El teletrabajo de los funcionarios se dispara al 50% tras subir siete puntos en un año
87.618 empleados públicos realizan alguna modalidad de trabajo a distancia en algún ministerio u organismo relacionado
José Luis Escrivá, ministro de Transformación y Función Pública, en una reciente visita al Senado.. | Agencias
El teletrabajo de los funcionarios se disparó en mayo hasta el 50,2% de los efectivos totales de la Administración General del Estado (AGE), la cifra más alta desde que existen registros y siete puntos más que lo alcanzado hace un año. De esta manera, las cifras publicadas por la Secretaría de Estado de la Función Pública y cribadas por THE OBJECTIVE indican que el mes pasado 87.618 funcionarios realizaron alguna modalidad de trabajo a distancia en algún ministerio u organismo relacionado del Gobierno central.
El Informe de seguimiento del trabajo a distancia registró su primera edición en noviembre de 2022, llegando al 25,5% de los funcionarios de la AGE, unos 42.758 efectivos; y ya en mayo de 2023, se situó en el 42,6% y 55.076 efectivos. La cifra incluye a los trabajadores de la Administración General del Estado: 95.675 de ministerios, 61.833 de organismos autónomos y 23.227 de entidades públicas empresariales.
Es así como por primera vez más de la mitad de los funcionarios ya teletrabajan. De ellos, 50.204 son mujeres y 37.414 son hombres y dentro de este universo 28.807 son personal de apoyo administrativo (33%), 29.035 son mandos intermedios (33%), 27.151 son personal de gestión (31%) y solo 2.625 son personal directivo (3%). Esto demuestra que la presencialidad es casi total en los altos cargos y el teletrabajo equivalente en el resto de trabajadores de la administración.
Modalidad de teletrabajo
Por modalidad, la mayoría (el 55%) opta por teletrabajar dos días a la semana (48.363 funcionarios), el 27% lo hace de manera excepcional (23.355 empleados) y el 18% lo hace tres días (15.900 efectivos). Es decir, más de la mitad de toda la jornada semanal. La normativa del Gobierno permite hasta un máximo de tres días de trabajo a distancia, aunque siempre dependiendo de las necesidades organizativas de cada ministerio, lo que explica que esta fórmula no sea utilizada por la totalidad de los funcionarios.
Pese a ello, los datos demuestran que la diferencia con el teletrabajo con la empresa privada es cada vez más amplia. El trabajo a distancia en las empresas llegó al 13,6% en 2023, frente al 12,7% que se registró hace un año, según el último informe Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo. Según Eurostat, esto supone que España está todavía diez puntos por debajo de la media europea, que se sitúa en el 24.1%.
Antes de la pandemia, el número de personas realizando trabajo a distancia al menos ocasionalmente fue de 1,64 millones y ahora es de 3,06 millones. Una mejora sustancial, pero que todavía está muy lejos de los datos de los funcionarios. Las distancias se producen fundamentalmente por la implantación por parte del Gobierno del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado, aprobado en mayo de 2022 y en vigor desde el segundo semestre de ese mismo año.
Críticas de los sindicatos
El objetivo era consolidar el trabajo a distancia como una alternativa viable en la Administración «para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo». Cada ministerio o entidad estatal dependiente debía aprobar un plan de empleo que incorporara una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar y que cumpliesen las condiciones para ello. El único requisito era que la prestación de servicios presenciales siempre debía ser superior al 40% de la jornada semanal.
El problema es que esta normativa coyuntural corre el riesgo de eternizarse sin consolidarse en una ley de teletrabajo de la función pública. Los sindicatos del sector ya han advertido de que esta medida es temporal y que responde a problemas como la crisis energética que está camino de solucionarse. Es por ello por lo que han solicitado en numerosas ocasiones que se avance en una norma homologada que permita implantarla de manera definitiva y que no dependa de prórrogas eventuales del Gobierno de turno.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la que tiene más representación en la Administración pública, presentó una demanda contra el Gobierno por el retraso en el desarrollo del teletrabajo en la AGE y viene reivindicando desde hace años la instauración permanente de esta modalidad tras los preacuerdos conseguidos en 2021. En paralelo, diversas Administraciones autonómicas y locales siguen avanzando en sus propias normas que van desde el teletrabajo total en casos puntuales hasta los tres días que ya se registran en la Administración central.
