Indignación en el campo por el plan del Gobierno para limitar más aún los pesticidas
Los agricultores lamentan que el Gobierno quiera ir más allá de las exigencias de Bruselas
Protestas de los agricultores a inicios de año. | Archivo
Los agricultores lamentan que el nuevo plan del Gobierno para reducir el uso de productos fitosanitarios en el sector en el periodo 2025-2029 les deja «sin alternativas» ante algunas plagas o situaciones complejas, según han asegurado varias organizaciones a THE OBJECTIVE. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inició hace unos días el procedimiento de consulta pública del Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2025-2029. Con este plan, el Gobierno pretende «tener los deberes hechos», según el sector, de cara al nuevo reglamento europeo que está por venir tras la paralización por parte del Parlamento Europeo del Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) en la pasada primavera.
El nuevo borrador, que se encuentra en proceso de alegaciones, se centra en la protección y preservación de la salud humana, el medioambiente, la biodiversidad, la agricultura y la alimentación saludable de la población. Para ello, ahonda en la restricción del uso de determinados productos. De hecho, en el propio informe, Agricultura se muestra satisfecho con la situación actual del uso de productos fitosanitarios en España, que revela una reducción superior al 50 % en el uso y riesgo de estos productos en comparación con periodos de referencia anteriores. Se trata de una cifra similar a la exigencia del reglamento sobre el Uso Sostenible de los Pesticidas, paralizado por Bruselas, de aquí a 2030.
El nuevo borrador no da más cifras, pero pretende ir más allá y «continuar la senda positiva en la reducción de uso y riesgos de los productos fitosanitarios». Una cuestión que critican desde el sector agrario, pero no es la única. «El plan tendría que plantear la reducción de fitosanitarios siempre mediante la puesta a disposición del sector de una alternativa. Es el fallo de este plan y del anterior reglamento», asegura en conversación con este diario Andrés Góngora, secretario provincial de COAG en Almería. En este sentido, considera que «cuando hay una plaga, no puedes eliminar un producto fitosanitario que la pueda tener contenida porque se nos puede ir de las manos. Antes de prohibir un producto hay que tener una alternativa aprobada». Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la plaga de la tuta en el tomate, aseguran desde el sector.
Sin alternativa eficaz y económica
Las principales asociaciones de agricultores (COAG, UPA, ASAJA, Unión de Uniones de Agricultores) estudian estos días este nuevo borrador. El plazo de alegaciones finaliza a mediados de octubre. Los agricultores consideran que algunas cuestiones del plan «son repetitivas» de lo que ya existe. Por otro lado, creen que el PAN tiene el defecto de no plantear una alternativa a los agricultores cuando un producto fitosanitario es eliminado.
Los agricultores no se muestran en contra de reducir el uso de los productos que sean perjudiciales o agresivos, pero piden una alternativa eficiente y viable económicamente. «Cuando hay un problema y hay una plaga, no puedes eliminar un producto fitosanitario que pueda tenerla contenida. Antes de retirar hay que buscar una alternativa, en precio y ágil con el registro», explica Góngora.
Productos permitidos en terceros países
«El problema que tenemos los agricultores es que cuando intentamos suprimir un fitosanitario para una plaga, no hay alternativa», añade por su parte Luis Cortés, líder agrario de Unión de Uniones. En conversación con este diario, el agricultor asegura que es lo que les está ocurriendo en este momento con la tuta en el tomate. «Nos están quitando el producto, dicen que es nocivo, que hay otros que son más respetuosos con el medio ambiente. Claro, son tan respetuosos que no controlan la plaga», lamenta. Desde el sector aseguran que se trata, en muchos casos, de productos mucho más caros y con menos eficacia contra las plagas.
Mientras ocurre esto, los agricultores españoles lamentan que sí se permita la importación de alimentos tratados con estos productos fitosanitarios fuera de la Unión Europea. Por ello, desde el sector también demandan negociar las consideradas cláusulas espejo en los intercambios comerciales con terceros países, es decir, que el producto importado tenga los mismos requisitos y condiciones que lo producido en los mercados locales. Estas peticiones radican en la consideración de los agricultores de que estos acuerdos comerciales suponen competencia desleal con respecto a sus propias producciones, también en lo que se refiere a los productos fitosanitarios, ya que muchas de las denuncias del sector agrario se basan en que los productos fitosanitarios utilizados por estos países no se permiten en la Unión Europea.
Flexibilidad en la autorización
Los agricultores demandan que la normativa tenga la suficiente flexibilidad y agilidad para estar alerta ante un problema fitosanitario que aparezca. «En un contexto en el que tenemos las fronteras abiertas y nos entra mercancía de todos los sitios del mundo, mañana nos podemos llevar una sorpresa. Ahí tenemos que ser ágiles para, si tenemos un producto, registrarlo rápido», añaden.
Otro de los problemas que señalan los agricultores es el elevado coste de estos productos, que se ha disparado más de un 100% desde 2019. Luis Cortés, de Unión de Uniones de Agricultores señala que cuando una multinacional, pasados los 25 años, ya no tiene la patente sobre el producto y pasa ser genérico, «es curiosamente cuando se detecta que es malísimo para el medio ambiente y se prohíbe».
