Los expertos creen que la 'vuelta' de Sánchez conllevará una «prima de riesgo en la sombra»
Consideran que la inversión extranjera seguirá cayendo por el deterioro del marco institucional de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La seguridad jurídica y por tanto la estabilidad del marco institucional es una de las variables que sirven para medir la salud de la economía de un país. Autores como Daron Acemoglu y James Robinson así lo analizaron en su libro ¿Por qué fracasan los países?, documento en el cual determinan que el elemento clave para explicar las diferencias de prosperidad entre países, se debe en buena parte a las calidad de las instituciones, distinguiendo entre dos tipos: las instituciones excluyentes de las inclusivas, que son aquellas en las que más individuos están incluidos en los procesos de gobernanza.
Desde ese prisma, THE OBJECTIVE ha conversado con un grupo de expertos para que opinen sobre las consecuencias económicas que puede tener la decisión de Sánchez de volver, o más bien de seguir, pues es evidente que nunca se fue de la Presidencia del Gobierno, tras cinco días de reflexión.
La conclusión a la que llegan los expertos, más allá del «sainete» generado, de la «pirueta irresponsable» o de la «telenovela no digna de un primer ministro» -como rubrica el diario alemán Der Spiegel– generada; es que el contenido del discurso deteriora la imagen de España, nos hace menos creíbles ante nuestros socios europeos, aumenta más la incertidumbre sobre nuestro modelo institucional y, fundamentalmente, ahuyenta las inversiones extranjeras -el último dato habla de una caída ya del 18%- y, acarrea tras de sí una prima de riesgo en la sombra que, más allá de los bonos, nos penaliza en los mercado.
Además, y con una Comisión Europea missing in action, al menos hasta que se conforme el próximo gobierno en Bruselas; nuestra economía -resuelven- quedará en manos de mayor intervencionismo, más gasto público, a lo que se añade otro escenario negativo, una falta de presupuestos con las elevadas cifras de deuda y déficit público y con la tasa de paro in crescendo.
«El disfraz de la progresía»
El economista José María Rotellar, director del Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria, es de los primeros en abordar este asunto con nuestro diario. En su opinión, «Sánchez, una vez más, vuelve a sembrar incertidumbre con el espectáculo dado, propio de una república bananera. Esto no hace ningún favor a la economía española, ya maltrecha estructuralmente por su política económica, aunque venda otra cosa con el barniz que le permite lucir la anestesia de gasto público. Sánchez -apostilla- ha hecho, con su pirueta irresponsable de estos cinco días, que España sea un país menos creíble, y eso la economía lo paga, ya que ahuyenta inversiones, y eso es actividad y empleo que se pierde».
Para Daniel Lacalle, el discurso del presidente no va a cambiar gran cosa. Ahora bien, «si esto que estamos viviendo lo llega a hacer Polonia, Hungría o, Italia, la caterva mediática ya les estarían llamando antieuropeos y antidemócratas». Sin embargo -continúa-, Sánchez lo que hace es lo mismo de lo que acusa a otros gobiernos, que en realidad no hacen eso. Empíricamente, actúa como el castrismo, como Maduro. Y eso es aberrante. Dicho esto -precisa-, no va a pasar nada, entre otras cosas, porque la UE está missing in action y, además, él ya sabe que tiene toda la capacidad de hacer lo que le dé la gana, de ser todo lo autoritario, antidemocrático que quiera, como hasta ahora, siempre que utilice el disfraz de la progresía. Por tanto -vaticina-, va a pasar lo que ya está empezando a pasar. Y es que las inversiones extranjeras seguirán cayendo, como hasta ahora, un 18%, teniendo en cuenta que deberían estar creciendo un 10%».
Nuestro colaborador y economista Diego Barceló mide el calibre de las consecuencias afirmando que el impacto de esto «es más una erosión que una explosión. Todo va minando la confianza», apunta Barceló, no sin añadir que, «cuanto más se deteriore la confianza, tarde o temprano, los efectos serán visibles. De manera que, estamos ante una gradual pérdida de confianza que se une a la mayor presión tributaria e incrementos de costes que decide el gobierno (MEI, salario mínimo), para peor, al mismo tiempo que cae la productividad».
El economista y colaborador de TO Javier Santacruz también analiza las posibles consecuencias y en este sentido mantiene que el primer efecto será la caída de la inversión extranjera. «Vamos a seguir viendo salidas de inversiones -dice-, lo que de otro modo se podría acuñar como una prima de riesgo en la sombra. Y es que al potencial inversor -explica- le tienes que dar ciertas garantías de una rentabilidad adicional. En el fondo -agrega Santacruz-, estamos ante un escenario que provoca mayor inseguridad jurídica, más incertidumbre, más dependencia por ese mayor intervencionismo que estamos viendo en casos como Telefónica, en los que el Gobierno parece operar para ahuyentar operaciones a precio de saldo, y lo que ha hecho es hacer crecer una prima de riesgo en la sombra, porque, más allá de los bonos, tú tienes que salir al mercado y ver hasta dónde está dispuesto de pagar el inversor».
El precio de los «avalistas»
Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket Corporative Intelligence, especializada en estrategia y operaciones, comparte con Lacalle la idea de que la Comisión Europea «no va hacer nada, porque está de salida». Ahora, apercibe, «si, como parece, habrá una recomposicion sustancial de fuerzas a la derecha, Sánchez tendrá problemas».
Clemente Polo, catedrático emérito en Universidad Abad Oliba (CEU), habla del sainete del miércoles afirmando que no tendrá efectos apreciables en la economía española, «aunque hay pocas dudas también sobre el efecto negativo en nuestra economía de los compromisos adquiridos en los pactos de investidura como son: la condonación de una parte de la deuda de Cataluña, el traspaso de la gestión de la SS y las competencias sobre fronteras y, la financiación singular para Cataluña. Algunos de sus avalistas -apunta- ya le han dejado claro su exigencia de celebrar un referéndum de autodeterminación en esta legislatura. Y es que a Sánchez, como a las marionetas -apostilla-, lo sostienen hilos cada vez más finos y gastados. Y de momento -concluye- ni siquiera ha sido capaz de hilvanar unos PGE para 2024 y lo más probable es que caiga con estrépito en cuanto alguno de sus avalistas decida abrir la mano en lugar de apretarla».
El economista y empresario José Ramón Riera es de los que opina que a nuestro presidente no le preocupa la economía, por lo tanto ésta se va a mover por la propia inercia que le den los empresarios. «El gran problema -anticipa- va a venir del lado del Estado, que sin Presupuesto Generales y con unos incrementos de gasto ya conocidos de casi 11.000 millones en pensiones, entre 6.000/7.000 millones en intereses de la deuda, 8.000 millones de más salarios públicos, más, la necesidad de aportar unos 12.000 millones más a Defensa, la broma sube a 37.000 millones más de gastos sin contar con el resto de gastos, y otros gastos que pueden llevarnos a una deriva de más de 50.000 millones que en 2023, que ya sumamos 678.000 millones». «Si a eso le añadimos el problema de que en 2024 nos vencen 190.000 millones de deuda que vamos a ir renovando a mayores tipos de interés -señala- y, que a partir de julio el BCE va a no renovar deuda, la gran pregunta va a ser: ¿Es capaz nuestra economía de generar otros 60.000 millones extras para que el déficit no se dispare?».
Julián Salcedo Gómez, socio Director de CEFYRE, es contundente: «La economía española no va bien, se está desacelerando (no desde ahora, desde hace dos años) porque no se han introducido medidas estructurales, tan solo coyunturales. Y se ha seguido -apostilla- con la política de gasto público desenfrenado, que ahora toca recortar». «Hay que reducir -defiende-, sí o sí, este mismo año, para cumplir con las reglas fiscales de la UE -déficit al 3% y deuda pública al 90%-. Pero el gobierno de Sánchez no ha gobernado nunca, ni sabe gobernar, sin utilizar esa política de regar con dinero público». Además -indica-, «solo se ha creado empleo público, muy poco privado, y el número de horas trabajadas por los funcionarios ha caído hasta las 30 horas a la semana, con un incremento del absentismo laboral muy importante». Para terminar su análisis, Salcedo Gómez añade otros datos como el de la IED inversión extranjera directa de los extranjeros, que «en España cayó en 2023 un 19%, y yo creo que en lo que va de año estará cayendo más, por lo que todo ello es una muestra -resuelve- de la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica con la que se encuentran los inversores, unido a la incertidumbre que planea cuando se celebren las elecciones en Cataluña, con el cupo catalán a imagen del vasco, la hacienda catalana y, la condonación de deuda)».
Temor a la improvisación fiscal
Para José Carlos Díez, economista y associate partner en LUAfund, «el mayor problema -de las declaración de intenciones de Pedro Sánchez- era que afectase a la prima de riesgo con Alemania, pero se ha mantenido estable. Además -añade-, la bolsa española ha subido en la última semana. El otro efecto -señala- es sobre las decisiones de inversión de las empresas en España, que es más complicado de medir, pero evidentemente -manifiesta-, esta incertidumbre provocada por el presidente no ayuda».
El economista Santiago Sánchez López también explica a THE OBJECTIVE las consecuencias del movimiento de Sánchez, con cuatro efectos: desconfiaza de los inversores -pues, «la incertidumbre política puede llevar a los inversores, tanto nacionales como internacionales, a reevaluar el riesgo asociado a la inversión en nuestro país»; volatilidad en los mercados de valores -«la Bolsa española está experimentando un muy buen arranque de año, situándose en máximos pero, si se percibe que España se instala en un proceso peronista e intervencionista, las acciones de las empresas españolas cotizadas pueden verse afectadas en el largo plazo por el incremento del riesgo político»-; el impacto en el sector empresarial -con improvisación fiscal y normativa bajo la exigencia de los socios del Gobierno, lo que puede provocar que las empresas retrasen o cancelen proyectos de inversión, lo que afectaría el empleo y el crecimiento económico-.
Y, por último -subraya-, la imagen internacional, pues «los titulares de la prensa internacional durante estos días confirman el deterioro de la imagen de España y no podemos permitirnos dudas en la confianza general en el país y en la percepción de España como socio estable en las relaciones comerciales internacionales. Si no fuera por el paraguas de la Unión Europea -sostiene Sánchez López-, hace mucho tiempo que nuestro país estaría sufriendo mucho en los mercados de deuda».
Efectos de elevada persistencia
Este pasado lunes, y con motivo de la presentación de un último informe de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, el órgano regulador detectó que uno de los restos estructurales pendientes de la economía española es el marco institucional. En este sentido, el BdE afirma que en nuestro caso «existe margen para mejorar la calidad regulatoria en nuestro país, que no solo afecta al tamaño empresarial y la productividad, sino también a la eficacia del sistema judicial».
Un argumento que se sustenta en el amplio consenso de la literatura académica que insiste en que, «el marco institucional, y más en concreto, la calidad de las instituciones y el grado de confianza que generan en los distintos agentes económicos son un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo». Además, apunta el BdE, de igual modo, «existe evidencia empírica para señalar que las pérdidas de confianza en las instituciones tienden a ser relativamente duraderas, por lo que sus efectos económicos también pueden presentar una elevada persistencia».
Por otra parte, este lunes, más de 12 asociaciones -de las que forman parte más de 5.000 personas- relacionadas con fiscales, notarios, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, letrados, inspectores de trabajo, magistrados y policías entre otros, celebraron en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid un acto -seguido por este medio- en el que leyeron un manifiesto y pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho, de la separación de poderes y, en el que también se debatió de los valores constitucionales en crisis y de la igualdad, el mérito y la capacidad en la función pública.
Europa y el valor de las instituciones
Ada Garriga, directora del International Law Certificate de la Universitat Abat Oliba CEU se centra por su parte en las elecciones europeas argumentando que como en este momento estos comicios eclipsan el tema de Sánchez «porque hay una campaña que hacer, y en general los lideres europeos están aliviados por la decisión de permanecer de Sanchez, precisamente por la estabilidad que puede dar al país en estos momentos de elecciones europeas. Pero -reflexiona-, «la suspensión ha sido mal vista por Europa porque cuando hay indicios de corrupción en los políticos de países europeos, es causa de dimisión inmediata. Está muy mal vista la corrupción -sostiene- en especial en los países nórdicos donde apenas hay y enseguida hay dimisiones si hay mínimos indicios».
«Esta actuación de Sánchez -remata Garriga- transmite inestabilidad institucional y democrática, merma nuestra imagen internacional de democracia sólida, responsable, profesional, confiable y pone en duda el papel de los jueces en España, la división de poderes y, la gravedad de una tensión política que no es real».
Rafael Pampillón, catedrático Emérito de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo y, profesor en el IE Business School se centra en las recientes declaraciones del Gobernador del Banco de España, quien ha señalado que el grado de confianza que generan las instituciones en los agentes económicos son un determinante fundamental del crecimiento a largo plazo. Efectivamente, apostilla Pampillón, «la clave del éxito económico se basa en el buen funcionamiento de las instituciones: sistemas políticos libres y, por tanto, democráticos, los mercados de libre competencia, la libertad de prensa, el buen funcionamiento del Estado de Derecho, los derechos de propiedad bien especificados y reforzado, la seguridad jurídica, la independencia del poder judicial y el buen funcionamiento de los sistemas legales».
En cambio -abunda este catedrático-, «el fracaso de una economía viene por la destrucción paulatina del buen funcionamiento y de la independencia de las instituciones. Y se pierde la confianza -sentencia- cuando el partido en el poder intenta nacionalizar las empresas privadas, mediatizar los medios de comunicación, apoderarse del sector judicial, colonizar a los reguladores independientes, penalizar fiscalmente a las empresas, amenazar y acosar a los empresarios y socavar los derechos de propiedad».
