Gibraltar saca tajada del fraude de los hidrocarburos y dispara sus ventas a España
Determinadas sociedades y tramas eligen la opacidad y la fiscalidad del Peñon para impulsar sus negocios
El fraude en el IVA y el incumplimiento de las normativas medioambientales han puesto en el foco el sector de los hidrocarburos y la comercialización del diésel y han convertido en protagonista -beneficiado por el caos y el desarrollo de actividades que esquivan la ley- a Gibraltar.
Pese a que el Peñón solo registra de forma oficial exportaciones de diésel desde hace cuatro años, ha logrado escalar puestos en sus negocios con España. El impulso de sus ventas a nuestro país comenzó con el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La facilidad para constituir empresas, que propicia enrevesados entramados societarios; la opacidad y una política fiscal agresiva que atrae a determinadas compañías, han hecho el resto. Todo sucede además en el contexto del fraude a Hacienda llevado a cabo por un porcentaje importante de empresas que operan en el sector de hidrocarburos.
Solo hasta octubre -último dato constatado- han llegado a España desde Gibraltar 729.000 toneladas de diésel, el 10,5% del total. El ejercicio 2024 acabará probablemente con un nuevo récord. En los diez primeros meses ya se han comprado 66.000 toneladas más que en el mismo periodo de 2023.
Gibraltar y el diésel
Durante el año pasado se adquirieron a la colonia británica en territorio español 846.000 toneladas. Es este ejercicio destacan meses con cantidades inferiores a 30.000 toneladas, algo que según los expertos es difícilmente explicable porque los barcos transportan como mínimo esa cantidad. Entre 2021 y 2023, las media de importaciones se situó en 580.000 toneladas de media.
Los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) muestran la evolución de las importaciones extranjeras. El principal vendedor de diésel a España es Países Bajos. El puerto de Róterdam, el más grande del Europa, es trascendental en el comercio en el continente. De allí, han salido 1.370.000 toneladas en los ocho primeros meses de 2024. La clave de este comercio es la cercanía al puerto de suministro. Cuanto más cerca, más rentable resulta.
Lío legislativo y caos fiscal
El fraude de los hidrocarburos tiene dos frentes legislativos abiertos. Por un lado, desde las grandes empresas del sector se está reclamando que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se adelante cuando se lleve a cabo una venta desde el depósito fiscal hacia fuera. Con este plan se buscaría evitar que las empresas diseñadas para cometer fraude cuenten con hasta un trimestre para liquidar el impuesto.
Este tiempo, según los expertos, incita a que este no sea repercutido a Hacienda y se pierda en la tesorería de las compañías. No obstante, otra parte del sector considera que existen otros mecanismos que podrían evitar ese fraude y que esa medida invita hacia el oligopolio porque supondría el fin de las pequeñas empresas, con menor músculo financiero, que no pueden asumir ni con avales bancarios dicho adelanto.
Esta materia es muy sensible porque en 2023, según los datos de la Agencia Tributaria, hubo un fraude de IVA de 715,1 millones de euros. Mientras se decide sobre esa medida, conocida como solución a la italiana, porque allí se aplicó de esta forma, el Gobierno trata de subir el impuesto al diésel. Una propuesta exigida por la Unión Europea y que ya en junio de 2019 la por entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmaba que lo iba a llevar a cabo. De hecho, España es uno de los países que cuenta con el combustible más barato de la Unión Europea.
Por otro lado, se produjo un caos fiscal el pasado año y a principios de este. Esto se debió a que el Ministerio de Hacienda erró en una medida y puso en marcha a principios de 2023 una herramienta llamada Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) con el objetivo de registrar a todas las empresas y así controlar el fraude. El problema es que, al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las compañías de la cadena para extraer combustible del depósito fiscal.
«Personas inútiles con sociedades limitadas de 3.000 euros sin capacidad técnica ni económica pasaron a coger capacidad de almacenamiento de una terminal y además extraer el combustible de allí», señalan fuentes del sector. El Real Decreto 249/2023 del 4 de abril facilitó a todos ellos cometer el fraude de comprar sin IVA (impuesto sobre el valor añadido) dentro del depósito para vender con IVA fuera de este. El dinero recaudado por la venta del combustible a las gasolineras principalmente no se liquidaba al trimestre, cuando Hacienda lo solicitaba. A finales de ese año, el Ministerio de Transición Ecológica lo corrigió.