Yolanda Díaz cambia de planes y retrasa a 2026 la reducción de la jornada laboral
La mesa de diálogo social va perfilando cuestiones como el tiempo límite de aplicación de esta medida
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. | Europa Press
Las negociaciones no están cerradas, y pese al «bucle» y «bloqueo» del que hablan los sindicatos, la mesa de diálogo social que sigue debatiendo desde hace meses la reducción de la jornada legal de trabajo a 37,5 horas a la semana va perfilando algunas cuestiones mollares, como el tiempo límite de aplicación de esta medida.
Este nuevo marco de ejecución, en principio, estaba previsto para enero de 2026. De manera gradual, quedará establecido como tope -según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE– el 31 de diciembre de 2026. Esto implicará que la condición de promedio en el cómputo anual fuerce a que las empresas planifiquen dicha medida desde el primer día del año 2026, si no quieren -explica un experto- «tener que dar unas vacaciones a final de año» para ajustar la reducción de jornada.
En primera instancia, en 2025, aquellos negocios cuya jornada semanal sobrepasa por convenio las 38,5 horas -alrededor de un 7% del total- tendrán que ajustar a ese horario la reducción laboral. En realidad, se trata de una corrección por parte del Ministerio de Trabajo, desde donde califican la cesión de «generosidad» o de un cambio de planes en la cartera que dirige Yolanda Díaz, dado que se aumenta el periodo inicial transitorio en prácticamente un año.
Ni a CCOO ni a UGT les convence la situación. Este mismo miércoles decían que las negociaciones no caminan ni a un lado ni a otro, tanto en este como en otros aspectos. Por ello, han convocado para el 26 de septiembre concentraciones ante las sedes de sus patronales en toda España para protestar por esta parálisis que achacan a las patronales CEOE y Cepyme, partidarias de alcanzar acuerdos vía convenios.
Del bucle a la discrepancia
La elasticidad del calendario de ejecución es una de las principales novedades. Se trata de otro punto controvertido que, sin duda, se abordará en el próximo encuentro de la mesa de diálogo social. Esta se celebrará a finales de la próxima semana. No obstante, «esta medida no está desarrollada en la mesa y no se conoce la redacción exacta», precisa una fuente sindical a TO.
Como segundo punto, la distribución irregular de la jornada constituye un escollo para las organizaciones empresariales. Al valorar la propuesta del Gobierno, consideran que, para adaptarse a las necesidades de producción, del 10% de flexibilidad actual se podría pasar a un periodo de transición sobre un cálculo del 40%. Este último, además, se quedaría de forma permanente. Según indican a este medio, dichas horas extra no solo suponen un sobrecoste para las empresas -incrementos salariales y cotizaciones-, sino que además dejan el problema de la falta de horas sin cubrir.
La bonificación a la contratación que el equipo de la vicepresidenta segunda propone tampoco logra el consenso de los integrantes de la mesa de negociación. En este sentido, Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), subraya la imprecisión de la medida, que de modo más acusado afectará negativamente a aquellas empresas con menos de diez trabajadores. Cabe señalar que la iniciativa va dirigida a las microempresas. Desde las patronales, se discute que bonificar por la contratación de nuevos trabajadores reduciendo al mismo tiempo la jornada laboral de los ya empleados sea una medida eficaz y se teme que acabe traduciéndose en la proliferación de minijobs o minitrabajos.
Dudas sobre la eficacia del Sepe
Por último, pende de la negociación otro punto complicado: el Plan 375. Este último está diseñado para que, desde el Estado, se imparta formación a las pymes que apliquen la reducción de la jornada laboral y definitivamente opten por la contratación de nuevos empleados.
En palabras de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo: «El Pyme 375 es un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios, que servirá para orientarles, asesorarles y formales en todo lo que supone la aplicación de la reducción de la jornada de trabajo, para que lo puedan hacer de la mejor forma posible».
Pero lejos de entusiasmarse, el vicepresidente de CEOE reprueba la medida y recuerda que, «por si fuera poco, se pretende que el Sepe -a través de los centros de orientación al empleo (COE)- se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello».
Entretanto, el catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, Jordi García Viña, impartirá una conferencia el 18 de septiembre a las 19.00, en la Universidad Francisco Marroquín, en Madrid, donde junto a otros expertos convocados por la Fundación Acción Liberal analizará las consecuencias de la reducción de la jornada laboral para las empresas.
