Inquietud en las pymes: reducir la jornada laboral tendrá un coste de 40.000 millones
Cepyme critica la actitud de imposición que el Ministerio de Trabajo ejerce con esta propuesta laboral
Imponer la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, como así quiere la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá un coste de hasta 40.000 millones de euros. Este es el cálculo que acaba de hacer el responsable de Estudios de la patronal de la pequeña y la mediana empresa, Cepyme, el economista, Diego Barceló, en las jornadas celebradas este martes y consagradas a la productividad de la pyme, en la Fundación Mapfre.
Por cierto, una cifra que no ha pasado por alto el presidente de la mayor agrupación empresarial consagrada a las pymes. Para Gerardo Cuerva, «una reducción de la jornada laboral que ignore la marcha de la productividad y la negociación colectiva va a ser perjudicial para las pymes españolas».
En estos momentos, y según el presidente de la pequeña y mediana empresa, «la productividad de la pyme se está viendo amenazada por algunas reformas que está adoptando el Gobierno». Una actitud inconveniente, cuando este indicador acumula —ha detallado— cinco trimestres consecutivos de caídas y la productividad se encuentra todavía un 2% más baja que en 2015».
Es en este ámbito donde Cuerva reclama «la necesidad de recuperar en España un diálogo social leal y sincero». No obstante, y previas a estas declaraciones, el responsable de la patronal con mayor representatividad de pymes de España, mantiene que «es triste que en una negociación de diálogo social el Gobierno imponga un ultimátum, máxime cuando olvida que, la pyme española no puede aguantar una rebaja de la reforma laboral». A su modo de ver, el Ejecutivo está adoptando una posición de imposición y opera, «sin analizar el impacto económico de la medida». Y lo hace —añade— «después de cinco meses esperando a recibir el primer papel y ahora nos dan un ultimátum».
La preocupación de las pymes
A través de las distintas ponencias y debates, los participantes en la sesión han desgranado los inconvenientes de imponer cambios en la jornada laboral al margen del Diálogo Social y sin propiciar previamente aumentos de la productividad, además de señalar ejemplos internacionales en los que se ha verificado cómo la jornada laboral impuesta termina por modularse a través de elementos de flexibilidad, compensación y negociación.
El presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, ha ensalzado la capacidad de acuerdo de los interlocutores sociales españoles, así como el papel crucial de la productividad en las economías. «La riqueza de un país y el bienestar de sus ciudadanos a largo plazo depende de la productividad», indica.
Apuntó también Costas que el diálogo social es una palanca extraordinaria para avanzar en términos de competitividad, amén de calificar a este espacio negociador como «un patrimonio intangible, un activo inmaterial» por el que hay que velar. «No encuentro ningún otro país desarrollado que haya tenido la capacidad de acuerdo de este país a través de los interlocutores sociales», ha zanjado.
Durante el debate Reducir la jornada y su impacto en la pyme, el responsable de Estudios de Cepyme, Diego Barceló, apuntó la fuerte subida de costes que conllevaría una reducción de la jornada, de más de 40.000 millones de euros, una cantidad superior a la recaudación anual del Impuesto de Sociedades. Por su parte, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, tiró de experiencia internacional para relatar cómo la reducción de jornada precisa de elementos graduales, flexibilizadores o compensatorios, como la bajada de cotizaciones sociales.
La prevalencia de los convenios
Durante la ponencia Negociación colectiva: la prevalencia de los convenios, el presidente de Arinsa, Fabián Márquez, lamentó que la política del Gobierno haya convertido en prescindibles muchos convenios, ya que medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han invalidado extremos pactados por los agentes sociales. Por todo ello, defendió un Diálogo Social basado en la representatividad real.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha señalado las importantes caídas de productividad que padece nuestro tejido productivo, dentro de un entramado regulatorio y burocrático demasiado
pesado.
Vieites ha afeado el hecho de que se aprueben normas sin consenso de los interlocutores sociales y ha recordado la creciente incidencia del mayor absentismo sobre las horas de trabajo y el alza de costes laborales derivada del coste de reemplazo.
«Hay un monólogo social»
También este martes, y esta vez desde la sede de CEOE, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, criticó a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por «imponer» la reducción de la jornada laboral, al tiempo que afirmó que la ve «cada vez más autoritaria y sola».
Así se manifestó Garrido en la intervención que tuvo lugar en la Asamblea General de CEIM 2024, donde declaró que Díaz «quiere disfrazar la realidad», subrayando que, «cuando no hay voluntad de llegar a acuerdos o negociación, se produce una imposición».
«Podemos disfrazar la realidad, pero cuando no se escucha, no se tienen en cuenta las opiniones y no se hace el proceso de colaboración constructiva, esto es imposición. No es un diálogo social, sino que es más bien un monólogo social», apostilló. Garrido también ha recalcado que «todos tienen toda la responsabilidad de buscar el consenso», lamentando, no obstante, que el Ejecutivo central «no tiene en cuenta al pequeño empresario». «No es lo mismo una gran empresa que un pequeño comercio. Una normativa sin suficiente flexibilidad para las empresas tendrá repercusiones en los costes laborales y la competitividad», ha advertido.