El escándalo de los amaños salpica a Enyse, una filial de Vinci que vive de la pública ADIF
En torno a la mitad de los ingresos de esta compañía dependen de las adjudicaciones públicas para la red ferroviaria
Enclavamientos y Señalización Ferroviaria (Enyse) es una compañía que se ha visto favorecida por contratos de la administración pública adjudicados por el Ministerio de Transportes en los últimos años. Esta semana THE OBJECTIVE ha publicado diferentes presuntos amaños validados por Ángel Contreras, actual presidente de la empresa estatal ADIF, adscrita al departamento que lidera Óscar Puente.
Uno de ellos sirvió para que una alianza entre el grupo alemán Siemens y la española FCC -propiedad del mexicano Carlos Slim- se hiciera con las obras de una mejora de un tramo ferroviario entre Badajoz y Sevilla por un importe de algo más de 20 millones. Con el otro, según devela este jueves este periódico, ADIF trató de que Enyse ganara una licitación valorada en 28 millones de euros, aunque finalmente no lo logró, porque ofreció una oferta baja temeraria.
Enyse es una filial del conglomerado francés Vinci, especializada en instalaciones ferroviarias, cuyo negocio depende en gran medida de los contratos de ADIF. El grupo galo se hizo con esta compañía a finales de 2021 en el marco de la adquisición de Cobra, la división industrial de ACS. Entonces, la constructora de Florentino Pérez logró unos ingresos de 4.900 millones -2.900 millones en plusvalías-, por lo que se consideraba que era su joya de la corona.
Desde el cierre de esta transacción, Enyse se encuentra bajo el paraguas de Vinci. La sociedad ferroviaria representa solo una pequeña parte de su actividad, pero la evolución de sus ingresos y cuentas a cobrar está ligada a las adjudicaciones de ADIF. Las últimas cuentas disponibles, de 2022, indican que casi la mitad (un 46%) de su facturación de clientes procede del gestor de la infraestructura de los trenes que preside en la actualidad Contreras.
Tan es así, que en el informe anual de dicho año Enyse señala este hecho como uno de sus principales riesgos financieros. Y explica que el importe neto de su cifra de negocios con ADIF fue de 21,54 millones de euros, una cantidad que contrasta con los 19,3 millones del ejercicio anterior. Aunque la subida es limitada, el peso de las adjudicaciones de la firma estatal sobre sus ventas se eleva significativamente, ya que en 2021 representaba el 26%.
Pese a la dependencia que tienen los contratos públicos sobre sus resultados operativos, la filial de Vinci sostiene que este riesgo está «acotado» por la elevada solvencia que tiene la compañía pública. Además, hay que reseñar que tiene otros clientes en cartera y está presente en otros mercados. Entre ellos, Enyse subraya la importancia que tienen las obras de mantenimiento para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y para la Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile.
Duplica beneficios en un solo año
Las cuentas de la franquicia del grupo francés, a las que ha accedido este periódico a través de Insight View, reflejan que el beneficio neto fue 1,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 100% sobre las ganancias obtenidas en 2021, que fueron de algo menos de un millón.
En 2023, previsiblemente, estos números habrán crecido exponencialmente, debido a que Enyse fue engordando su cartera de pedidos de ADIF. Tras el amaño que finalmente no fructificó, fuentes del sector resaltan que esta empresa se ha llevado buena parte de los contratos de señalización de las vías del tren en nuestro país.
A cierre de 2022, la propia filial del conglomerado francés esperaba adjudicarse diferentes obras. Entre ellas se encuentran las previstas para un tramo entre Torrelavega y Astillero (Cantabria); un acceso a Palencia; varios en Guadalajara; y otro entre Soto del Real y Colmenar Viejo (Madrid).
Contreras por entonces era director general de Conservación y Mantenimiento de la compañía pública. Desde diciembre del ejercicio pasado, es presidente de ADIF. El responsable ha defendido su actuación tras las revelaciones de THE OBJECTIVE, asegurando que el «Comité de Ética analizó y valoró los hechos» y más adelante este mismo órgano del ente público «concluyó que no existían indicios racionales de actuación ilícita ni de incumplimiento o irregularidad que hiciese necesario adoptar medidas correctoras». El ministro Puente ha descartado su destitución, saliendo en su apoyo, mientras que el PP ha reclamado la comparecencia en el Senado del jefe de ADIF.