Moncloa autoriza inversiones de 21 empresas chinas pero veta a una húngara por «seguridad»
La opa de Talgo es la segunda operación que rechaza el escudo antiopas tras autorizar 245 expedientes desde 2020
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. | Pool Moncloa/ Jorge Villar / Europa Press.
El Gobierno ha autorizado la inversión de al menos 21 empresas provenientes de China mediante el mismo procedimiento de control de inversiones en empresas estratégicas que esta semana vetó la opa de la húngara Magyar Vagon. El dato es llamativo si consideramos que el argumento utilizado para bloquear la venta del fabricante de trenes fue el «riesgo para la seguridad nacional», el mismo razonamiento de la Unión Europea para pedir a sus miembros que se desvinculen de las infraestructuras críticas provenientes de Pekín.
De esta manera, inversores y analistas consultados por THE OBJECTIVE insisten en apuntar que estamos ante un nuevo ejemplo de motivaciones políticas, por encima de razones geoestratégicas o de «seguridad nacional», el detonante oficial del veto a la compañía húngara y que a última hora de ayer jueves generó que la compañía retirara oficialmente su propuesta de compra. Pese a que Moncloa ha declarado el expediente como «clasificado», se ha filtrado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró un informe advirtiendo de los nexos del consorcio Magyar Vagon con empresas y con financiación rusa. Unas dudas que se suman al temor por sus vínculos con el Gobierno del conservador Viktor Orbán.
Sin embargo, este jueves El Confidencial publicaba un documento de Ganz-Mavag Europe enviado al Ministerio de Economía en el que defendía el origen exclusivamente europeo de los fondos de la opa y el carácter no estratégico del fabricante de trenes, algo que desmontaría estas reticencias del Ejecutivo español. Pese a ello, el documento del CNI fue decisivo para dictaminar que esta operación «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público».
Inversiones de China
Nadie duda de que la fabricación de trenes y componentes ferroviarios puede ser una pieza clave de las infraestructuras estratégicas de un país, pero las fuentes consultadas apuntan a que una empresa de un país miembro de la Unión Europea como Hungría da mucha más tranquilidad a los inversores que países ajenos a la OTAN y al bloque comunitario como China –cuestionados por su privilegiada relación con Moscú– o Emiratos Árabes.
Sin embargo, entre 2020 y 2023 el número de autorizaciones en el marco del escudo antiopas del Gobierno español incluye a empresas de estos países: en concreto, 21 son de origen chino y otras 23 de Emiratos. Este procedimiento con el que se dotó el Ministerio de Economía durante la pandemia para evitar que las empresas estratégicas cayesen en manos de fondos oportunistas apenas ha analizado solicitudes de empresas de la Unión Europea (solo dos en 2023) y solo había rechazado hasta ahora una operación (en 2022), lo que convierte el veto húngaro en un caso absolutamente excepcional.
Según consta en el último informe de la Secretaría General de Inversiones Extranjeras, en los últimos cuatro años se autorizaron 105 expedientes de inversión de empresas con origen en Estados Unidos, 32 de Reino Unido, las citadas 23 de Emiratos, 21 de China, 10 de Canadá, 9 de Australia, 8 de Singapur y 8 de Japón.
Expedientes aprobados
Se han estudiado 263 expedientes para adquirir más de un 10% del capital de una compañía estratégica española, 212 se aprobaron sin medidas de mitigación, 24 se validaron con condicionantes y el resto se autorizó al no considerar que debían ser estudiadas. Solo se rechazó una operación y en ninguna de todas las anteriormente citadas se mencionó el argumento de la «seguridad nacional», ni siquiera en los requisitos exigidos para validar la operación.
En el caso de las empresas chinas, se autorizó la inversión a 21 compañías pese a que en este mismo periodo, la Unión Europea ha pedido a sus miembros que saque a estas compañías de sus infraestructuras críticas (todas ellas en manos de empresas estratégicas), precisamente por el riesgo que representan para la seguridad nacional y la soberanía comunitaria.
Unas advertencias ante las que España se ha puesto de perfil, en especial en el caso de Huawei y su impacto en el 5G de las redes de telefonía móvil españolas, al no establecer un veto específico a los componentes de este fabricante. Este diario ha publicado de la preocupación que hay en Bruselas por las estrechas relaciones comerciales de Madrid y Pekín que ha generado que China empiece a producir coches eléctricos en España -en medio de la guerra por los aranceles- y que incluso se hayan ofrecido fondos europeos Next Generation a estas empresas asiáticas.
China y España
Ante la autorización a 21 empresas de un país cuestionado por la Unión Europea -entre otras cosas por riesgos a la seguridad nacional- y el rechazo a una opa de una compañía de un socio comunitario como Hungría por estos mismos argumentos, la única explicación posible que se ve en el sector empresarial es la motivación política del Gobierno español.
El Ejecutivo español se opuso frontalmente a la operación desde que se anunciara y antes de conocer cualquier detalle técnico. El Gobierno de Pedro Sánchez está en las antípodas de Viktor Orbán y no lo ha escondido, pero -dicen las fuentes consultadas- esto no puede entorpecer una operación validada por los accionistas de la empresa afectada, por el mercado y que representaba una solución viable para los problemas financieros de Talgo.
Opinión de la UE
Los principales accionistas de Talgo y los sindicatos de la compañía manifestaron su preocupación por una compra vista como un salvavidas para el grupo español, mientras que el mercado les castigó con una caída de casi el 9% en bolsa desde que se conociera el veto a la opa. Con todo, este jueves se ha abierto un nuevo escenario después de que Magyar Vagon decidiera retirar su oferta oficialmente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque no descarta volver a presentarla.
Sin embargo, todo parece indicar que se mantendrá abierta la vía judicial planteada por la empresa húngara hace dos días, cuando amenazó incluso con llegar hasta la Unión Europea. De momento, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, no ha criticado el veto, pero tampoco lo ha validado. «No tenemos ningún comentario específico», dijo este jueves.
