España duplica su tasa de pobreza energética con Teresa Ribera y ya es el peor país de la UE
El porcentaje de población incapaz de mantener su hogar adecuadamente caliente pasa del 9,1% al 20,8% en seis años
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cabeza de lista del PSOE para las Elecciones Europeas. | Eduardo Parra / Europa Press
La pobreza energética en España se ha más que duplicado desde el año 2018, coincidiendo con la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez y de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los datos de Eurostat cribados por THE OBJECTIVE indican que el «porcentaje de población incapaz de mantener su hogar adecuadamente caliente por su situación de pobreza» (Inability to keep home adequately warm) se ha disparado hasta el 20,8% frente al 9,1% que tenía antes de la llegada del PSOE al Gobierno.
Este es un indicador que además refleja un gran retroceso en comparación con nuestros socios europeos. El dato armonizado de la Unión Europea (UE) -que popularmente se conoce como pobreza energética- indica que mientras España se ha situado a la cola con los peores datos, otros países como Bulgaria, Lituania, Grecia o Chipre han mejorado sus cifras pese a que hace seis años tenían más de diez puntos porcentuales de desventaja con respecto a nuestro país.
La pobreza energética en España se ha disparado pese a las medidas ejercidas por el Gobierno y por Teresa Ribera, la titular de la cartera de Transición Ecológica, vicepresidenta tercera y actual número uno de la lista del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo. Desde el comienzo de la pandemia, se han puesto en marcha una serie de subsidios que se han extendido a la factura de la luz a partir del comienzo de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.
Estrategia anti pobreza energética
Paradójicamente, uno de los objetivos del Gobierno del PSOE y de coalición durante todo su mandato ha sido no dejar "a nadie atrás" y para ello se han invertido ingentes recursos públicos en subvenciones que -al menos en el caso de la energía- no han tenido el efecto esperado como parte del escudo social que se ha puesto en marcha.
Teresa Ribera lleva varios años situando a la pobreza energética como uno de los ejes de sus políticas. En agosto de 2021 anunció una serie de medidas para combatirla como el suministro mínimo vital que impide el corte de la electricidad a los consumidores vulnerables, la prórroga de la suspensión del impuesto del 7% a la generación para contener los precios y una norma para reducir la volatilidad de la tarifa regulada (PVPC) mediante su indexación a una cesta de indicadores estables.
En enero de este año, Ribera anunció además que elaboraría una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética. "Corresponde ahora elaborar una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética sobre la base de lo aprendido en estos años", dijo durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados.
A la cola de la UE
Y no dudó en situar este reto como parte de la construcción de Europa. "La lucha contra la desigualdad también se libra en la energía. Este es el espíritu con el que la Unión Europea ha construido el Fondo Social por el Clima, que necesitará una respuesta financiera y regulatoria propia en nuestro país para poder activarlo como una herramienta para reforzar la transición energética que acompaña a los consumidores que más lo necesitan en sus hogares o en su movilidad". El objetivo era presentar antes del verano este proyecto del que no se han vuelto a tener noticias.
El caso es que durante el mandato de Ribera, España es el país que más ha aumentado su pobreza energética. Las cifras de Eurostat reflejan que se ha disparado desde 2020 con la pandemia y que no se ha frenado pese a las ayudas sociales y rebajas en los impuestos de la luz que se han sucedido. En 2019, el indicador marcó su mínimo histórico con un 7,5% para pasar al 10,9% al año siguiente, al 14,2% en 2021, al 17,1% en 2022 y al 20,8% en 2023.
Es así como España escaló en 2023 al primer lugar del país con mayor porcentaje de pobreza energética de toda la UE, con un 20,8%, desde el sexto puesto que tenía en 2022. Se empató con Portugal (20,8%) y quedó por encima de Bulgaria (20,7%), Lituania (20%), Grecia (19,2%), Chipre (16,9%), Rumanía (12,5%) y Francia (12,1%). Las mejores tasas se encuentran en Noruega (2,1%), Finlandia (2,6%), Eslovenia (3,6%), Austria (3,9%) y Estonia (4,1%).
Riesgo de exclusión
De los países que superan el 10%, solamente España, Portugal, Rumanía y Francia han crecido en seis años, aunque con 1,4 puntos desde 2018 en el caso de los segundos y tres puntos los terceros. Por su parte, Bulgaria ha reducido su porcentaje en casi 14 puntos, Lituania en ocho puntos, Grecia en 3,5 puntos y Chipre en cinco puntos.
Pero el problema no es solo la pobreza energética. Las cifras de Eurostat indican también que en España las personas en riesgo de pobreza y exclusión social (conocida como tasa Arope) llegaron al 26,5% de la población en 2023, lo que supone un crecimiento de medio punto por encima de la cifra de 2022 y con un crecimiento a un ritmo mucho mayor que nuestros vecinos de Europa.
De hecho, el dato nos sitúa en el tercer país con el peor registro de toda la UE, por detrás de Rumanía (32%) y Bulgaria (30%). Un año antes estábamos en el cuarto lugar, pero Grecia mejoró los datos quedándose en el 26,1%, dos décimas menos que el año anterior. Antes de la pandemia, estábamos en el octavo lugar, con un porcentaje similar: 26,2%, lo que refleja que el resto de vecinos han mejorado ante el crecimiento de España.
