Saiz se abre a ayudar a los afectados por el ingreso mínimo vital por cobros indebidos
La ministra abordó este asunto en una conferencia pronunciada en la sede del Consejo General de Economistas (CGE)
Elma Saiz, ministra de Seguridad Social. | Europa Press
El Ministerio de Seguridad Social está abierto a estudiar y corregir el problema que algunos beneficiarios del ingreso mínimo vital están teniendo con el apercibimiento, por parte del Estado, de cobros indebidos con intereses. Tiene lugar cuando se cruzan datos de la Administración que no están vinculados al momento real de esos potenciales beneficiarios.
Esta es una contrariedad que ha llevado a la plataforma de Afectados por el IMV, de la mano de Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, a presentar una demanda contra el Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
La demanda se basa en el incumplimiento de la Carta Social Europea y la vulneración de los derechos de madres y padres de familia, personas mayores, personas con dependencia o discapacidad, niños, adolescentes y familias monoparentales.
La Seguridad Social analiza el ingreso mínimo
Este jueves, la ministra Elma Saiz abordó este asunto en una conferencia pronunciada en la sede del Consejo General de Economistas (CGE), presidido por Valentín Pich y que fue cubierta por THE OBJECTIVE.
La titular de la cartera de Seguridad Social confirmó que su departamento está trabajando de manera permanente, apoyándose en la evaluación de la Airef, que dio a conocer el pasado miércoles el organismo que preside Cristina Herrero en su III Opinión sobre el IMV, afirmando que solo les llega al 36% de potenciales beneficiarios.
Saiz, conocedora de esta problemática, afirmó que está escuchando las recomendaciones que llegan sobre una medida de «política viva», la del ingreso mínimo vital, que ha nacido -recalcó- en un contexto complicado como el de la pandemia, pero que, al mismo tiempo, ha evitado la pobreza severa de un millón y medio de personas.
Con esa «escucha activa», la política navarra no descarta que se tomen una serie de medidas una vez que se haya finalizado la evaluación y el análisis en los que lleva tiempo trabajando el Ministerio de Seguridad Social.
Las propuestas de la Airef
A mitad de semana, apenas un día más tarde de la intervención de la ministra, la Airef presentaba ante los medios de comunicación el resultado de su último informe sobre el IMV, esta vez con el valor añadido de los microdatos de las rentas mínimas de las diferentes comunidades autónomas.
De ese informe se extrae que de 951.702 hogares que podrían haber recibido el IMV, solo 342.856 lo recibieron. Es decir, el 36%. Asimismo, el estudio desvela que, de 1.816.382 hogares que podrían haber recibido el CAPI -complemento de ayuda a la infancia-, tan solo lo hicieron 338.507.
Además, la Airef revela que hasta un 56% de potenciales beneficiarios que podrían recibir el IMV no lo llegaron a solicitar, y el 73% de perceptores que podrían haberse beneficiado del IMV y del CAPI al mismo tiempo tampoco lo llegaron a pedir.
Eso sí, el 30% de beneficiarios del IMV tuvieron en 2023 el incentivo al empleo, una de las actuaciones destacadas por la ministra Elma Saíz.
La información de las administraciones
Pero la Airef fue más allá. En sus 63 páginas de documento, incorporó también una propuesta para reducir la dramática situación de los cobros indebidos y de la retirada del IMV, cuando estas personas siguen siendo vulnerables.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal expone la utilización de la información disponible de la Administración, pero con frecuencia mensual o trimestral, como sucede con las cotizaciones sociales, lo que ayudará a la verificación de los requisitos económicos para el acceso y el mantenimiento de la prestación del IMV.
Con esa finalidad, la Airef defiende en su trabajo que cabría mejorar la capacidad de la prestación para activarla ante situaciones de pobreza sobrevenida. También se podrían disminuir las solicitudes de reintegros causadas por los importes
indebidamente percibidos. Al mismo tiempo, se podría simplificar la definición de renta computable para el IMV, incluyendo
solo las partidas que mayoritariamente registra la población objetivo de la prestación (fundamentalmente, trabajo y prestaciones, tal y como se evidenció en la segunda Opinión del IMV).
Una vía judicial
Entretanto, los afectados por el IMV destacan en una carta enviada a este diario que esta situación ha agravado más su pobreza, en el sentido contrario del diseño del programa. Asimismo, señalan que se mueven a través de su plataforma y preparan una demanda colectiva por la vía judicial.
Una vía judicial que se interpone, ante el «silencio» de la Administración, como canal para solicitar una revisión exhaustiva de los procesos y la implementación de mecanismos de control más eficaces para evitar que estas injusticias se repitan.
En su carta, explican cómo algunos beneficiarios se han visto privados por completo del cobro del IMV hasta que no hayan pagado deudas que ascienden a miles de euros. Unas deudas que, por otra parte, tienen carácter solidario, afectando a toda la unidad de convivencia, incluso a los menores de edad. La deuda -mantienen- no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial, y siguen subiendo las cuantías por los intereses generados. De hecho, a día de hoy -recalcan-, ya se están haciendo embargos, lo que agrava aún más la situación de estos hogares en estado de extrema vulnerabilidad.
La presencia del Estado en las pensiones
En el curso de su intervención en el CGE, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la presencia del Estado en la financiación del sistema de pensiones para que este no se financie solamente con cotizaciones sociales, con el objetivo de crear un sistema más redistributivo.
«Los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno no solo se financian con cotizaciones, sino también vía indirecta, lo que aumenta el carácter redistributivo de la riqueza», afirmó.
Asimismo, recordó que desde los presupuestos generales del Estado de 2021 se ha incluido una aportación denominada Transferencia para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo, lo que en ese año fue de 13.929 millones de euros y, en 2023 ha alcanzado -indicó- los 19.888 millones de euros.
