El presidente de PwC España dice necesitar una banca rentable para el crecimiento del país
En la presentación del informe ha señalado que «la rentabilidad es parte intrínseca y necesaria de las empresas»
El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez. | Servidemia
El presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, manifestó que «los resultados del sector financiero son una noticia positiva para la sociedad en su conjunto: fortalecen la capacidad de dar crédito a empresas y particulares para que puedan hacer sus inversiones y emprender sus proyectos, contribuyen a la creación de empleo de calidad, impulsan el crecimiento económico y fomentan el progreso social«.
Lo dijo durante la presentación del informe ‘Unión Bancaria, ¿retorno a la rentabilidad?’, elaborado por PwC, y que ha contado con la presencia de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. El presidente de PwC España considera que “las entidades financieras llevan muchos años haciendo sus deberes y respondiendo como la sociedad y las empresas esperan de ellas, y es momento de ponerlas en valor”. Los bancos han cumplido con su función en el ciclo COVID y en todos estos años de bajos tipos de interés”, ha asegurado.
Sánchez ha hecho balance también de la evolución de la economía española y europea en 2023. “Ha sido un año mejor de lo esperado, donde los principales países de la Unión Europea han mostrado su capacidad de resiliencia. España ha sorprendido con un crecimiento del 2,5%, apalancado en el consumo público y privado, y a pesar de los efectos que ha tenido la inflación en el poder adquisitivo de las familias”, indicó. De cara a los próximos meses, el presidente de PwC estima que “seguiremos inmersos en una fase de aterrizaje suave tras el pico de inflación posterior a la pandemia y como consecuencia de la enorme inyección monetaria que hubo en el sistema”.
Para 2024, concluye el máximo responsable de PwC España, “pensamos que el crecimiento va a ser más moderado, la inversión más ajustada y los gastos financieros alejados ya del dinero sin coste de hace tan solo un par de años. En este marco, España sigue teniendo asignaturas pendientes como la mejora de la productividad, la consolidación fiscal o la sostenibilidad de su crecimiento para el repago de la deuda acumulada. En este entorno estabilizado, pero en aterrizaje y con grandes retos, seguirá siendo crítico asegurar el flujo financiero al sistema. Los bancos realizan una función esencial para la economía y la sociedad, que es la canalización del ahorro a la inversión”.
El informe ‘Unión Bancaria, ¿retorno a la rentabilidad?’, es el undécimo de una serie sobre la nueva regulación del sector financiero que elabora PwC desde 2014. Precisamente, el próximo mes de noviembre se cumplirá el décimo aniversario de la puesta en marcha de la Unión Bancaria, que arroja un resultado abiertamente positivo para el sector financiero: las entidades han mejorado sustancialmente tanto la calidad de sus balances y como sus indicadores de capital.
Sin embargo, el estudio recoge algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan la banca española y europea, que tienen que ver con el aumento de la presión supervisora, y la necesidad de poner el foco en el riesgo de crédito y en los riesgos no financieros, especialmente, los relacionados con el cambio climático, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
El estudio entra a fondo en las preocupaciones actuales de las entidades financieras que están relacionadas con el aumento de la presión supervisora en diferentes frentes. El más evidente es el de los resultados del examen anual (SREP, por sus siglas en inglés) que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) pone a los bancos europeos, y que en 2023 se saldó con un aumento de los requerimientos mínimos de capital, por la aplicación de colchones anticíclicos en algunos países.
Pero, además, señala que el supervisor está endureciendo su estrategia de presión y, a partir de ahora, las sanciones pueden a jugar un papel relevante. La cabeza de puente de este enfoque más agresivo es la política de sostenibilidad. El MUS está insatisfecho con el ritmo de cumplimiento de las entidades en materia de valoración del riesgo climático. Esta estrategia punitiva se puede extender a otras áreas, como la gobernanza, el reporting o la sostenibilidad del modelo de negocio, donde también se han detectado debilidades.
Dice que de forma más sutil, pero también significativa, la autoridad supervisora está asimismo apremiando a las entidades financieras para que extremen la vigilancia sobre el riesgo de crédito. Aunque las tasas de morosidad están contenidas, tanto en España como en la Unión Europea, el MUS ha incrementado su presión para ajustar la política de las entidades a través de diferentes vías. Otro frente que las entidades financieras han de atender es el de los cambios en la regulación y la supervisión relacionados con las tensiones en los tipos de interés y la liquidez, dos de los principales riesgos estructurales a los que se exponen las instituciones de crédito.
Riesgos no financieros
Indica que el sistema financiero tiene ante sí desafíos («nuevos y no tan nuevos») que son ajenos en principio a la propia esencia de su negocio de intermediación financiera, pero que determinan su desarrollo y viabilidad en el futuro. De la política de sostenibilidad y los riesgos medioambientales apunta que ocupan un año más un lugar elevado de su lista de prioridades, y no solo porque el supervisor haya amenazado con multas diarias a las entidades que incumplan su plan de reducción de emisiones. Además, está en marcha un test de estrés climático, en el que los bancos han de desnudar la exposición de clientes y sectores, y ya está en vigor la nueva directiva europea sobre información corporativa de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que también va a suponer un esfuerzo considerable de transparencia.
Sobre los delitos contra la seguridad cibernética expone que las incidencias son cada vez más frecuentes y la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación de primer nivel para reguladores y supervisores, así como para las propias entidades. «La respuesta normativa es DORA, un reglamento que será aplicable desde principios de 2025, y que pretende garantizar la capacidad del sector financiero para hacer frente a los riesgos tecnológicos y de seguridad de la información. La adaptación no va a ser nada sencilla, porque DORA incluye numerosas obligaciones en materia de gobernanza, gestión del riesgo, notificaciones e intercambio de información», agrega.
En relación a la inteligencia artificial generativa expone que «esta amalgama de riesgos financieros y no financieros» se ha unido en los últimos tiempos la explosión de la inteligencia artificial (IA), cuyo desarrollo tiene un impacto potencial de transformación o ruptura de los modelos de gestión, en especial en términos de productividad.
«La IA no es un concepto nuevo para los bancos. Lo que sí es nuevo es la eclosión de la inteligencia artificial generativa, cuyos modelos pueden comunicarse como un ser humano, lo cual les permite abordar una gran cantidad de tareas hasta ahora reservadas a las personas. Pero las inmensas posibilidades que abre la IA generan también incertidumbres sobre la manera eficiente de utilizarla, dónde hay que invertir y cuáles son sus contraindicaciones en aspectos como la gobernanza, la ética o la privacidad», indica.
Finalmente, el informe también pone sobre la mesa el debate sobre la rentabilidad de la banca, que da título al estudio. La mejora de la cuenta de resultados de los bancos ha sido provocada, fundamentalmente, por la subida de los tipos de interés oficiales, que ha facilitado el aumento de los márgenes, y ha llevado a muchas entidades, sobre todo en España, a obtener beneficios récord en 2023, con el consiguiente efecto negativo en parte de la opinión pública, que considera que la rentabilidad de la banca es excesiva.
Dice que el sector bancario arrastra desde la crisis financiera de 2008 («y su corolario, el rescate de muchas entidades, en su gran mayoría cajas de ahorro)» un problema de reputación, que solo se pudo mitigar en parte con su gestión solidaria de la pandemia de coronavirus. El fuerte aumento de los beneficios en 2023 (un 26,8% para las cinco mayores entidades) no ha hecho más que resucitar la controversia, alimentada también en parte por la supuesta justificación que dichos resultados suponen para el mantenimiento del impuesto especial sobre la banca.
Frente a esta corriente de opinión, asegura que los inversores creen que la rentabilidad de la banca no es suficiente. «Al menos, eso se deduce del hecho de que el precio de la acción de la mayor parte de los bancos españoles y europeos sigue por debajo de su valor en libros, lo cual es un síntoma de falta de confianza en la capacidad del sector para seguir generando beneficios en el futuro. Pese a que en 2023 la cotización de las acciones de los principales bancos españoles subió más de un 25%, solo una tenía a principios de 2024 un precio por encima de su valor en libros, mientras otra se situaba muy cerca del equilibrio. El resto estaba por debajo. En Europa, la situación era aún peor», concluye.
