La farma semipública Terafront llega a fin de año sin cumplir su objetivo de nombrar CEO
Rovi e Insud se reservaron el derecho de renunciar a su participación societaria antes de que acabara el 2024
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. | Europa Press
La información relacionada con la farmacéutica semipública Terafront –constituida por el Gobierno y los laboratorios Insud y Rovi– llega con cuentagotas. De hecho, poco se conoce de esta sociedad mercantil de terapias avanzadas que inició las operaciones de forma oficial el pasado 13 de marzo, al día siguiente de su aprobación en Consejo de Ministros. Y es que a apenas dos semanas de que dé comienzo el nuevo año, la empresa mixta público privada –cuyo compromiso es tener las dos primeras terapias para 2027– sigue sin CEO, que era el primer objetivo marcado por la compañía.
El CEO (Chief Executive Officer) constituye el principal ‘guía’ estratégico de la misma y, por ello, el principal responsable en la toma de decisiones estructurales y de planificación. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo señalaba que este no surtirá de una propuesta unilateral, sino fruto del «consenso» entre todas las partes. Sin embargo, por el momento se desconoce quién ejercerá este papel en la ‘farma’ semipública.
Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al igual que desde Insud y Rovi, señalan a THE OBJECTIVE, que «la sociedad continúa en fase pre-operativa y, hasta que el Consejo de Administración no se reúna y emita alguna información, no disponemos de más avances que comentar». Tampoco conocen cuándo se reunirá el consejo, constituido por cinco consejeros, entre los que destacan, Lucas Sigman, consejero delegado de Insud Farma, que será el presidente de la sociedad público-privada, así como Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, que será consejero. Así se recoge en la escritura de constitución de la compañía, fechada el pasado 13 de marzo.
El consejo se completa con otros tres vocales, además de Abarca: Juan López Belmonte, en nombre de Laboratorios Rovi, María Dolores Calderón, en representación de Innvierte Economía Sostenible SICC SME SA, la compañía subsidiaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y María Pollán, como directora del Instituto de Salud Carlos III (ISC-III).
«Tanto silencio parece un poco sospechoso»
Fuentes del sector próximas a una de las farmacéuticas señalan a este medio que las dos empresas privadas (Rovi e Insud) tenían la prerrogativa firmada en el pacto de socios de salirse del accionariado sin ninguna penalización antes del 31 de diciembre de 2024. «Tanto silencio parece un poco sospechoso», valoran estas fuentes, que aseguran que es «extraño» que aún no hayan nombrado un director ejecutivo para Terafront. Además, la sociedad deberá nombrar, con el voto favorable de al menos cuatro de los cinco consejeros, un consejero delegado, una Comisión Ejecutiva y un director general.
En cuanto a la ubicación de la fábrica, que se hará cargo de producir los medicamentos, todo apunta a que será en el País Vasco. Según informó El Economista, «los ojos se han puesto en País Vasco». «El ecosistema que existe ya en esta comunidad autónoma favorece la elección», indica este medio, que cita a fuentes cercanas a la compañía.
Terafront Pharmatech, como contó THE OBJECTIVE, cuenta con una participación del 51% por parte de los socios privados, Insud Pharma y Rovi, y un 49% de inversión pública, procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene previsto movilizar una aportación público-privada de más de 74 millones de euros.
Innvierte aportará 36.685.000 euros y la aportación de capital privado será de 38.182.346 euros, aportada por partes iguales por los accionistas privados, Insud Pharma y Rovi, titulares cada uno de un 25,5% del capital social. No obstante, el desembolso puede aumentar hasta 220 millones de euros, dependiendo de las necesidades de los proyectos que se concreten en un futuro, con una aportación pública total de 107 millones de euros.
El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar y comercializar terapias avanzadas –previstas para 2027– cuyos fármacos resultantes se ofrecerán al SNS a precios reducidos. No obstante, como adelantó este medio, ni Rovi ni Insud tienen experiencia en este tipo de tratamientos médicos.
