La industria reclama al Gobierno 700 millones para competir en igualdad con la UE
Las fábricas se quejan de estar «perjudicadas» y tratan de presionar al ministro para que rectifique
El ministro de Industria, Jordi Hereu. | EuropaPress
La industria, en uno de los meses más importantes del año para su producción por los bajos precios de la energía, clama contra el Gobierno por la desventaja competitiva que tienen frente al resto de países de nuestro entorno. Desde la patronal industrial, aseguran que, entre 2023 y 2024, el Ejecutivo se ha ahorrado 700 millones de euros que deberían haber sido canalizados a las fábricas de país para compensar sus pagos extra por el consumo de Co2 (dióxido de carbono).
Fuentes del sector industrial aseguran que «este año les preocupa mucho las ayudas compensatorias del Co2, porque lo que anunció el ministro de Industria, Jordi Hereu, es que les iba a dar menos del 40% de lo que les correspondería. El ministro apuntó a una dotación de 300 millones de euros aproximadamente, pero la estimación de la industria -teniendo en cuenta el impacto del Co2 en la factura que han pagado (cuya media fue de 85 euros por tonelada de Co2)- sería una cifra cercana a los 850 millones de euros». Una diferencia de 550 millones de euros este año, a la que habría que sumarle los otros 200 millones que se ahorraron el pasado año. Una realidad que, sostienen desde el sector, no ocurre en otros países, como Francia y Alemania.
Las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de Co2 fueron creadas por la Comisión Europea para que la industria española (y europea) no se deslocalizara hacia otros mercados del mundo donde no existen los pagos extra por Co2, como China o Marruecos. De esta forma, de las más de 8.000 horas del año, el Gobierno analiza y subraya aquellas horas donde el precio del mercado lo fija la central del gas. Y esta, como generadora, oferta su gas a la industria más un recargo de Co2 (es decir, lo que le cuesta emitir con la compra de los derechos de dióxido de carbono).
«El problema es cuando esta medida no se aplica de forma homogénea en todos los países. En España no solo tenemos que pagar el Co2, sino que además no nos dan esa compensación. Por lo que estamos doblemente perjudicados», comentan fuentes de la patronal industrial. De momento, continúan en su intento de convencer al ministro de Industria para que les atienda a sus peticiones. Sin embargo, existen dudas sobre cómo se podrán introducir esas ayudas este año. «Una de las fórmulas que había para introducir la cantidad de la compensación del Co2 era a través del los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero el Gobierno desistió con presentarlos», apuntan.
En noviembre del pasado año, el Ministerio de Industria adjudicó 229 millones de euros en ayudas al CO2 destinadas a la gran industria. Una cantidad que, fuentes del sector, señalan que fue insuficiente porque debía haber sido de 450 millones de euros. Por sectores, la mayor cuantía correpondió al sector de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones con el 33,3%, seguido del papel con el 20,3%.
A principios de este año, se lanzó la primera línea de ayudas para la descarbonización industrial. El objetivo, según el Gobierno, es «apoyar las actuaciones llevadas a cabo por las industrias nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la descarbonización de fuentes de energía con la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno, gestión energética integral de procesos industriales, reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono, entre otras líneas de actuación».
Un plan, este último, que desde el sector industrial se ha criticado en diversas ocasiones. «La partida de los proyectos de Co2 y los objetivos del Perte son modestos. Se quieren transformar 210 empresas con un dinero disponible que es muy inferior. Además, los plazos que están fijados en el proyecto de descarbonización son hoy imposibles de cumplir. Y dentro de este, la captura de carbono y el almacenamiento no son un objetivo central para el Gobierno, aunque sí lo es para la Comisión Europea», sentencian.
Por último, la cobertura de 600 millones de euros que el Gobierno, a través del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), aprobó para ayudar a la industria a obtener contratos de energía renovable a largo plazo sigue estancada. Una medida que recibió luz verde en 2020 y que solo se ha utilizado una vez: el pasado mes de abril entre las compañías privadas Sonnedix y Sidenor.
