La nueva financiación para Cataluña prevé la creación de hasta 30 nuevos 'chiringuitos'
Así se desprende del acuerdo firmado entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, saludando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. | Europa Press
El presidente del Gobierno afirmó este miércoles que está «feliz» por el resultado del «magnífico» preacuerdo que previsiblemente llevará a Salvador Illa al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En su opinión, es «un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico» y es una acción política que será «muy buena» tanto para España como para la región catalana.
Lo que no detalló este miércoles el jefe del Ejecutivo ante los medios de comunicación es que el preacuerdo de investidura sellado entre el PSC y Esquerra -a expensas de que las bases de la formación republicana e independentista lo acaben rubricando este viernes en su asamblea- contiene la creación de al menos 30 nuevos organismos y oficinas, con su consiguiente coste y dotación de personal.
Se trata de 30 nuevos ‘chiringuitos’ que vienen a reproducir lo que, en parte, ya se hace desde las instituciones, y que amplía el número de embajadas, despliega la participación en instituciones internacionales, crea centros de investigación, foros, autoridades, convenciones, consorcios y una nueva Consejería o Departamento consagrado a la política lingüística, sin dejar de crecer los controles sobre la rotulación de los comercios o los centros educativos.
Nueva financiación o «triunfo del engaño»
Esta es una suerte de administración paralela, cuyo planteamiento teórico no comparten socialistas como el castellano-leonés Luis Tudanca o el castellano-manchego Emiliano García-Page.
También IU de Aragón y de La Rioja, o el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, están en contra de este modelo de financiación. Y lo mismo sucede con las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Este miércoles, la consejera de Hacienda, Rocío Albert, se refirió a ello calificando el acuerdo de «triunfo del engaño» por parte de Sánchez, y afirmó que singularidad y solidaridad no son compatibles. Andalucía, por su parte, pidió a Sánchez «igual respeto» a los andaluces en «cuestiones vitales» como la financiación que a los independentistas.
La lista arranca con la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político Social, cuyo nacimiento está prefijado para el primer pleno del Parlamento, una vez constituido en nuevo gobierno de la Generalitat. Estará integrado por un grupo formado por representantes de las formaciones parlamentarias y, además de abordar la resolución del «conflicto», también hará seguimiento y monitorización de la aplicación de la amnistía. Labores para las que se generará una nueva Oficina para asegurar recursos humanos, materiales y técnicos.
Una consejería de Política Lingüística
La Agencia Tributaria de Cataluña, con desconexión total de la estatal para la gestión, recaudación, liquidación e inspecciones, es otro de los organismos que aparecen en el boceto de acuerdo entre el PSC y Esquerra. Los nuevos socios prevén que sea el Gobierno de España quien traspase los recursos humanos a esta agencia. (En la actualidad, en Cataluña hay 4.000 funcionarios de la Aeat y 300 inspectores de Hacienda)
Illa y sus nuevos compañeros de Gobierno también han incluido un Departamento de Política Lingüística; es decir, una nueva consejería en el organigrama del Ejecutivo catalán, con un plan transversal que se proyecte sobre el resto de consejerías.
Con una dotación presupuestaria anual de 200 millones de euros, el acuerdo aprueba un Pacto Nacional por la Lengua, así como mayor dotación económica para la producción de películas, series, dobladas o con subtítulos, y la entrada en plataformas y mayor difusión en redes sociales.
Más vigilancia a los comercios
También forma parte del nuevo esqueleto administrativo un nuevo Consorcio para las Inversiones del Estado, planteado para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y a la mala ejecución de las inversiones previstas. Su objetivo será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, lo que se definirá con un marco de financiación plurianual, fijando la financiación del Consorcio conforme a una tasa equivalente a la relación supuesta entre la inversión pública y el PIB.
Para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, y especialmente en las empresas y el comercio en cuanto a rotulación, etiquetado, atención al público y prestación de servicios, el acuerdo entre Illa y Aragonès admite dotar a los organismos encargados de más personal y recursos para poder hacerlo.
También prevé el acuerdo dotar de mayor presupuesto a los servicios universitarios que se encargan aplicar durante el curso 2025-26 las disposiciones sobre el conocimiento del catalán por parte del profesorado incluidas en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, incluyendo la consecución del catalán C2 en la educación primaria, de acuerdo con las universidades. Además, en materia educativa, el acuerdo perseguirá que todos los titulados universitarios catalanes en titulaciones lingüísticas estratégicas (sanidad, derecho, trabajo social, ciencias de la comunicación, etc.) tengan el nivel C1 de catalán, con la competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y usuarios.
Nuevas embajadas y más organismos
En consonancia con estos organismos, nace del acuerdo otro Centro de Investigación Aplicada en Política Lingüística y Aprendizaje, al tiempo que se culminará un Cuerpo de Acción Exterior, con el establecimiento de un plan para la implantación de sus funciones y atribuciones en todos los departamentos.
La expansión de las embajadas es otro de los cometidos fundamentales que recoge el acuerdo. Esto supone la consolidación de las actuales y la ampliación de su número, con especial atención a América Latina y Asia, y reforzando las actuaciones en el continente africano.
Además, el acuerdo de gobierno entre socialistas y la izquierda independentista republicana también quiere reforzar la presencia de la Generalitat de Cataluña en las formaciones de los Consejos dela Unión y sus grupos de trabajo derivados, sin dejar atrás otros nuevos cometidos. Y se trata de la participación en organismos internacionales como la ONU, Unesco, OMS, Europol, ONU Dones, ONU Hábitat, Opps, FAO, Ocde, Ocha, Pnud o UPM.
Selecciones deportivas catalanas
El acuerdo quiere que Cataluña participe en las reuniones de la tercera dimensión de seguridad de la Osce, en las que se abordan aspectos relacionados con los derechos humanos y las libertades en el continente europeo, el Cáucaso y Asia Central. También quiere participar en reuniones sobre cuestiones medioambientales y económicas en esta zona.
De igual modo, postula el documento suscrito que un representante de la Generalitat forme parte de la Reunión de Altos Funcionarios de la Unión por el Mediterráneo para participar en las decisiones que afectan a todo el arco euromediterráneo.
Entre otros nuevos organismos, además de un Fórum Catalán por la Paz, de una Autoridad Aeroportuaria para Cataluña o de la constitución de una nueva operadora de tren, el consabido acuerdo defiende la creación de una Oficina de la Generalitat para la Promoción de las Selecciones Deportivas Catalanas.
Ejemplos de mala gestión
Este martes, el Partido Popular examinó el acuerdo, al que ya han calificado de privilegio fiscal o independencia fiscal, antes que de concierto fiscal. En su discurso, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, señala ejemplos de la mala gestión de los separatistas en estos años y mantiene que «acreditan su necesidad de más recursos».
Entre los ejemplos de mala gestión, se incluyen las embajadas (81); el catalán en las mezquitas (subvenciones para ello); el sueldo del presidente de la Generalitat, 136.177 euros (por encima del resto de comunidades); el sueldo de un conseller (120.773 euros, por encima del resto de comunidades); y 368 altos cargos (más del doble que la Comunidad de Madrid). También 205 entes (129.334 empleados públicos + 243.762 en el resto de Administración); 477 millones para Cultura y lengua catalana, y una ‘propina’ de 25 euros a los abogados del turno de oficio que usen el catalán.
