La presión fiscal normativa de los españoles ya es en 2024 un 17% mayor que la media de la UE
España ocupa una de las peores posiciones en competitividad: pasa de la número 23 en 2019 a la 33 de los 38 países analizados
De izquierda a derecha, Iñigo Fernámdez de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, y Gregorio Izquierdo, director general de esta institución. | Europa Press
Pendientes de la reforma fiscal que tantos quebraderos de cabeza está dando al Gobierno, con un paquete de nuevos impuestos con el que gravar a los contribuyentes de cara a 2025, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentó este lunes el último diagnóstico de la competitividad fiscal del sistema económico. Una imagen fija que, a tenor del análisis de este think tank, muestra cómo España ha reducido el diferencial de presión fiscal con la media de la UE, que alcanza el 41,1%, según datos de Eurostat, mientras que aquí ya se alcanza una presión fiscal del 38,3%. Unos porcentajes que, según las previsiones, se reducirán aún más con una presión fiscal nacional del 39%.
Pero este incremento de la presión fiscal no ha hecho que España gane en competitividad ni haya reducido considerablemente su déficit público como exigen las instituciones europeas con las nuevas reglas fiscales, pese a que está previsto que la recaudación tributaria de 2024 cierre en torno a los 295.000 millones de euros, lo que es un récord, pues supone un aumento del orden del 47%, desde 2019. Según ha podido cotejar THE OBJECTIVE, las arcas del Estado recaudarán 95.000 millones de euros más. Sin embargo -señala el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa-, «pese a ese incremento de recaudación del 47%, nuestro PIB nominal solo ha subido un 27% en ese tiempo».
Hay un abanico de dudas ante este desfase en cuanto al récord de recaudación, que no se traduce en una explosión similar del PIB nominal de los españoles. España ya es uno de los países con mayor presión fiscal dinámica (respecto al ritmo de subida de impuestos de los países desarrollados). Baste señalar que, en el periodo 2018-2022, la UE redujo su presión fiscal en relación con el PIB en 1,1 puntos, al tiempo que España incrementaba esta variable en puntos porcentuales, a lo que se suman sucesivas subidas impositivas.
Tampoco se ha traducido ese repunte recaudatorio en otra variable a considerar a la hora de medir la competitividad fiscal de la economía, dado que, además, la presión fiscal normativa de los españoles -es decir, aquella que aproxima la carga del gravamen que el diseño fiscal del sistema introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga-, es ya un 17% mayor que la del promedio de la UE. Ante estos elementos y el comportamiento del sistema, el IEE ha presentado el Índice de Competitividad Fiscal que, de la mano de la Tax Foundation, ha determinado que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cuando en 2019 se situaba en el puesto 23. Ello deja constancia de una perdida total de competitividad fiscal desde la pandemia. Asimismo, muestra el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, «tendencia -remarca Fernández de Mesa- que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y cotizaciones sociales».
Las consecuencias de la carga fiscal
De hecho -explica el IEE, cuyo director general es Gregorio Izquierdo-, los contribuyentes españoles ya soportaron en 2023 un esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada a la renta) de un orden de un 13% superior al de la UE, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima de otros países de la OCDE. Es un problema especialmente grave -mantiene el IEE-, ya que también existe una excesiva presión fiscal empresarial, que en el año 2022 fue del 12,2%, frente al 10,4% del promedio europeo. De hecho -detalla esta institución-, «las empresas españolas aportan el 32,4% del total de recaudación, frente al 25,8% que aportan la media de las empresas europeas».
El estudio muestra una situación especialmente sangrante en una economía globalizada, porque provoca en nuestro entorno «la deslocalización de inversiones, la fuga de contribuyentes, las desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan internacionalmente, y también a los locales que deben afrontar la competencia de los operadores no residentes con menor carga contributiva».
Solo hay que ver -señala el IEE- que el tipo efectivo medio sobre la inversión está afectando a las empresas españolas, porque también es uno de los más elevados de UE, con el consiguiente encarecimiento del coste de capital empresarial. Así sucede con la tributación de Patrimonio, siendo España uno de los países con peor tributación de nuestro entorno comparado. Lo mismo sucede con el IRPF: nuestro tipo máximo puede llegar al 54%, frente a una media del 39,6% en la UE. Además, el efecto conjunto del IRPF con la tributación patrimonial (Impuesto sobre las Grandes Fortunas) puede elevar el tipo hasta un 60%, lo que es claramente confiscatorio.
En lo relativo a la tributación de dividendos, el tipo máximo en España (sumando la carga del Impuesto sobre Sociedades en los beneficios y el IRPF en la distribución) puede llegar al 46%, mientras que la media de la UE se sitúa en el 41%. Este diferencial, que ya es muy significativo, se quiere incrementar por parte del actual Gobierno, que ha propuesto recientemente una subida en el tipo máximo de la renta del ahorro.
La necesidad de una reforma inteligente
Con este marco, el Instituto de Estudios Económicos dice que «el mejor camino para mejorar la recaudación en España de una forma sostenible no es el de la acumulación de subidas impositivas que acaban teniendo un efecto depresor sobre la convergencia real, sino el de crear un clima fiscal favorable a las empresas, con un sistema fiscal competitivo. En este sentido, cualquier incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal».
Sostiene el IEE que España tiene en estos momentos un sistema fiscal que supone un lastre para el crecimiento económico, que ha incrementado fuertemente los impuestos en los últimos años, apostando para ello por las figuras que más distorsionan (fiscalidad empresarial y patrimonial), frente a las tendencias de bajadas de impuestos de nuestro entorno, «con reformas fiscales inteligentes, que logran compatibilizar el principio de suficiencia recaudatoria con la preservación del principio de eficiencia económica».
Evitar enmiendas
Por último, el IEE insiste en «la necesidad de mejorar la calidad legislativa y reforzar la confianza en nuestras instituciones. Así, las propuestas de nuevos impuestos planteadas en las últimas semanas, al no seguir estas vías preceptivas obligadas, resultan en normativas de ínfima calidad técnica, especialmente contraproducentes, que no se han beneficiado de los procesos que garantizan que las normativas tributarias sean técnicamente de calidad».
De cualquier modo -concluye-, «se deben evitar las enmiendas forzadas a leyes en tramitación y la aprobación de proposiciones de ley -que no sean las de la oposición, que no cuenta con otra alternativa-, ya que las normativas resultantes, muy condicionadas por meros acuerdos políticos partidarios, muchas veces resultan incompatibles con los principios obligados de buenas prácticas legislativas».
