprendente que resulta el papel tan relevante que, en atención a la declaración del Gobierno y las tuyas propias, tienen las comunidades autónomas en su ejecución y, por el contrario, el escaso volumen de información del que disponemos al respecto».
Sin detalles aún de la Adenda
Albert colige en su misiva que de las declaraciones del titular de la cartera de Economía se desprende que el Fondo de Resiliencia Autonómico anunciado se va articular a través de los préstamos del BEI, pero no tenemos detalle de los mismos ni de las características de los proyectos, o la gran duda para las comunidades autónomas: si su selección corresponderá al ministerio o al propio BEI», subraya.
Frente a esta situación de incertidumbre, a dos años vista del final del PRTR, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid solicita en su carta una reunión con los equipos de ambos para abordar este asunto, así como la celebración urgente también de una Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Cima de Negocios, dado que la última reunión de este tipo tuvo lugar hace más de un año.
Y más allá del reparto de los fondos que según todos los estudios recala fundamentalmente en el Estado, el informe de LLYC también recoge otros puntos de especial preocupación sobre la gestión de los fondos, como el bajo volumen de compromiso de fondos. De hecho, indica que el total de fondos del PRTR comprometidos en el primer trimestre de 2024 fue de 6.342 millones de euros, un dato 1.414 millones inferior al del primer trimestre de 2023, un 18,23% menos, a pesar de que se incluyen casi 2.000 millones de euros en préstamos de la Adenda.
Es también destacable, por otra parte, el adelgazamiento de las concesiones: menos concesiones directas, tanto que, «de las convocatorias lanzadas durante el primer trimestre de 2024, apenas se han resuelto 12 millones de euros, frente a la resolución de 1.187 millones en el primer trimestre de 2023, por la escasa presencia de concesiones directas hasta ahora en 2024» y la falta de noticias de la resolución de préstamos y avales, pues -apostilla la consultora-, «apenas se han localizado referencias de la resolución de convocatorias que incluyan préstamos de la Adenda, ni de la concesión de los programas de avales comprometidos también en base a esos préstamos».
«Un ejercicio recentralizador»
Al igual que el informe del LLYC, el economista y experto en fondos europeos, Santiago Sánchez López, insiste en que este plan del Gobierno de Pedro Sánchez «es el mayor ejercicio recentralizador de la historia de nuestra democracia, pues éste prometió que las comunidades autónomas gestionarían el 54% de los fondos del plan -recuerda-, y hasta ahora, sólo han pasado por sus manos el 38% del tramo de ayudas».
En opinión de Sánchez López, «con los fondos de la Adenda no va a ser mejor, pues el Gobierno ha delegado la gestión del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones de euros en el BEI, sin que el ministro de Economía o la vicepresidenta Montero informen a las comunidades autónomas sobre los criterios que servirá para determinar si se financia un determinado proyecto, las condiciones financieras que tendrán los préstamos o cómo se articulará el modelo de cogobernanza de este fondo».
El Gobierno -remacha el también profesor del Máster en Cooperativas de la Universidad Católica de Ávila (UCAV)- «no ha contado nunca con las comunidades autónomas ni en el diseño del plan ni en su ejecución ni en el planteamiento de la Adenda». Por eso -abunda- no puede recurrir al recurso populista de culpar de la impericia propia a las regiones, que hacen lo que pueden, aunque el gobierno les dicte inversiones que no se adaptan a las necesidades de sus territorios o que no tienen demanda por parte del tejido empresarial; y así -remata- es muy complicado que se pueda alcanzar el máximo aprovechamiento del plan de recuperación».
Demora estratégica del hidrógeno verde
El informe de LLYC apunta otra de las carencias del desempeño de los fondos Next Generation. En este caso, se trata de iniciativas que siguen pendientes de 2023, como ocurre con los Pertes, y en especial con el hidrógeno verde y la banda ancha. Y ahí la evidencia muestra que entre las convocatorias que debían salir en 2023 y finalmente han sido traspasadas a este semestre, destacan las de H2 Verde, como el IPCEI o la Cadena de Valor, así como las convocatorias para el despliegue de Banda Ancha, móvil y fija. Ninguna ha salido en el primer trimestre de 2024.
No aparece tampoco aún la convocatoria de Valles del Hidrógeno Verde: la última de las grandes convocatorias pendientes del PRTR, correspondiente a los denominados como Valles (o Clústeres) del Hidrógeno Verde, cuya publicación debía producirse antes del final de 2023 aunque nunca se ha incluido en los listados de previsiones del Gobierno, queda para el segundo semestre de 2024.
El informe también detalla que entre los Perte con mayor dotación de fondos, destaca el alto porcentaje de compromiso del Perte Vec (un 95,35%), si bien el de adjudicación es muy inferior (68,28%), lo que supone que se cuenta con remanentes para relanzar convocatorias del mismo programa sin aumentar su dotación.
