El doble juego del PNV: un pie en el Ibex y otro en las empresas públicas
El partido aprovecha la debilidad de Pedro Sánchez para exigir protagonismo en los reguladores y las empresas
María Jesús Montero (ministra de Hacienda), Andoni Ortuzar (presidente del PNV) y Belén Gualda (presidenta de la SEPI). | Ilustración: Alejandra Svriz
El 31 de octubre de 2023 saltaron todas las alarmas. El Gobierno, a través de la SEPI, anunciaba la posibilidad de adquirir una participación accionarial en Telefónica, 26 años después de la salida definitiva de su capital durante la presidencia de José María Aznar. El epílogo de la historia es conocido por todos: un año después el Estado posee el 10% tras gastarse 2.300 millones de euros y tiene a Carlos Ocaña como representante en el consejo de administración. Sin embargo, detrás de este movimiento hay una historia más larga que comenzó a tejerse dos meses antes, cuando la saudí STC anunció que compraba el 9,9% de la operadora de telecomunicaciones.
La entrada de los saudíes puso sobre la mesa un tema que hasta entonces había sido tabú en los últimos Gobiernos: la vuelta del Estado a las grandes empresas españolas y en especial a las corporaciones del Ibex, reconvertidas en estratégicas según la nueva terminología acuñada por el Ministerio de Asuntos Económicos en pandemia. Una idea que maduró en las conversaciones que esos meses se produjeron en Moncloa entre el gabinete económico -liderado por Manuel de la Rocha- y las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, pero que cristalizó tras las negociaciones del PSOE con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para obtener los apoyos parlamentarios para la investidura de Pedro Sánchez.
En estos encuentros la formación de Andoni Ortuzar puso sobre la mesa un proyecto para que el PNV estuviese presente en grandes corporaciones, no solo a nivel regional, sino que también a nivel nacional. Incluso se habló de la posibilidad de que el partido tuviese un representante destacado y con mando en plaza en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La idea era replicar el histórico modelo vasco de participación pública en empresas estratégicas.
Lehendakaritza y empresas
Desde que llegó a la Lehendakaritza en el año 1980, el PNV puso en marcha una política industrial de apoyo a las grandes empresas de la región con presencia en todos los sectores productivos, desde industria a telecomunicaciones, pasando por redes digitales, aeroespacial y ferrocarriles. Euskaltel, SAPA y Kutxabank son ejemplos de su influencia, y Kaiku, ITP Aero y CAF están participadas directamente. En estos 40 años, decenas de compañías han contado con apoyo público para su expansión en el resto de España y en el exterior, aunque la evolución de los mercados y sucesivos movimientos de compras y adquisiciones han debilitado el gran peso que llegaron a tener en todo el tejido productivo.
Finalmente, no se llegó a un acuerdo con el PSOE para tener influencia en sociedades estatales ni en la SEPI, pero el PNV dio sus votos a Pedro Sánchez a cambio del traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes, incluyendo la postergada cesión del régimen económico de la Seguridad Social en un plazo máximo de dos años. El PSOE también se comprometió a avanzar en el modelo actual de concertación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y a fomentar la visibilidad y presencia de las haciendas forales en el ámbito internacional.
No obstante, algunas fuentes dentro del Ejecutivo sitúan estas negociaciones como el punto de partida del plan del Gobierno para recolonizar el Ibex, un proyecto que precisamente puso su primera piedra con Telefónica, pero que está pensado para desembarcar en más sociedades del selectivo español, con especial foco en compañías energéticas. Bajo la justificación de proteger las corporaciones estratégicas de fondos internacionales hostiles empezaron a buscar oportunidades de inversión que se han frenado solo por las estrecheces de unos presupuestos prorrogados y por falta de acuerdos empresariales, como sucedió en el caso de Naturgy o el de Talgo.
PNV y PSOE
Un proyecto de gran calado impulsado por la obsesión de Pedro Sánchez de controlar el mundo empresarial (como lleva décadas haciendo el PNV en el País Vasco), pero que se ha quedado corto por la escasa caja de Hacienda. Desde que en septiembre de 1996 Aznar empezó un acelerado proceso de la venta de participaciones públicas -con el 3,81% del capital de Gas Natural- se privatizaron (total o parcialmente) hasta 52 compañías con unos ingresos para el Estado de 31.747 millones de euros en solo siete años. Veinte años después las condiciones son otras y revertir este proceso se antoja altamente oneroso.
Pero las intenciones del PNV de tener presencia empresarial y económica en el Estado no han cesado. Las recientes concesiones a Cataluña creando un «concierto catalán» –que cederá la totalidad de impuestos como el IRPF -para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat han hecho saltar las alarmas en Bilbao y les han obligado a replantearse su relación con Madrid. Y la negociación de los presupuestos del próximo año ha sido la justificación perfecta para retomar estas demandas presentadas al comienzo de la legislatura.
El PNV quiere un mayor peso económico a todos los niveles y la primera petición es una destacada presencia en las instituciones. Se ha publicado que el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha intentado hacer hueco en el Banco de España a un representante de este partido, forzando la salida de la consejera Judith Arnal. Pero no es lo único, el partido presidido por Ortuzar quiere abrirse paso también en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde están pendiente de renovación cinco vocales, y en la nueva Comisión Nacional de Energía, que tiene todos sus cargos por repartir. El objetivo no es otro que tener un papel protagonista en la supervisión de empresas, en especial energéticas, con gran presencia en el norte de España.
Empresas públicas
En el PNV tampoco renuncian a tener una fuerte representación en la SEPI, donde aspiran a conseguir armas para controlar sociedades públicas. De la SEPI -supervisada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero- dependen entidades como Correos, Navantia,Tragsa, RTVE, la Agencia EFE y las participaciones del Estado en Telefónica, Indra, Redeia, Airbus e Hispasat. Un buen puñado de gigantes clave en sectores como la defensa, el aeronáutico, el digital y la energía.
¿Y las empresas? El primer paso podría ser Talgo. El fabricante de trenes sigue esperando la entrada de un inversor tras la opa de los húngaros de Magyar Vagon bloqueada por Moncloa, lo que ha llevado al Gobierno vasco (controlado por el PNV) a ofrecerse a entrar en la compañía, ya sea a través de su participada CAF o como inversor institucional de la mano de un socio industrial. Las dos fórmulas se han ofrecido al Gobierno central, que a su vez sigue buscando un gran referente que pueda apuntalar las cuentas de la sociedad sin descartar una entrada en el capital con la SEPI.
Indra, ITP y el PNV
Otra gran compañía en el punto de mira, en este caso en el Ibex, es Indra. En ella uno de los accionistas es la SAPA (8%) de Jokin Aperribay, muy cercana al PNV y a los movimientos del Gobierno vasco. Por ello no se descarta que puedan tener un mayor peso en el futuro a través de fórmulas similares a la que ejecutaron en ITP Aero, donde la Lehendakaritza supervisó la salida de Rolls Royce y apadrinó la entrada de Bain Capital. Actualmente, la autonomía es dueña del 6% del fabricante de motores a través del fondo público Finkatuz.
Otro eje en el que el PNV monitoriza el mundo corporativo es el de las redes de telecomunicaciones. Inveready (Josep Luis Echarri) junto con históricos partners vascos como las familias Onchena e Ybarra cerraron esta semana la compra de Avatel, la quinta teleco española por número de clientes. Además, poseen la mitad de la sociedad de fibra óptica que compraron a MásMóvil con toda la infraestructura heredada de Euskaltel. El plan es construir junto a otros fondos una gran red nacional que pueda competir con Telefónica y para ello cuentan con el apoyo del Gobierno de Vitoria. El viejo modelo vasco de control que busca dar el salto a nivel nacional. El doble juego del PNV, con un pie en el Ibex y otro en las empresas públicas y en las instituciones.
