Las ciudades ponen coto a los pisos turísticos: cortes de agua, veto vecinal y fin de licencias
Sevilla cortará el agua de los pisos turísticos irregulares y Barcelona y Valencia frenarán licencias
Cortes de agua, vetos de las comunidades de vecinos y coto a las licencias. Las restricciones a los pisos turísticos aumentan al calor del boom que vive el sector. El último consistorio en anunciar una medida contra estos negocios ha sido el de Sevilla. El Ayuntamiento de la capital hispalense cortará el agua a unos 5.000 pisos turísticos irregulares. «En Sevilla no cabe ni un piso turístico más». Así de contundente se pronunciaba esta semana el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz.
Pero no será una medida inmediata. Se calcula que para hacer las diez inspecciones previstas cada semana el ayuntamiento tardará una década. Una medida que se une a otras similares que se han anunciado en las últimas semanas por parte de diferentes ayuntamientos, como la prohibición de nuevas licencias en Barcelona o Valencia. Jaume Collboni confirmó a inicio de verano su intención de eliminar todas las viviendas turísticas en la ciudad para el año 2029.
Valencia también ha endurecido las leyes sobre el alquiler de este tipo de viviendas. En la comunidad del turismo por excelencia, estas viviendas tendrán hasta el 31 de agosto para comunicar su referencia catastral o causarán baja en el Registro. Entre las novedades también destaca la renovación cada cinco años de las declaraciones responsables que se presenten en la Generalitat para obtener su autorización y así permitir una adaptación en una oferta en constante evolución.
Por otro lado, en Madrid, José Luis Martínez Almeida también pretende limitar este fenómeno. El Ayuntamiento de la capital, aunque se ha querido desmarcar de prohibiciones de este tipo, aprobará inicialmente una nueva norma para regular el sector en septiembre. «Tienen que exigirles igual que a nosotros y que se cumpla», aseguran fuentes del sector hotelero a este diario.
Boom tras la ley de vivienda
Así las cosas, en plena temporada estival de un año que apunta a romper todos los récords de visitantes, los planes de los ayuntamientos de las principales ciudades pasan por poner freno a este fenómeno que ha crecido al calor de la Ley de Vivienda, según aseguran fuentes del sector a THE OBJECTIVE. El inicio de 2024 ha sido testigo de un crecimiento «desbocado» de las viviendas turísticas en los destinos españoles, según denunciaba Exceltur a mediados de año.
«Nosotros ya alertamos de que con la ley de la vivienda, al dejarse sin regular, se produciría ese desplazamiento. Esos crecimientos tan intensos de manera interanual, a esos niveles, hay una parte sin duda que tiene que ver con eso», reconocía entonces Óscar Perelli, director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur ‘Alianza para la Excelencia Turística’. Concretamente, según los datos de Exceltur elaborados a partir de AirDNA, las plazas en las 25 principales ciudades analizadas se han incrementado en 60.000 en el primer trimestre de 2024, con respecto al mismo periodo de 2023.
Esto supone un 25,1%, según los datos del lobby turístico. Un crecimiento «exagerado» que, a su juicio, es el principal causante del rechazo ciudadano al turismo por su impacto sobre el acceso a la vivienda, las molestias vecinales, la masificación y la banalización de los barrios más emblemáticos.
Caos regulatorio
Este aluvión de normas que están adoptando los ayuntamientos se produce en un sector en el que la regulación del alquiler turístico convive en un reparto de competencias. Por un lado, las de vivienda son de las comunidades autónomas y, por otro, las de urbanismo, que corresponden a los ayuntamientos. Esta diferencia hace que, en ocasiones, ambas entren en conflicto, como ha ocurrido en Galicia, donde la Xunta ha frenado recientemente las intenciones del Ayuntamiento de Santiago de eliminar más de 600 pisos turísticos.
Por su parte, el Gobierno se ha marcado también como objetivo cercar la proliferación de estos negocios. A finales de julio, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comisiones de Vivienda y de Turismo de esta organización municipalista para trabajar conjuntamente y abordar la situación de los pisos turísticos. Entre las posibles soluciones, se ha planteado la posibilidad de estudiar algunas modificaciones legislativas, como la Ley de Propiedad Horizontal, para que los vecinos tengan poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas.
Además, el Ejecutivo considera que el aumento de precios de alquiler asequible está viéndose impactado por la proliferación de este fenómeno. Por ello, el Gobierno adelantará el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear una plataforma estatal con las CCAA para compartir los datos y las normativas sobre estos alojamientos con el fin de combatir el fraude.