La Intervención General del Estado investigará los dos contratos amañados por ADIF
La suma total de ambos se cifra en 48 millones de euros y están financiados a través de los fondos europeos
El presidente de ADIF, Ángel Contreras. | Europa Press
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) abrirá una investigación sobre los dos contratos amañados que han sido desvelados por THE OBJECTIVE durante esta semana. Fuentes jurídicas aseguran que este órgano es el encargado del control interno del sector público estatal y que, además, es el gestor de la contabilidad pública. En concreto, se buscará que la compañía pública dé explicaciones por los dos contratos que afectan a los tramos de Los Rosales-Zafra y Villanueva de la Serena y Brazatortas. La suma total de ambos se cifra en 48 millones de euros y están financiados a través de los fondos europeos.
Las mismas fuentes jurídicas subrayan que la IGAE, como órgano de control, se le encomienda el encargo de verificar el control financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones. Además, se busca que la actividad económica y financiera del sector público estatal se adecue a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Junto a este organismo también se encuentra la Fiscalía Anticorrupción, que podría abrir diligencias tras la información publicada.
El presidente de ADIF, Ángel Contreras, ha preparado ya el terreno para su defensa y en estos días ha buscado cerrar los posibles imprevistos surgidos tras las dos informaciones que le comprometen. Así, la postura oficial, tanto suya como de la compañía, es que «se recabó información sobre la gestión interna del expediente y, en especial, se analizó la tramitación del procedimiento de valoración de ofertas y la justificación de las valoraciones realizadas por el equipo de ADIF (…) y que el Comité de Ética concluyó que no existían indicios racionales de actuación ilícita ni de incumplimiento o irregularidad que hiciesen necesario adoptar medidas correctoras, razones por las que archivó el expediente».
Alcance limitado
No obstante, la eficacia de la Intervención General de la Administración del Estado para cercar a empresas públicas es limitada. Así, hace un año, a principios de 2023, ADIF abrió una investigación interna por presuntas irregularidades en contratos que favorecían a la compañía OPR, tal y como contó en primicia este periódico. A los pocos días, la propia empresa pública dio carpetazo a la investigación asegurando que «no había irregularidades». Una decisión que contrastó con las anomalías y sobrevaloraciones técnicas en favor de OPR que sí detectaron los peritos de Ineco (empresa adscrita al Ministerio de Transportes). Sin embargo, la IGAE apenas pudo intervenir en este proceso de investigación y los supuestos casos fraudulentos.
Un año después, este mismo periódico ha vuelto a publicar presuntas prácticas fraudulentas (muy similares a la del caso OPR) en un ministerio que está considerado como uno de los que más presupuesto movilizan. En el foco se encuentra Ángel Contreras, un hombre de la confianza del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de la expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera. También cuenta con el respaldo del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que lo ascendió el pasado 5 de diciembre de 2023 y que rechazó su dimisión cuando este comenzó a aparecer salpicado por el ‘caso Koldo’ a principios de año.
Los amaños
El primer contrato amañado se trata del contrato que afecta a la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Los Rosales (Sevilla) y Zafra (Badajoz), un trayecto de 139 kilómetros de vía única sin electrificar. Mientras que el segundo consiste en unas obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas (un trayecto de 161,5 kilómetros que discurre desde la provincia de Badajoz hasta la de Ciudad Real).
El primero se adjudicó en mayo de 2022 por 20,4 millones de euros con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea a la empresa conjunta de Siemens y FCC. Mientras que el segundo, financiado por los fondos Feder, se adjudicó a la misma unión temporal de empresas por 28 millones de euros. Entre las pruebas documentales que este periódico ha aportado se pueden apreciar los siguientes mensajes enviados tanto por un audio como por mensajes de WhatsApp: «La última versión tiene el 1 y el 2 cambiados con respecto a lo que habíamos dicho. Es necesario que el orden sea el que habíamos comentado» y «A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. Así que lo tenemos que hacer».
