La OCDE elogia la reforma laboral del Gobierno en un informe pagado por Yolanda Díaz
En el documento también han participado cuatro funcionarias del Ministerio de Trabajo
Este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaudió desde París la reforma laboral y las distintas subidas del salario mínimo interprofesional acometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. A través de un informe, la institución internacional subraya que, gracias a la reforma laboral de 2021, avalada por el diálogo social, y a las sucesivas subidas del SMI, la productividad no se ha visto tan deteriorada. No obstante, sí que avisa la OCDE de la incertidumbre de los fijos discontinuos.
Lo que no recalcó ayer el director de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, responsable de la presentación del informe Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España, es que este se ha elaborado por este organismo, pero a petición del Gobierno de España. Tampoco desveló lo que aparece en el capítulo de agradecimientos, donde queda rubricado que quien ha sufragado dicho informe es el propio «Ministerio de Trabajo y de Economía Social», de España, dirigido por Yolanda Díaz.
Además, en este documento -tal y como recoge la larga lista de agradecimientos-, también han intervenido con sus «comentarios y sugerencias» cuatro funcionarias del departamento de Trabajo de la vicepresidenta segunda: Alba Catalán Piera, Paloma García García, Yolanda González Sánchez, y Belén Vida Navas.
Aparte del agradecimiento a los comentarios del economista Marcel Jensen -de Fedea-, el informe hace una petición explícita en sus primeras páginas, solicitando que siempre se cite su contenido de la siguiente manera: «Ministerio de Trabajo y Economía Social (2024), Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España».
Las ventajas de la reforma de 2021
El informe es explícito a la hora de señalar cómo la evaluación de la OCDE de la reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que «impulsó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo, y aumentó los salarios de los trabajadores directamente afectados en casi un 6%, mientras que redujo el empleo en solo un 0,6%».
Un aspecto clave de la reforma laboral de diciembre de 2021 -indica este organismo internacional- «era reducir la dependencia excesiva de los contratos temporales restringiendo su uso y, como consecuencia de lo anterior, España es actualmente el país de la OCDE con las terceras normas más estrictas para el uso de contratos de duración determinada según los Indicadores de Protección del Empleo de la OCDE».
Por otra parte, la OCDE añade: «La reforma ha dado lugar a una gran reducción de la incidencia de los contratos temporales. Tanto que cayó del 21% en el cuarto trimestre de 2021, el segundo más alto de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023». Sin embargo, matiza: «La caída de los contratos temporales no se tradujo en una disminución del empleo, ya que fue compensada con creces por el aumento de los contratos indefinidos«. De hecho -subraya-, «la tasa de empleo se encuentra ahora en un nivel récord».
Además, continúa: «España ha avanzado en el tratamiento de la dualidad del mercado laboral, con importantes beneficios potenciales en términos de mayor crecimiento de la productividad»
En contra de la reforma de 2012
Aun reconociendo que los resultados de España en materia de productividad laboral, la OCDE aconseja que, para seguir promoviendo un amplio reparto de las ganancias de productividad, la reforma del mercado laboral de 2021 ya ha reforzado considerablemente la negociación colectiva sectorial y la posición de los sindicatos sectoriales. En cierta medida -mantiene-, «esto invierte la reforma del mercado laboral de 2012, que pretendía descentralizar el sistema dando más margen de negociación a nivel de empresa».
La esperanza inicial -continúa- era que esto contribuyera a una mayor flexibilidad a nivel de empresa y apoyase el crecimiento del empleo y la productividad. No obstante, no está claro si la reforma de 2012 ha supuesto realmente una mayor negociación a nivel de empresa, posiblemente debido a la falta de representación de los trabajadores en las empresas más pequeñas. No obstante -insiste-, «se teme que haya socavado la posición negociadora de los sindicatos a nivel sectorial y que haya contribuido a desvincular el crecimiento salarial del crecimiento de la productividad».
La reforma -añade el trabajo de la OCDE, encargado por el Ministerio de Trabajo- «ha dado lugar a una fuerte reducción de la incidencia de los contratos de duración determinada durante el primer año tras su aplicación. La incidencia de los contratos de duración determinada se redujo aproximadamente una cuarta parte, pasando de más del 20% en 2021, la segunda cifra más alta de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023». Por otra parte -sostiene-, «la disminución del número de contratos de duración determinada se ve compensada por un aumento de la misma magnitud del número de contratos indefinidos, lo que sugiere que, por el momento, la reforma no ha tenido efectos importantes sobre el empleo global».
Revisión de la reforma por los fijos discontinuos
A la reforma de 2022 le ha seguido un aumento del empleo indefinido y una fuerte reducción del empleo temporal. Sin embargo, el estudio de la OCDE detecta que «una fracción significativa del aumento del empleo indefinido, alrededor del 20%, refleja el mayor uso de contratos fijos discontinuos, cuya incidencia en el empleo se duplicó, pasando del 2,7% en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022».
Asimismo, advierte que aunque «estos contratos ofrecen más estabilidad laboral que los temporales, no dan necesariamente más seguridad de ingresos para los trabajadores, porque, aunque las horas de trabajo se conocen de antemano, pueden variar con el tiempo en función de la duración del periodo de actividad y de la temporada, dentro de los límites del convenio colectivo sectorial aplicable». Por eso -recomienda la OCDE-, «hay que seguir de cerca las implicaciones a medio plazo de la reforma. El Gobierno se ha comprometido a realizar una evaluación completa de la reforma antes de 2025».