El PP consigue que la Eurocámara estudie el problema de la 'okupación' ilegal en España
El Parlamento Europeo la abordará tras la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación
Las fuerzas de seguridad en frente a un edificio okupado. | Europa Press
El Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha conseguido que la Eurocámara celebre una audiencia pública en la que se analizará el fenómeno creciente de la ocupación ilegal en nuestro país, a fin de legislar la posibilidad de introducir un marco jurídico que proteja la actividad privada. Esta audiencia, que tendrá lugar dentro de la Comisión de Peticiones, ha sido posible gracias a la denuncia formulada en las instituciones europeas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), cuyo presidente, Ricardo Bravo, pasaba esta semana por la Comisión de Vivienda, del Congreso de los Diputados. Allí, y ante las fuerzas parlamentarias, con notables ausencias, entre ellas Podemos, Sumar y ERC, Bravo expuso 10 medidas para solucionar el problema de la vivienda, una petición que también ha hecho extensiva a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
En esta ocasión -y según ha podido saber THE OBJECTIVE-, será la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la que celebrará una audiencia pública en el primer trimestre de 2025, sobre la ocupación ilegal, marco en el que se estudiará cómo eliminar los obstáculos legales a los que se enfrentan los propietarios para recuperar sus bienes.
Ha sido la coordinadora de Peticiones del Grupo PPE, Alma Ezcurra, quien ha indicado que con la celebración de esta audiencia, se ha conseguido que en Europa «se aborde el grave problema de la ocupación ilegal», subrayando que, «desde el PP defendemos la
propiedad privada, así como la protección de las personas en situación vulnerable».
Europa rechaza el bulo de Sánchez
La audiencia, a iniciativa del PP, es consecuencia de la denuncia de Plataforma de Afectados por la Ocupación y otras quejas que se han debatido en la comisión de Peticiones. Denuncian la violación sistemática de los derechos de los ciudadanos españoles propietarios de una vivienda en alquiler y que no pueden recuperar cuando el inquilino deja de pagar la renta.
En el mes de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba desde el Parlamento español su Plan de Regeneración de la Democracia con el que sortear los «bulos» que, según él, se difunden a través de una serie de medios de comunicación, a los que tildó de pseudomedios. En esa intervención, el dirigente socialista atacó a quienes defienden que en España existe un problema de okupación ilegal, afirmando que, esa eventualidad no es más que un «bulo», pues solo toca al «0,06% de las viviendas». Inmediatamente, aquel comentario suscitó el enfado de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, tocados por la «insensibilidad» del presidente y, por «invisibilizar una situación», que, entienden, no puede ser tratada como un mero porcentaje. Desde entonces la PAO no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno.
Hoy esa denuncia de la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha llegado hasta las instituciones europeas, dispuestas a plantear soluciones, y al menos a analizar un problema que, según el manifiesto recogido en el último comunicado de la PAO, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, afecta a 80.000 casos que se posicionan, claramente en contra de prorrogar
el RDL 11/2020 y a favor de modificar la Ley de Vivienda.
Diferentes legislaciones
Según el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE «toda persona tiene derecho a la propiedad, al uso, a disponer y a legar sus bienes legítimamente adquiridos» y que «nadie podrá ser privado de su propiedad, salvo por causa de utilidad pública».
No obstante, las leyes que regulan la ocupación difieren entre los Estados miembros, y van desde un año de cárcel y una multa de 15.000 euros en Francia hasta dos años de prisión, en caso de violencia colectiva, en Alemania. Las respuestas nacionales también varían en cuanto a la obligación de los propietarios de presentar una denuncia e incluso de que la policía actúe en caso de extorsión.
La falta de legislación para hacer frente a estos problemas se está convirtiendo en una de las principales causas de la grave crisis del mercado del alquiler en España y en otros Estados miembros. «La ausencia de seguridad jurídica para los arrendadores está provocando la salida del mercado de miles de viviendas por miedo a su ocupación, con la consiguiente disminución de la oferta y el aumento de los precios, imposibilitando el acceso a una vivienda de alquiler a las personas más vulnerables y a los jóvenes», afirma Ezcurra.
«Con el voto en contra de los socialistas»
Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, ha señalado que la ocupación ilegal, ya sea por parte de individuos o de bandas criminales organizadas, se ha convertido en «un problema europeo».
«El Partido Popular lidera en Europa la denuncia contra la ocupación ilegal, exigiendo medidas contundentes para proteger la propiedad privada. Es inadmisible -ha señalado Montserrat- que las mafias de la ocupación puedan operar impunemente mientras las instituciones no garantizan el derecho a la propiedad privada, que debe ser protegido por todos los Estados miembros de la Unión Europea».
*La audiencia fue aprobada con el voto en contra de los socialistas y está prevista para el primer trimestre de 2025.
