Imponer la reducción de la jornada laboral restará 18.000 millones al PIB en dos años
Según Fedea, está medida también supondrá reducir ocho décimas el crecimiento del empleo
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. | Europa Press
Imponer por ley la reducción de la jornada laboral, prescindiendo de los acuerdos que se alcanzan en el marco del diálogo social, puede tener consecuencias de tipo económico.
A este respecto, Fedea ha publicado un trabajo elaborado por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola en el que se evalúan las propuestas actuales para reducir la jornada máxima legal y sus posibles efectos económicos y sociales.
Este es un impacto que ya analiza otro estudio del BBVA Research. En él, Alfonso Arellano, Juan Ramón García y Camilo Ulloa determinan que, en ausencia de medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, la reducción de la jornada laboral impuesta por la ley restaría en torno a seis décimas de crecimiento medio anual del PIB durante dos años (alrededor de 18.000 millones de euros) y ocho décimas de crecimiento al empleo.
Exceltur -como ya avanzó THE OBJECTIVE– ha sido uno de los primeros sectores en analizar en profundidad el impacto que una reducción de estas características pueda tener, en este caso, sobre el turismo. Un sector que, a tenor de sus estudios, se puede ver fuertemente afectado por esta medida. La razón es que en él trabajan 2,2 millones de asalariados, de los cuales 1,2 millones tienen una jornada superior a las 37,4 horas semanales. De manera que, según estima esta asociación, la medida supondría una reducción de 5,7 millones de horas semanales, que obligaría a suplirlas automáticamente con un coste anual de 2.348 millones de euros.
Ecuación: jornada laboral y productividad
Defensores del marco de la negociación colectiva, Fedea parte en su estudio de una tesis empírica, en la medida en que cada revolución industrial siempre ha venido acompañada por una reducción de la jornada laboral.
En las últimas décadas -mantiene Fedea-, la digitalización y el avance tecnológico han reconfigurado el concepto tradicional de jornada laboral, permitiendo modalidades más flexibles. Además, el avance tecnológico, ha permitido aumentar la productividad o producir más y mejores bienes y servicios con menos horas de trabajo, lo que facilita la reducción de la jornada. De modo que, lógicamente -subraya-, «si los trabajadores son capaces de producir lo mismo, pero con menos horas, gracias a la mejora de la productividad, podrán dedicar más tiempo a disfrutar del ocio y de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal».
Por tanto -indica la Fundación que dirige Ángel de la Fuente-, tal y como muestran, entre otros, Andrés y Doménech (2020) y Bick, Fuchs-Schündeln y Lagakos (2018), «existe una clara correlación entre la reducción de la jornada laboral y la mejora de la productividad tanto en el tiempo como en el espacio. De hecho, existe consenso entre los economistas sobre la dirección, al menos dominante, de la causalidad en esta correlación».
En opinión de Fedea, el crecimiento de la productividad nos hace más ricos y nos lleva a demandar, entre otras cosas, más tiempo de ocio y, por tanto, una jornada laboral más corta. En la dirección contraria, sin embargo, el efecto no es ni automático ni universal. Hay circunstancias y ocupaciones -observa- «en las que una jornada más corta puede traducirse en una mejora de la productividad, aunque no necesariamente de la misma magnitud, pero también hay muchas otras en las que esto no es cierto».
La clave de los salarios
Con este análisis, Fedea afirma que cabe esperar que una reducción forzosa de la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, suponga una subida de los costes salariales unitarios que podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB.
Además, se espera que los efectos adversos de esta medida sean mayores en las empresas más pequeñas, donde las indivisibilidades son más importantes, y en determinados sectores (como el turismo, la hostelería y el comercio) en los que la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar. Esto podría ser especialmente problemático para las pequeñas y medianas empresas que tienen márgenes de beneficio más ajustados.
En función del tamaño, Fedea también sostiene que las empresas que operan en mercados globales pueden afrontar desventajas competitivas si su coste laboral aumenta en comparación con aquellos en países con jornadas laborales más largas.
Reducción de jornada y empleo
La reducción de la jornada laboral -suscribe Fedea en su estudio- puede tener muchos beneficios potenciales. Pero una decisión de este tipo exige considerar cuidadosamente los posibles riesgos y desafíos y, por eso, requiere de la implementación exitosa de una serie de políticas diseñadas con una planificación cuidadosa, flexible, y posiblemente, con medidas compensatorias para mitigar los efectos negativos.
Fedea recurre al ejemplo de otros países que en el pasado implementaron medidas para reducir la jornada laboral con el objetivo de repartir el empleo. Sin embargo -recalca este organismo-, la evidencia empírica mostró en estos casos como la reducción de la jornada laboral no contribuyó a incrementar el nivel de empleo: Hunt (1999) para Alemania, Crépon y Kramarz (2002) y Estevão y Sá (2008) para Francia, Raposo y van Ours (2010) para Portugal, entre otros.
El trabajo de Fedea sobre la reducción de la jornada laboral concluye con varias claves que pasan desde una reforma acompañada de un régimen jurídico de transitoriedad, así como la adecuación real a la productividad y los márgenes para reducir tiempo sin bajadas salariales. En consecuencia -suscribe-, «la solución no puede estar sino en los acuerdos entre la parte empresarial y sindical».
