Moncloa autoriza que el equipo de Puente se multiplique en consejos de administración
En marzo se aprobó una norma similar para los directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un reciente acto electoral del PSOE. | Marian León / Europa Press.
El Gobierno ha facilitado la entrada de la cúpula del Ministerio de Transportes en la presidencia y en consejos de administración de compañías públicas. El Ejecutivo ha aprobado en el último Consejo de Ministros un acuerdo mediante el cual se autoriza a personal directivo de esta cartera a ejercer estos cargos en más de dos sociedades a la vez, un movimiento que -según fuentes empresariales indican a THE OBJECTIVE– responde a la intención de multiplicar el peso en estos órganos de control con cargos de confianza.
Desde otros sectores, dentro de la propia estructura estatal, se indica a este diario que el movimiento también impulsará que el núcleo de confianza del departamento dirigido por Óscar Puente tenga más fácil irrumpir en la serie de consejos de administración de empresas relacionadas con Transportes. Se persigue concentrar en pocas manos muchos cargos y presencia en compañías ante la falta de perfiles totalmente fieles a los intereses del Gobierno y de Moncloa.
No obstante, dentro del Gobierno se indica que estamos ante una disposición del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que se hace habitualmente para habilitar a los secretarios de Estado de cualquier ministerio a poder participar en todos los consejos de administración que el Ejecutivo considere necesarios.
Consejos de administración
En el caso del Ministerio de Transportes, hay que remitirse a marzo de 2023 para encontrar una normativa similar. En esas fechas se autorizó a «altos cargos y personal directivo en el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la participación en más de dos consejos de administración». La diferencia con el decreto de esta semana es que se limita la participación solo a personal directivo (se excluyen los altos cargos) y se incluye la posibilidad de que estos puedan ejercer la presidencia de empresas.
A efectos de la función pública, los altos cargos son de libre designación y tienen un régimen retributivo independiente, mientras que el personal directivo está encuadrado en el marco del régimen de funcionarios. A efectos prácticos, este acuerdo solamente mandata a los segundos a entrar en la presidencia de compañías y en sus consejos de administración, un carácter que tienen la mayoría de los secretarios de Estado y directores generales.
El pasado 19 de marzo, el Gobierno, a través de Función Pública, también autorizó a directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a ejercer la presidencia y participar en más de dos consejos de administración. La misma norma que se ha aplicado a Transportes, aunque en el caso de la pública está enfocada a la participación en compañías participadas y en otras minoritarias.
Adif y Renfe
En el Ministerio de Transportes las opciones son muchas. Las principales empresas dependientes de esta cartera son Puertos del Estado, Autoridades Portuarias, Adif, Adif Alta Velocidad, Renfe Operadora, Enaire, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Pero además hay decenas de filiales dependientes de estos gigantes públicos en las que la Administración necesita colocar a cargos de confianza y, en este caso, técnicos que cuenten con la confianza del equipo más cercano de Óscar Puente.
Desde la Administración también se indica que la aprobación de la norma, que permite que personal directivo del Ministerio de Transportes participe en la presidencia de empresas y en más de dos consejos de administración, responde a la necesidad de profesionalizar la presencia con técnicos de confianza y así evitar situaciones como la de Koldo García, investigado por presunta corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia a entidades públicas, y que además fue consejero de Renfe Mercancías, pese a no tener ningún cargo orgánico en la Administración.
Por otro lado, este diario ha señalado en varias ocasiones la intención de Pedro Sánchez de controlar todas las empresas públicas estatales con cargos directivos de confianza. A finales de enero de este año, THE OBJECTIVE publicó que el 77% de las compañías participadas mayoritariamente por el Estado estaba presidida por un exparlamentario del PSOE, un miembro de uno de sus gobiernos regionales o un exasesor.
Control de la SEPI
La nómina está compuesta, entre otros, por tres exministros, dos ex secretarios de Estado, seis ex directores generales, seis exmiembros de Ejecutivos socialistas en Andalucía, País Vasco y Extremadura, un senador y un exdiputado catalán. El porcentaje de altos cargos con un pasado del PSOE o vinculado a alguna de sus administraciones llega al 82% si se incluyen solamente en las grandes empresas propiedad del Estado y dependientes directamente de ministerios, como Paradores, Renfe, Adif, Enaire, AENA o RTVE.
Del mismo modo, casi la totalidad de las 14 sociedades participadas mayoritariamente por la SEPI están lideradas por directivos que han trabajado para el partido o para alguno de sus gobiernos. En el caso de las participadas minoritariamente por la SEPI (menos del 50%) y donde no tienen ninguna responsabilidad en la gestión, el Ejecutivo ha logrado colocar a afines en plazas clave como Redeia (antigua Red Eléctrica), Enresa, Indra, Hispasat, Enagás y más recientemente en Telefónica, tras adquirir un 10% de su capital.
