El Gobierno obligará a las compañías a atender a los funcionarios de Muface hasta septiembre
La ley de contratos públicos contempla una prórroga del convenio cuando está pendiente de aprobación otra licitación
Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa. | EP.
El Gobierno tensa la cuerda y obligará a las aseguradoras a atender a los funcionarios de Muface durante nueve meses más, una vez finalizado el actual concierto. DKV, Asisa y Adeslas tenían hasta este martes para comunicar su decisión de aceptar o abandonar las nuevas condiciones de los pliegos del Ejecutivo para los años 2025 y 2026. Ninguna de las tres compañías –ni ninguna empresa del sector– se ha presentado. El concierto ha quedado desierto y a partir del 31 de enero alrededor de 1,5 millones de personas que están adscritas al mutualismo tendrán que pasar a la sanidad pública. Pero el Gobierno tiene un as bajo la manga.
Tal y como ha informado el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado, Muface, como órgano de contratación, «iniciará los trabajos para una nueva licitación». Como consecuencia, tal y como recoge la Ley de Contratos del sector público, el Gobierno puede prorrogar el servicio hasta nueve meses más, atendiendo a circunstancias de interés público, si presenta una nueva licitación, como ha avanzado.
«Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses», señala el artículo 29 de la citada ley.
Desde Muface también lo apuntan así: «Con posterioridad a la fecha de finalización del concierto, se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público». Por ello, la continuidad de la cobertura está garantizada hasta, al menos, septiembre, si no se ha alcanzado un acuerdo antes entre compañías y Gobierno cuando este presente la nueva licitación.
Prórroga forzosa con límites
«La ley de contratados públicos contempla la posibilidad de obligar al empresario a prorrogar el convenio por un máximo de nueve meses si este se ha encontrado desierto en la nueva licitación y cuando por interés público así se establezca», explica a THE OBJECTIVE el abogado Carlos Lacaci, socio director de Lacaci & Delgado Abogados. No obstante, Lacaci señala que la prórroga forzosa «tiene límites». «No puede alterarse lo que ya estuviera pactado en el contrato. Es una medida excepcional que atiende a circunstancias de interés público».
De esta forma, las aseguradoras tendrán que seguir dando cobertura a los mutualistas de Muface hasta un máximo de nueve meses desde el fin del concierto actual (31 de diciembre), con las primas establecidas en el concierto de diciembre de 2021, a pesar de que, Adeslas, Asisa y DKV calculan que con el último contrato han perdido en conjunto 600 millones de euros. Por ello reclamaron una mejora de las primas del 40%, pero el Ejecutivo solo subió un 17% en su propuesta.
Esta ha sido la causa por la que las aseguradoras han dejado desierta la oferta. Y así lo han explicado las tres empresas en sus comunicados: «La compañía toma esta decisión obligada por la insuficiencia de la propuesta económica, que llevaría a un empeoramiento de la atención al paciente y a un deterioro de la retribución a los profesionales sanitarios», señala DKV, en línea con los mensajes de Adeslas y Asisa.
Las consecuencias del fin de Muface
La caída de Muface, según un informe de ASPE, dispararía las lista de espera para consultas externas en un 266%, mientras que las de cirugía se dispararían un 115%; además, 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado desaparecerían y 21 hospitales podrían echar el cierre.
Por ello, es que desde ASPE confían en que «se pueda diseñar un nuevo proceso de licitación que responda a los requisitos de viabilidad y que ambas partes negociadoras puedan llegar a un acuerdo que permita dar una cobertura sanitaria sostenible para los mutualistas y asegure la continuidad de un modelo sanitario complementario que ha mostrado su valor en España». Además, la patronal de la sanidad privada española subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, «para poder garantizar la sostenibilidad del sistema».
En este sentido también se han pronunciado desde IDIS, que instan a la Administración a «reconsiderar» la situación y publicar una nueva licitación «que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia de este modelo de atención y la óptima calidad asistencial de sus usuarios». «La infrafinanciación del modelo y la alta siniestralidad del colectivo (cercana al 110%) han llevado a este modelo a una situación de alto riesgo de viabilidad, por las pérdidas acumuladas de las aseguradoras y por la imposibilidad de garantizar la calidad asistencial», apunta la entidad en un comunicado.
