El plan de residencias de ancianos que impuso Belarra frena cien proyectos en dos años
El modelo de la exministra ha parado el apetito inversor con la paralización del 20% de las construcciones
Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. | EP
«Lo peor que puede tener un sector es la incertidumbre». Con estas palabras, Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), viene a confirmar lo que ya avisó el sector hace dos años, cuando el Gobierno aprobó un nuevo modelo de dependencia, sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición de nueve comunidades autónomas. Y es que el llamado ‘acuerdo Belarra’ ha frenado en seco el apetito inversor con la paralización de 100 residencias de ancianos en toda España, el 20% de las construcciones (unas 9.500 camas), en solo dos años. En la actualidad hay 513 en construcción o en promoción, lo que supone 48.478 camas.
En junio de 2022, el Gobierno, con Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, aprobó un nuevo modelo de residencias de ancianos que establece que los nuevos centros que se construyan deben tener un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad, 90 en zonas de densidad intermedia y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas. Además, deben contar con al menos un 65% de habitaciones individuales, un incremento de los ratios con un profesional por cada dos residentes y la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas.
El sector pierde 9.500 camas
Un acuerdo que se aprobó sin plan económico. Hecho que hizo que solo diez comunidades autónomas aprobasen el nuevo modelo y, otras siete, más Ceuta y Melilla (que representaban el 71% de la población), votasen en contra. De hecho, dos años después, solo la Comunidad Valenciana ha transpuesto la normativa, a pesar de que hubo una inyección adicional de 200 millones para aquellas comunidades que votaron a favor del ‘acuerdo Belarra’.
Esta «inseguridad» jurídica ha ralentizado la construcción en España de nuevos centros residenciales de manera significativa. Y es que, ante esta incertidumbre, las empresas del sector ha extremado la prudencia a la hora de plantearse nuevas inversiones. Así lo confirma a THE OBJECTIVE el presidente de la patronal, que destaca cómo en enero eran 70 los proyectos paralizados y, cinco meses después, estos suman ya 100, lo que se traduce en unas 9.500 plazas. La mayoría de los proyectos detenidos se encuentran en la Comunidad Valenciana, la única que ha traspasado la directiva dos años después.
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ya avisó al Gobierno que este plan fulminaría 36.000 empleos y 72.500 plazas de residencias de ancianos, en un momento en el que las personas mayores de 64 años ya representan un 20% de la población (más de 9,6 millones de personas). Además, se estima que este porcentaje podría incrementarse hasta el 24% en 2030. Ante esta situación, la consultora inmobiliaria internacional JLL estima que para atender la demanda prevista en 2030 el stock de camas debe crecer en, al menos, 190.000 plazas, con una inversión de 5.700 millones. En la actualidad, en España hay 5.308 centros geriátricos operativos, con 392.852 camas.
España, con una de las ratios más bajas de Europa
Así las cosas, España tiene una de las ratios de cobertura más bajas de Europa: 4,1 camas por cada 100 personas mayores de 65 años y 13,71 por cada 100 mayores.
Las comunidades autónomas que muestran un mayor desequilibrio entre oferta y demanda, con ratios de cobertura por debajo del promedio nacional (entre un 1,9% y un 3,1%) son Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Por otro lado, la oferta es más amplia en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, con una tasa superior al 6%. Por el contrario, Zaragoza y Bilbao muestran las ratios de cobertura más elevadas, por encima del promedio nacional.
Por otro lado, las patronales también han mostrado su preocupación por la falta de personal de enfermería en las residencias de ancianos. El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia señala que en el sector hay un déficit de unas 20.000 enfermeras, por lo que pide que se mejore la agilidad en los trámites de homologación de miles de profesionales extranjeros de enfermería y medicina que están en España esperando a poder ejercer, además de la creación de una nueva figura profesional de enfermería.
