El Gobierno rozó su récord de opacidad informativa en el primer trimestre de 2024
Los diferentes ministerios españoles denegaron hasta 96 veces solicitudes de información pública, un 9% más
Pedro Sánchez, durante una reciente aparición pública. | Agencias
El Gobierno ha vuelto a hacer gala de opacidad informativa en el primer trimestre de este año, un periodo marcado por la inestabilidad política tras la nueva investidura de Pedro Sánchez. Los datos del Portal de Transparencia actualizados al 31 de marzo y cribados por THE OBJECTIVE señalan que los ministerios españoles denegaron hasta 96 veces solicitudes de información pública realizada por ciudadanos, una cifra que se convierte en la tercera más alta en una década y muy cerca de los registros históricos conseguidos consecutivamente los años 2021 y 2022.
El mayor registró para un primer trimestre se consiguió entre enero y marzo de 2021, con 120 denegaciones de información pública, un dato superó levemente las 100 resoluciones rechazadas de igual periodo del año siguiente. De esta manera, las cifras del primer trimestre de este año recuperan la senda ascendente tras las 88 peticiones rechazadas en 2023, un 9% más en solo un año. Si se mantiene esta progresión, lo normal es que este 2024 cierre con datos cercanos a los mayores registros conseguidos.
Desde su constitución, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos -y ahora Sumar- ha batido todos los récords de opacidad informativa. En 2020, en plena pandemia, registraron 284 resoluciones denegatorias de información; en 2021 se llegó a las 419 y en 2022 a las 533, del mayor récord conseguido hasta la fecha. En 2023 la cifra se ralentizó hasta las 352, aunque marcó la tercera más alta desde que existen registros; y este 2024 los datos apuntan a que nuevamente se pueda estar cerca de las cifras históricas.
Opacidad informativa de Sánchez
Estos números contrastan con los registros del Gobierno de Mariano Rajoy, que denegó 115 solicitudes en 2015, 106 en 2016; 170 en 2017 y otras 113 en la mitad de 2018 hasta la moción de censura de Pedro Sánchez. Ya en Moncloa, el PSOE denegó otras 134 peticiones en 2018 y otras 228 en 2019.
La estadística publicada trimestralmente incluye las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada, aunque en este último caso pocas veces se responde al requerimiento realizado por los ciudadanos. Esta herramienta está contenida en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del año 2013 que busca garantizar el acceso de información a cualquier ciudadano a través de la realización de solicitudes abiertas.
Formalmente, se puede pedir cualquier tipo de información a la Administración central -todos los ministerios y la presidencia de Gobierno- y otras entidades como la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España. La pregunta se envía de forma digital o presencial y si es que se deniega la información (de manera formal o por silencio administrativo) se puede apelar al Consejo de Transparencia que puede obligar al Ejecutivo a dar la información.
Causas de la denegación
Sin embargo, la Administración tiene una serie de justificaciones para no dar la información requerida. Van desde los «intereses económicos y comerciales», la «seguridad nacional», «la defensa», «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión» (las más utilizadas por los diferentes ministerios) hasta la «prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», «el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial», «las relaciones exteriores» o «la protección del medio ambiente».
En este sentido, el Gobierno es particularmente receloso con información financiera y económica, en especial la relacionada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus empresas participadas. De hecho, el Ministerio de Hacienda lleva más de dos años ocultando cualquier tipo de información relacionada con los rescates de empresas, partiendo por el expediente de Air Europa, en el punto de mira tras la irrupción del caso Koldo, o más recientemente, los detalles de la compra de acciones de Telefónica.
Ministerios con más rechazos
Es así como, en el primer trimestre de este año, el Ministerio de Hacienda ha denegado 23 de las 96 solicitudes; mientras que el Ministerio de Transportes ha realizado 13 y el Ministerio de Trabajo otras seis. La mayoría de las veces por intereses económicos o garantía de confidencialidad. El único que les supera es el Ministerio del Interior, con 30 rechazos, casi siempre argumentando razones de seguridad o de investigación de delitos.
Dentro de los requerimientos con mayores rechazos, encontramos la solicitud de información sobre la productividad de los funcionarios de la AEAT de Valencia el año 2023; el organigrama y objetivos de esta entidad en Castilla La Mancha, la publicidad institucional de los ministerios, publicidad institucional de Loterías, llegadas de inmigrantes irregulares, listado de suplentes del Benidorm Fest, información sobre personal militar, embarcaciones de la Guardia Civil, actuaciones de consejeros de Renfe, contratos y adjudicaciones de ADIF o acuerdos migratorios con Alemania.
