La SEPI busca bufete para recuperar en La Haya los impagos de Petróleos de Venezuela
Tras el fracaso de un primer contrato, ahora ofrece 3,2 millones para recobrar seis millones de euros de deuda
La SEPI busca que la petrolera estatal venezolana afronte una deuda de hace más de una década. En la imagen, el presidente venezolano Nicolás Maduro. | Europa Press
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) batallará en la Corte de Arbitraje de La Haya para recuperar la deuda contraída por Bariven, la filial de compras de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Para ello busca un despacho de abogados, al que pagará hasta 3,2 millones de euros, para reclamar los impagos venezolanos, que suman algo más de seis millones de euros, incluidos los intereses de demora.
El contrato, al que ha accedido THE OBJECTIVE, ha sufrido varias modificaciones, incluida la rectificación del pliego y la ampliación de plazos, desde que en diciembre de 2023 se anunciase la licitación. Los bufetes interesados han tenido hasta el pasado 23 de abril para presentar sus ofertas. En 2021 ya se lanzó un contrato similar, que quedó desierto, al no suscitar interés por ningún despacho. El importe, de 1,7 millones, fue una de las razones por las que las empresas no se movilizaron. En ese momento se reclamaban en torno a 3,5 millones, incluidos intereses.
Deuda con la SEPI
Antes de lanzar la primera licitación, la SEPI trató sin éxito el cobro extrajudicial de la deuda contraída por la filial de Petróleos de Venezuela. Incluso se remitió una carta al embajador de Venezuela en el verano de 2016 para llegar a un pacto para recuperar el dinero. Nuevamente el silencio fue la respuesta de Venezuela.
Ahora, Cofivacasa, filial de SEPI encargada de la liquidación de sociedades estatales, ha impulsado el contrato con un plazo de ejecución de cuatro años. El lugar de ejecución del contrato será principalmente La Haya, sede de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El contrato, si finalmente se adjudica, se gestionará bajo la coordinación, supervisión, control y seguimiento de Cofivicasa. El pliego, que contempla penalizaciones por determinados incumplimientos, que se ejercerá mediante las instrucciones necesarias «con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada».
Condiciones del contrato
Entre las exigencias al adjudicatario está acreditar diez procedimientos de arbitraje internacional (comerciales o de inversión) de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los últimos cinco años. También preve que los medios humanos adscritos a la ejecución de los servicios objeto del contrato, con experiencias profesionales mínimas (colegiación) de 15 años en el caso del responsable de la ejecución del contrato (abogado socio). En el caso del abogado sénior, serían diez años.
El rol de la SEPI no se limita a rentabilizar las participaciones empresariales. Uno de sus papeles es reclamar pagos pendientes y emprender acciones legales si fuera necesario y cueste lo que cueste. En el caso de la venezolana Bariven, los costes judiciales pueden superar los tres millones, más de la mitad de lo que se pretende recuperar. Consciente de la complejidad del caso, que se puede alargar durante años, la filial de SEPI no exigirá garantías a la empresa adjudicataria para llevar a cabo el proceso. Esta cláusula puede hacer algo más atractivo el encargo.
El proyecto de Venezuela
La deuda que reclama ahora la SEPI a la empresa petrolera venezolana tiene que ver con numerosas facturas que Bariven dejó a deber dentro del acuerdo comercial con Cofivacasa. El objeto era la fabricación de unos intercambiadores de calor. La empresa propiedad del Gobierno venezolano destinó estos sistemas a la construcción de la primera fase de la refinería Batalla de Santa Inés. Éste era un macroproyecto presupuestado en 2.700 millones de euros. El objetivo era, en un primer momento, producir 100.000 barriles diarios de crudo para abastecer la demanda de combustible de los estados Barinas, Portuguesa, Táchira y Mérida.
La factoría, ubicada en el estado venezolano de Barinas, inicialmente iba a ser inaugurada en 2010. En 2019, según informó la publicación especializada Petroguía, Petróleos de Venezuela descartó la realización del proyecto de la refinería de Santa Inés. El proyecto, que finalmente resultó inviable, se había convertido en una de las propuestas bandera del presidente Hugo Chávez. El complejo será referencia mundial gracias a un convenio entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía francesa Axens, por lo cual operará con tecnología de avanzada que permitirá producir crudo de alta calidad.
